Febrero 2014

CONTEXTO DE LA RECUPERACION DEMOCRATICA EN LA ARGENTINA

-Condicionamientos a la Presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989)-

Dra. Renee Isabel Mengo*

Introducción

Se cumplieron tres décadas de la recuperación democrática en la República Argentina. Para comprender la importancia, alcances y límites de tan histórico suceso, es oportuno recordar el contexto sobre el cual se volvió a la democracia, representada en la presidencia constitucional de Raúl Ricardo Alfonsín desde 1983 a 1989.

Nadie podía negar que algo importante y trascendente comenzara a nacer. El año 1983 fue el año de la esperanza, el del cambio, y para todos, el año de la democracia.

Tal como había propuesto el Presidente electo en sus actos de campaña, la democracia vino acompañada de la ilusión de que podía resolver todos los problemas sociales: "con la democracia se come, se cura y se educa", prometía Alfonsín. Sin embargo, los 80 fueron años difíciles. Por un lado, corporaciones como los militares cuyos ex comandantes durante la dictadura fueron condenados en el histórico juicio a las Juntas, el Sindicalismo y la Iglesia mostraron una fuerte resistencia a los cambios que la sociedad demandaba. Por otra parte, la economía, acuciada por una deuda externa gigantesca y problemas inflacionarios, atravesó períodos duros. Bajo estas condiciones, Alfonsín se desenvolvió con una oposición creciente que lo fue desgastando.

Este cambio tan profundo en la vida de los argentinos y luego en otros hermanos países, se sustenta en la visión teórica de lo que se llama "las democracias de transición", en donde diversos autores analizan las variables propias, con las que durante los 80 y comienzos de los 90, Latinoamérica decidió volver a la democracia.

La metodología empleada es de carácter exploratorio, ya que se actualizan en forma permanente las investigaciones al respecto y, descriptiva con respecto a los aspectos que se consideran como propios del condicionamiento al primer gobierno de la recuperación democrática en la Argentina en 1983.

Estado de la cuestión

En América Latina, la década de los 80 resurge con una fuerza inusitada una oleada de restauraciones democráticas. En este nuevo escenario, y ante el particular fracaso de la última dictadura militar en la Argentina por su participación en la Guerra de Malvinas (1982), es lo que paradójicamente conduce a la apertura electoral de 1983 y con ello, se inicia la recuperación democrática con la presidencia constitucional de Alfonsín. Para ello es preciso interrogarse ¿en qué consistió la "transición?, a lo que responden diversos autores:

• Pagno (2010) ⁱ, considera que "La Transición Política hace referencia a un conjunto de fenómenos socioeconómicos, políticos e históricos que condicionan el pasaje de un régimen político a otro, es decir a la construcción de un nuevo régimen político. En particular, la transición democrática supone un proceso de cambio cualitativo por el que un régimen autoritario, se convierte en pluralista, sin bien no siempre el desenlace es nítido. Por lo tanto, se hace difícil elaborar una teoría general de las transiciones universalmente válidas, porque lo único casi seguro, es constatar la existencia de diferentes proyectos según los actores en presencia y la presencia condicionante de factores estructurales. Así, una transición es siempre un proceso, no un acto único, en el cual se distinguen 3 fases: -Crisis del autoritarismo -Instalación Democrática –Consolidación. En suma, la transición exige el inicio de un juego democrático y un acuerdo sobre las reglas de juego. El politólogo Manuel Alcántara Sáez (1995, p.205), considera que "si las reglas del juego político no están definidas, resulta obvio que el tiempo en el que se lleva a cabo, es escenario de un indeterminado número de procesos y de reacomodos, que tienen por sujetos a diferentes actores políticos". ⁱⁱ

• Por su parte, Cansino (1994) ⁱⁱⁱ, sostiene que en la teoría del cambio político, por "transición política" suele entenderse el intervalo entre un régimen político y otro, asumiendo por régimen político el conjunto de patrones, explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales; las características de los actores que son admitidos en y excluidos, de este acceso; y los recursos y estrategias que pueden usarse para tener acceso. De esta manera, los momentos de transición están definidos por el cuestionamiento a los arreglos institucionales y a las prácticas políticas; esto es, por la ausencia de consenso hacia ellos y a la lucha, por la definición y establecimiento de unos nuevos.

De acuerdo con la premisa anterior, la transición democrática o transición de un régimen autoritario a uno democrático, es el intervalo durante el cual se pasa de un conjunto de arreglos institucionales y prácticas políticas definidos y controlados discrecionalmente por la élite en el poder, a otro acuerdo en el que la definición y el funcionamiento de las estructuras y prácticas políticas, se someten a la discusión y están garantizadas por la Constitución y respaldadas por la participación ciudadana.

Considerando la naturaleza tan peculiar de los procesos de transición, preferimos concebir a la transición democrática como una dimensión histórica en la que el régimen autoritario de partida, ha perdido algunas de sus características, sin adquirir del todo los nuevos aspectos del régimen democrático de llegada. En ese sentido, la transición democrática es una estructura de ambigüedad política, una interacción entre elementos autoritarios y democráticos, en el que están presentes orientaciones normativas, estilos de acción y valores heterogéneos entre sí. La ambigüedad política en la transición democrática puede observarse en dos niveles: uno de orden estructural, que concierne a las instituciones de ascendencia diversa y a los nuevos lugares de actuación, tanto de los nuevos actores como de los actores del régimen precedente; y un segundo nivel, que concierne a las conductas de los actores respecto a las normas, valores, programas, ideologías, etcétera.

Cabe señalar que la ambigüedad política no es entendida aquí como una propiedad exclusiva de las transiciones en general o de las transiciones democráticas en particular, pues todo sistema político presenta situaciones de conflicto y ambivalencia, y los actores políticos no siguen necesariamente un patrón preestablecido de acción. Con todo, la ambigüedad es el aspecto de mayor evidencia en una transición, por cuanto se trata de una fase que muestra múltiples e inciertas alternativas y en la que la nueva sociedad no se ha perfilado plenamente. Se trata de un momento que presenta, al mismo tiempo, elementos de pre institucionalización y de desinstitucionalización; es decir, muestra, respectivamente, instituciones y procedimientos democráticos que no han logrado legitimarse y afirmarse plenamente, junto con instituciones y prácticas autoritarias en franco proceso de deslegitimación y desestabilización.

En síntesis, se propone concebir a la transición democrática no sólo como una etapa de pos autoritarismo o de pre democracia, sino como a una situación en la que surgen nuevas características, algunas de poca duración y otras para su consolidación en el futuro. Una situación en la que una parte del régimen autoritario se disuelve mientras otra se traslada al nuevo régimen; una situación, finalmente, en la que nacen parte de la nueva democracia y parte de los desafíos que deberá resolver.

La diversidad de categorías y variables que contiene el concepto de "transición democrática" es lo que permite plantear en otros autores los tipos de transición democrática, autores como Dahl (1993) y Stepan (1988) ^iv, coinciden en señalar las siguientes: a) las transiciones conducidas por fuerzas externas (intervenciones extranjeras, conquistas, guerras, etcétera); b) las que son resultado de intervenciones violentas por parte de ciertas fuerzas sociopolíticas internas (revoluciones, guerras civiles, golpes de Estado, etcétera) y ésta es la que se adecua al período de análisis; c) las continuas o evolutivas, iniciadas por una crisis interna del régimen político.

De estos tipos de transición democrática, las continuas son las más frecuentes. Existe consenso entre varios autores en que éstas se originan dentro de una crisis interna de los regímenes autoritarios. Esta crisis está marcada por una ruptura del consenso entre los actores que controlan o apoyan las decisiones políticas. En términos de O’Donnell y Schmitter (1988, p. 19) ^v, la ruptura está ligada a la emergencia de contradicciones entre los conservadores o "duros" y los reformistas o "blandos". Para los mismos autores, la emergencia de estos conflictos resulta de una modificación en los cálculos y estrategias de un cierto número de actores, los cuales en un momento dado, deben juzgar si sus intereses pueden ser mejor conservados manteniéndose el régimen autoritario o mediante una democratización. Como quiera que sea, ello implica que, en buena medida, la transición a la democracia es controlada más por el Estado que por las fuerzas de la sociedad civil, o que las reformas adoptadas durante las transiciones fueron, en los hechos, más o menos controladas "desde arriba". Por lo que respecta al tipo de compromisos o negociaciones que dan pie a la democratización, por lo general éstos ocurren entre los actores más moderados, tanto del régimen como de la oposición. Esta fase de negociación es calificada por O’Donnell y Schmitter como la de institucionalización, que denota el reconocimiento efectivo (evidenciado en la forma de leyes constitucionales) y la aceptación de las nuevas reglas y procedimientos por la mayoría de los grupos de interés.

Las transiciones democráticas pueden ir acompañadas de un mayor o menor grado de tensión o conflictividad, y pueden ser rápidas o lentas. Dependiendo de estos factores, pueden ser continuas o discontinuas. Por lo general, las continuas son procesos en los que se verifica el pasaje entre formas profundamente diversas de organización institucional de una comunidad política, en tiempos más bien concentrados y de manera pacífica. Las discontinuas, por su parte, son procesos de cambio incrementales que también pueden ser profundos, pero que sólo se concretan en el largo plazo y presentan un mayor grado de tensión o conflictividad.

Asimismo, el carácter continuo o discontinuo de una transición democrática influye, sobre todo, en la determinación del mayor o menor protagonismo de los distintos actores inmersos en el proceso. Así, mientras que en las transiciones continuas se espera una mayor intervención de los actores identificados con el régimen de partida, en las transiciones discontinuas es mucho más relevante el protagonismo de los actores emergentes y, en general, de los identificados con la transformación del ordenamiento institucional.

Condicionamientos

Los conceptos precedentes nos permiten analizar los condicionamientos en la "Recuperación Democrática" tanto en el orden externo como en el interno, por las que atravesó la presidencia de Alfonsín, hasta debilitarlo políticamente.

1. La situación externa

La década de 1980 se desenvolvió como la última de la "Guerra Fría" con el protagonismo internacional de dos actores principales desde una posición muy conservadora: La Primer ministro británica Margaret Thatcher y el Presidente norteamericano Ronald Reagan. Sus respectivas políticas coincidieron en el orden político y económico como base del neoliberalismo que se impondrá luego de la implosión soviética. Esas posturas muy cerradas para la época de su protagonismo, fueron factores condicionantes con respecto al cambio que se estaba viviendo en América Latina.

Fue precisamente en ese momento cuando se generó una inestabilidad en la economía internacional. Los países desarrollados reestructuraron su economía para hacerlas más competitiva y por el aumento de las tasas de interés hizo que no entraran más capitales a los países del Tercer Mundo; en cambio hubo transferencia de capitales por intereses de la deuda de países pobres hacia los ricos, haciendo que los primeros no pueden conseguir las divisas para pagar. El Fondo Monetario Internacional daba préstamos a países endeudados para que pudieran alcanzar el crecimiento y pagar la deuda. Pero monitoreaba a los países que recibían los préstamos para controlar el cumplimiento de sus pagos. Esa incertidumbre constante, limitó el crecimiento de América Latina.

Como observa Pereira dos Santos (1986, p.100) con palabras sencillas pero pertinentes, la propia posmodernidad tiene su derecho pero también su envés: La riqueza postindustrial es en gran parte financiada por los países en vías de desarrollo, puesto que el capitalismo avanzado se ha vuelto transnacional. Vienen para acá las industrias pesadas y sucias (acero, automóviles); permanecen allá las ligeras y limpias (electrónica, comunicaciones). Su control social puede ser soft (blando, mediante la seducción), pero el nuestro tiene que ser hard (moderno, duro, policial, a base de garrotazos).

En este marco se desarrolla la crisis económica de América Latina, paradigmáticamente expresada en el voluminoso endeudamiento externo que ahogaba a todos los países en esa década. Un pre informe de la CEPAL sobre el panorama económico de América Latina en 1987, prevé que el producto interno bruto de la región crecerá a un ritmo significativamente inferior al de 1986 y que, "en todo caso, las tasas de crecimiento (de la mayoría de los países del área) aparentemente convergerán a niveles moderados, si no mediocres" ^vi.

El retorno de la democracia, si bien cerró el ciclo de la persecución política y normalizó las libertades civiles y políticas, agudizó la violación de los derechos a una vida digna por los compromisos de pago de los Estados en relación a las deudas externas de cada uno de ellos, justo en el despegue de la nueva etapa. Este aspecto, condicionó en alto grado a las recientes recuperadas democracias, impactándolas en no poder pasar al nivel de consolidación de las mismas.

2. La situación interna

Si nos interrogásemos como triunfó el radicalismo el 30 de octubre de 1983, la respuesta la hallamos al entender que los posicionamientos políticos de Alfonsín en este convulso período levantaron miradas de sospecha en algunos sectores políticos, que le acusaron de restablecer la vieja contraposición peronismo-antiperonismo. A cambio, le granjearon simpatías y apoyos en una franja de independientes de la clase media, entre los jóvenes e incluso en sectores de un peronismo de complicada definición ideológica que temían la sustitución, sin solución de continuidad, del poder militar por el "poder sindical". En un sentido general, sus planteamientos originales y su condición de quincuagenario hicieron brillar a Alfonsín en un panorama político caracterizado por la senectud de los caudillos tradicionales y la inercia de los viejos mensajes y retóricas, llegándose a llamar alfonsinistas, y no meramente simpatizantes radicales, a los partidarios del carismático abogado y político.

De puertas adentro en la UCR y a diferencia del Partido Justicialista (PJ), falto de un líder indiscutible, Alfonsín consiguió aglutinar a todas las tendencias en torno a su programa de defensa de las libertades cívicas y de restauración democrática sin cortapisas. El 30 de julio de 1983, la Convención Nacional de la UCR se decantó por Alfonsín, por delante de los líderes de la línea balbinista Juan Carlos Pugliese y Antonio Tróccoli, para presidir el Comité Nacional del partido en sustitución del entrerriano Carlos Raúl Contín y además representarlo, con Víctor Hipólito Martínez, como compañero de fórmula en las elecciones presidenciales del 30 de octubre.

En su cierre de campaña, Raúl Alfonsín logró reunir a un millón de personas en la la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. El domingo 30 de octubre de 1983 se consumó la restauración democrática con la elección de Raúl Alfonsín como el primer presidente civil después de la más cruenta y sangrienta experiencia militar del siglo pasado.

La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores y organizaciones, entre ellos, los partidos políticos tradicionales, sectores del movimiento obrero y organismo de defensa de los derechos humanos, que articularon, progresivamente, la lucha contra la dictadura militar.

Fue el 10 de diciembre de 1983, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando una multitud acompañó al presidente electo Raúl Ricardo Alfonsín desde el Congreso -allí había hablado ante la Asamblea Legislativa- hasta la Casa Rosada, (antes de llegar, desde los balcones del histórico Cabildo, el primer mandatario pronunció un breve discurso ante la nutrida concurrencia, mientras que muchos argentinos escuchaban por radio o seguían los acontecimientos por televisión) para que el presidente de facto Reynaldo Bignone, le entregaría los atributos del mando.

La población estaba atenta a la ceremonia. Era el primer civil elegido presidente a través del voto popular el 30 de octubre de 1983, luego de los casi ocho años de represión y penurias económicas que vivieron amplios sectores de la sociedad argentina.

La expectativa por el retorno al ejercicio de la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos resinificó el valor de la recuperación del ejercicio democrático.

Raúl Alfonsín, fue el arquetipo del político de estirpe tradicional, dueño de una oratoria aguerrida y vibrante. A él le tocó la responsabilidad de liderar el retorno a los carriles de la república democrática después de un largo y oscuro ciclo de violencias y vacíos institucionales. El 30 de octubre, el hombre de Chascomús (Pcia de Bs As), cumplió la proeza de derrotar en las urnas al peronismo, una hazaña que hasta ese momento parecía impensable.

También fue uno de los pocos que se opuso a la Guerra de Malvinas que marcó el principio del fin de la última dictadura militar, lo cual comenzó a cimentar su popularidad: Alfonsín arrasó primero en la interna contra Fernando De la Rua, y el 30 de octubre de 1983 se impuso al candidato peronista Ítalo Luder con el 51,7% de los votos contra el 40% del PJ.

Comprendida la llegada del Alfonsín al poder en 1983, a continuación se detallan, las dificultades de arrastre y nuevas que la recuperada democracia debió enfrentar.

1. El sector militar

Durante la guerra de Malvinas con el Reino Unido, (abril a junio de 1982) provocada por los militares para distraer la atención del público sobre la calamitosa situación económica y las violaciones masivas de los Derechos Humanos, y sin muchas explicaciones al respecto, fue Alfonsín quién exigió a las autoridades información veraz sobre lo que les estaba sucediendo a las tropas y fue uno de los escasos dirigentes políticos que no se adhirió a la ola de fervor nacionalista al atisbar en la ocupación de las islas, históricamente reclamadas por Argentina, una maniobra demagógica y pseudopatriótica de la dictadura. Tras esta malhadada aventura militar, el teniente general Galtieri hubo de cesar como presidente de la República y jefe de la segunda Junta Militar de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Confrontado con el descrédito total de los uniformados y la situación de crisis total que anegaba al país, el nuevo presidente, el general Reynaldo Benito Bignone, dispuso la devolución del poder a los civiles.

En el alba de la democracia, en 1983, era necesario restaurar el estado de derecho tras su ausencia más notable durante el siglo XX. Alfonsín tuvo el mérito de cumplir esa tarea, tras ordenar el primer juicio político a los militares por haber perpetrado un golpe de Estado y por haber condenado a miles de argentinos a la desaparición y la muerte. El enjuiciamiento a la dictadura de los años 70 no concluyó ahí, aunque el presidente radical intentó ponerle un límite con las leyes de obediencia debida y de punto final, y muchos juicios se reabrieron luego cuando apareció el caso no juzgado de los niños robados en cautiverio.

Ni bien comenzó su gobierno, como había prometido en campaña, anuló la auto amnistía dictada por los militares y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a fin de investigar los crímenes cometidos por las tres juntas de la dictadura. En 1984 se publicó Nunca Más, el informe de dicha investigación, y a fines del año siguiente se condenó a cinco mandatarios militares a penas que iban de cuatro años a la reclusión perpetua.

El 13 de diciembre Alfonsín firmó el decreto 158/83 para someter a juicio penal ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres juntas militares, a la sazón los comandantes en jefe de las tres armas en cada momento, por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983. El 22 de diciembre el Congreso, mediante la Ley 23.040, derogó "por inconstitucional" y declaró "insanablemente nula" la vulgarmente calificada ley de autoamnistía, norma de facto promulgada el 23 de marzo por la Junta Militar saliente, para protegerse de una iniciativa como la presente; Alfonsín firmó la Ley 23.040 seis días después. En enero de 1984 otro decreto presidencial dispuso la detención de Ramón Camps, el filonazi ex jefe de la Policía de Buenos Aires y responsable de los centros clandestinos de detención en la provincia.

Lo que fue al comienzo la principal fortaleza de su gestión, terminaría siendo su mayor debilidad. La amenaza de golpe de estado de los militares era constante y lo obligó a firmar la ley de Punto Final, pero no fue suficiente: ante el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, se vio sin apoyo militar alguno, y para evitar una guerra civil debió promover la ley de Obediencia Debida. Fue el "Felices Pascuas" y el comienzo del declive de su gobierno.

2. El sindicalismo

El intento del reordenamiento sindical desde el comienzo de la gestión significó una confrontación muy dura del gobierno con ese poderosos actor social. La explicación radica en que se atacaba directamente la columna vertebral del peronismo, que era el movimiento obrero.

Al respecto, la "ley Mucci" buscaba generar una democratización del sector sindical y también se trataba de una forma de debilitarlo, aunque con una intención de democratización a partir de la incorporación de las minorías, tal como establecía el proyecto de ley. Es interesante el testimonio de César Jaroslavsky, presidente del bloque de Diputados de la UCR, que en sus memorias admite como un error del alfonsinismo el haber confrontado con el peronismo a través de esta ley, y no haber buscado acuerdos para poder democratizar el sindicalismo.

La idea de democratizar consistía poder apartar lo que comúnmente se conoce como "la burocracia sindical". Esos sectores que, en muchos casos, habían colaborado con la dictadura militar y habían tenido fuertes relaciones: (Jorge) Triaca, (Ramón) Baldassini, (Juan) Horvath. Y si bien las intenciones del proyecto impulsado por el ministro (de Trabajo, Antonio Mucci) eran auspiciosas, el corazón era también el desmembramiento de esa columna vertebral del peronismo. De hecho, el radicalismo entabla relación con sectores del peronismo descontentos e intenta sumar a la causa a jóvenes más combativos, como Víctor de Gennaro o (Alberto) Piccinini, y a veteranos como (Andrés) Framini.

El 11 de febrero de 1984, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre la Ley de Reordenamiento Sindical elaborado por el Gobierno. La norma abrió las puertas a la creación de nuevas uniones gremiales, pero puso en pie de guerra al sindicato que lideraban Saúl Ubaldini y Jorge Triaca, quienes suspendieron sus peleas internas y presentaron un frente común contra el Gobierno. El sindicalismo peronista demostró toda su fuerza convirtiendo en papel mojado la Ley de Reordenamiento (el gobierno perdió la votación en el Congreso, por un voto) y forzando la dimisión de su promotor, el ministro de Trabajo Antonio Mucci.

La reacción de la crecientemente hostil CGT y los metalúrgicos del veterano peronista Lorenzo Miguel contra la "economía de guerra" aplicada por el Ejecutivo no se hizo esperar: llamaron a las grandes movilizaciones, principiando una etapa ininterrumpida de huelgas generales, trece en total, y paros, mucho más numerosos, de ámbito sectorial o local. En realidad, las reivindicaciones laborales de la CGT escondían una estrategia de acoso político por parte de un movimiento peronista que en su expresión partidista se hallaba aún deslavazado por las peleas internas y la falta de un líder indiscutible. El 25 de octubre de 1985 Alfonsín declaró el estado de sitio por 60 días ante el aumento de las actividades desestabilizadoras de grupos terroristas de izquierda y de círculos ultras del Ejército y de la extrema derecha civil, donde el Gobierno detectó hasta un plan para asesinar al presidente.

3. La Economía

Cuando Alfonsín ocupó su despacho en la Casa Rosada heredó de los militares un deplorable cuadro económico: el crecimiento era negativo, la inflación crecía a un ritmo del 20% mensual, la deuda externa sobrepasaba los 40.000 millones de dólares y el paro oficioso afectaba al 7% de la población activa. La aplicación de medidas de ajuste y estabilización iba a topar con más dificultades por cuanto que el presidente estaba resuelto a cumplir otra de sus promesas electorales, acabar con el monopolio sindical de hecho que ejercía la peronista Central General de Trabajadores (CGT), la cual se aprestó a librar un duro pulso con el Gobierno para defender su privilegiado estatus y los derechos de los asalariados.

El 10 de junio Alfonsín rechazó en nombre de la "justicia social" las condiciones puestas por el FMI para el reescalonamiento de la deuda, pero luego cambió de postura, de manera que el 30 de septiembre el Gobierno alcanzó con el citado organismo un acuerdo gradualista y el 28 de diciembre tuvo acceso a un crédito de 1.700 millones de dólares. El 3 de septiembre Alfonsín encajó su primera huelga general, convocada por la CGT, en demanda de alzas salariales para compensar el encarecimiento de los precios.

Alfonsín y su nuevo ministro de Economía, Juan Sourrouille, sucesor en febrero de 1985 del primer titular de la cartera, Bernardo Grinspun, basaron sus esperanzas de recuperación en el Plan Austral. Anunciado a la nación el 14 de junio de 1985 y puesto en vigor al día siguiente, el plan introducía una nueva divisa nacional, el austral, en sustitución del peso argentino (el país había conocido otras dos unidades de cuenta desde 1970, el peso moneda nacional y el peso ley). Canjeado a 1.000 pesos la unidad, el austral nacía cotizando con un tipo de cambio fijo de 80 centavos de austral por dólar, lo que suponía una devaluación del 15%.

Asimismo, el plan establecía un elenco de medidas de choque, a caballo entre el liberalismo y el dirigismo para detener la inflación, que entonces crecía a un ritmo del 1% diario: el bloqueo de los salarios, la congelación de los precios al consumo y las tarifas de los servicios públicos, recortes draconianos en los presupuestos y el compromiso gubernamental de que el Banco Central no emitiera moneda para asumir las obligaciones de un Estado hipertrofiado, donde el gasto público total equivalía al 53% del PIB (que en un 40% era, a su vez, aportado por el sector público). El premio del FMI a la aplicación de sus recetas fue el anuncio del reescalonamiento, el 27 de agosto, del pago de la deuda externa que vencía aquel año y la concesión de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares.

A pesar la crispación social, en las elecciones legislativas del 2 de noviembre de 1985 la UCR reforzó, con el 43% de los votos, su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados manteniendo intacto el número de escaños, 128, ya que el PJ disminuyó su representación hasta los 101. El partido del presidente fue el más votado en 17 de las 23 provincias y, por supuesto, lo hizo con amplitud en su baluarte por excelencia, la Capital Federal. Estos resultados daban a entender que, con todo, buena parte del electorado seguía confiando en la capacidad de Alfonsín, cuya honestidad y dedicación eran ampliamente reconocidos.

No obstante, en la primavera de 1986 el Plan Austral ya dio muestras de agotamiento. A partir de marzo, cuando la tasa cayó al mínimo del 2% mensual, la inflación volvió a las andadas mientras que la recesión, que ya duraba un lustro, tenía toda la traza de agravarse. Además, el austral comenzó a desvalorizarse fuertemente con respecto al dólar en el mercado de cambio. El único dato positivo era el superávit comercial, posibilitado, ahora bien, por la caída de las importaciones en un país medio paralizado. La menor necesidad de comprar en el exterior permitió al Estado destinar más recursos a aflojar un poco el dogal de los compromisos financieros.

El Plan Primavera fue un último esfuerzo que terminó hundido entre la hiperinflación, la corrida contra el dólar, el aumento de la pobreza y los saqueos. Las elecciones presidenciales se adelantaron al 14 de mayo de 1989 y Alfonsín renunció antes de tiempo, el 9 de julio en el traspaso del poder central.

Sin embargo, fue la economía que terminó de sepultar a Alfonsín. Los buenos comienzos del Plan Austral quedaron opacados por la creciente inflación y la falta de fondos estatales. La oposición del peronismo y del propio radicalismo le impidió emprender las privatizaciones que luego se harían en los '90.

Por otra parte, el 15 de abril de 1986, Alfonsín sorprendió a propios y extraños con el anuncio de un ambicioso proyecto para reformar la Constitución y fundar una "Segunda República", que pasaba por la creación de la figura del primer ministro, la introducción del segundo mandato presidencial consecutivo, una profunda descentralización administrativa y el traslado de la Capital Federal al conurbano rionegrino-bonaerense de Viedma-Carmen de Patagones, 960 km al sur de la ciudad de Buenos Aires, una megalópolis saturada de concentración y burocracia. La operación, bautizada como Proyecto Patagonia, planteaba enormes complicaciones logísticas y económicas, pero su artífice la consideraba factible si se acometía con "imaginación y coraje". El neo federalismo de Alfonsín fue acogido con frialdad u hostilidad por la opinión pública, que habló de cortina de humo del presidente o, cuando menos, de propuesta inoportuna.

Pero la dura realidad del país se encargó de echar por tierra los proyectos alfonsinistas. 1986 terminó con una inflación acumulada del 82% y 1987 iba a registrar una tasa del 175%. En junio del segundo año, después de presentar en marzo una versión actualizada que el público dio en llamar el australito, el Gobierno declaró oficialmente fenecido al Plan Austral (aunque la moneda que le había dado nombre siguió funcionando) y al mes siguiente anunció, de conformidad con el FMI a cambio de otro crédito de contingencia o stand-by, un nuevo paquete de medidas contra la inflación y el déficit en las cuentas externas e internas, con rígidas pautas en lo referente a salarios, impuestos, tarifas de servicios públicos y tipo oficial de cambio del dólar.

El empeoramiento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, el acoso sin tregua de los sindicatos mayoritarios, que despreciaron la oferta gubernamental de concertación, y la sensación final de debilidad ante los díscolos del Ejército pasaron factura al oficialismo en las elecciones del 6 de septiembre de 1987: en los comicios a diputados nacionales, la UCR cayó al 37,3% frente al 41,5% cosechado por el PJ, aunque retuvo una mayoría simple de 114 escaños. En los comicios a los gobiernos provinciales, el revés fue más aparatoso, pues el radicalismo sólo ganó, y muy ajustadamente, en Córdoba y Río Negro. En la práctica, la reserva de votos de la UCR quedó limitada a la Capital Federal.

La derrota electoral de 1987 suspendió sine díe las ambiciones reformistas constitucionales de Alfonsín, que tuvo que concentrarse en domeñar a los oficiales levantiscos y capear la borrasca económica. En 1988 la recesión entró en su sexto ejercicio consecutivo y el Gobierno lanzó el Plan Primavera de estabilización, centrado en atenuar el déficit público, del 9% del PIB, y traducido en fuertes subidas de los precios de los combustibles y los servicios públicos. En la calle reinaban la desconfianza y la ansiedad, y muchos de quienes podían hacerlo, fundamentalmente profesionales cualificados, emigraron al extranjero para no verse arrastrados a la pobreza. El ENTECAP, y con él el Proyecto Patagonia y Capital, quedó paralizado por falta de fondos.

Pese a los exiguos márgenes con que contaba, Alfonsín no descuidó el capítulo social a lo largo del sexenio, siendo las actuaciones más destacadas el Plan Nacional de Alfabetización, premiado por la UNESCO, y el Plan Alimentario Nacional, que creó un modelo imitado por otros países latinoamericanos. Por otra parte, el ideario progresista y laico de la UCR tuvo una expresión en la Ley de divorcio vincular, aprobada el 3 de junio de 1987, con la fuerte oposición del episcopado católico, por otro lado alineado con los militares durante la dictadura.

^vii

4. La deuda externa

En diciembre del 1983, Argentina arrancó un nuevo ciclo democrático pero arrastrando la pesada carga de la deuda pública.

En un mundo donde no se cortaba el crédito internacional a gobiernos de facto, Latinoamérica en su conjunto tomaba generosos préstamos a nombre del Estado. Argentina lideró el frenético endeudamiento al Estado que incluso llegó a estatizar la deuda externa privada en 1982.

Para cuando Raúl Alfonsín asumió la Presidencia en diciembre de 1983, la deuda pública era del 46,6% del PBI, contra el 13,8% del PBI que alcanzó previo al golpe de Estado del 1976. Ambos datos son del FMI ^viii.

Sobre endeudado, la suba de tasas de interés en los Estados Unidos junto a los menores precios de los commodities, llevó al default a México en 1982 y luego a los demás países de Latinoamérica.

Si bien en la década de los 80 se negocia parte de la deuda externa, fue recién con el Plan Brady de los Estados Unidos, a principios de los 90, cuando retornó el crédito externo a la región.

El plan Brady consistió en convertir los préstamos en default en nuevos bonos, que luego los bancos americanos lograron vender al mercado y limpiar sus expuestos balances a riesgo latinoamericano. Por supuesto, dado que la operación se realizaba con gobiernos democráticos, se terminó por legitimar la deuda externa contraída por dictaduras.

A la par con las privatizaciones, que en Argentina culminó con la venta de YPF por cerca de u$s 15 mil millones en diversas etapas, en los 90 comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento del Estado nacional. Entre 1993 y 2001, la deuda pública aumentó en 128%, al pasar de 63 mil a 144 mil millones de dólares, previo al anuncio del default. El ‘corralón’ y la necesidad de compensar a bancos por pesificación asimétrica, llevó la deuda a un récord de 191 mil millones de dólares para 2004.

La deuda externa fue una mochila con que nació la democracia y que sin duda empeoró la convertibilidad. Recién en estos últimos años pasó a ser un bolso de mano. El desendeudamiento ya es una realidad y transformó lo que antes era una debilidad, en una fortaleza

Los infortunios del último año en la Presidencia

La frustrada acción del coronel Seineldín en diciembre de 1988 fue el último levantamiento de elementos carapintadas, pero en el año final de su mandato, Alfonsín, acosado desde múltiples flancos, perdió las riendas del país. El 23 de enero de 1989, un comando de civiles que se identificó como perteneciente al hasta entonces desconocido Movimiento Todos por la Patria y que las autoridades calificaron de "ultraizquierdista", ocupó el acuartelamiento de La Tablada, sede del III Regimiento de Infantería Mecanizada, en el conurbano bonaerense; cuatro días después, las tropas del Gobierno asaltaron el recinto y los tiroteos ocasionaron 39 muertos. La matanza dejó en el aire muchas preguntas sobre los móviles y las conexiones de la acción terrorista.

La conmoción por el baño de sangre en La Tablada se sumó a la angustia general por la espiral inflacionista, que mes tras mes sumaba dos, y luego hasta tres dígitos, a la tasa acumulada. El Plan Primavera fracasó a su vez por el alza incontrolada de los tipos de interés, la depreciación del austral y el agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar sostener frente al dólar a la malhadada moneda nacional, que fue devaluada el 6 de febrero. A últimos de marzo cayó el ministro Sourrouille en Economía; su sustituto, Juan Carlos Pugliese, duró menos de dos meses en el cargo. El desprestigio del oficialismo auguraba un castigo en las urnas y, efectivamente, en las elecciones generales del 14 de mayo de 1989, le entregó el poder al peronismo.

La dramática caída del poder adquisitivo de los ciudadanos por el alza desorbitada de los precios desembocó el 26 de mayo en un estallido social en Rosario que se extendió rápidamente a las principales ciudades del país. Los saqueos de establecimientos y la intervención de las fuerzas del orden provocaron 14 muertos hasta el 29 de mayo. Aquel día, Alfonsín, desbordado por los acontecimientos, declaró el estado de sitio por un mes y el 12 de junio anunció la cesión anticipada de la Presidencia a su sucesor.

De esta manera, el 8 de julio de 1989, con cinco meses de antelación, Alfonsín hacía entrega de la banda presidencial. En sentido estricto, no consiguió terminar su mandato, con lo que el registro del radical Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928) siguió invicto en lo referente a un presidente civil, si bien después de él, Alfonsín fue el siguiente presidente elegido por el pueblo que traspasó el mando a otro vencedor en comicios libres. Alfonsín fue también el primer mandatario desde 1916 en entregar el poder a un candidato electo de distinto partido.

El 10 de diciembre del año 2003, en una entrevista que le hiciera la BBC ^ix, el ex Presidente se sinceraba así:

Yo arranqué, con aciertos y errores.

Todo ha sido difícil. Hemos tenido retrocesos. Yo no pude hacer todo lo que quería porque la crisis no me dejó. Los años 80 fueron tremendos desde el punto de vista económico.

Teníamos que enfrentar muchos problemas. Ningún país ha enfrentado la cuestión militar como lo hicimos nosotros.

El problema de la modernización de la sociedad, la ley de divorcio que me trajo algunos problemas con sectores de la Iglesia.

El problema del hambre. Nosotros le tuvimos que dar alimentos complementarios a 15.000.000 de personas con el Programa Alimentario Nacional (PAN).

Después vino la época de hiperinflación, que fue un golpe de mercado muy fuerte, y finalmente entregué un gobierno tal como me lo pedía el presidente electo y los partidos que lo apoyaban, junto con los sindicalistas.

Así que me fui como unos cinco meses antes.

Luego vino el neoliberalismo con todas sus fuerzas, ya que al dejarme en esa situación, era ideal para cambiar de sistema. El nuevo sistema le hizo ver al pueblo espejitos de colores y así pagamos el precio cuando todo explotó.

Pero llevé adelante en educación un plan de alfabetización muy importante, que incluso recibió un premio de la UNESCO.

Y una de las cosas peores tal vez sea lo mejor, yo no me moví de mis convicciones. No aflojé mis ideas y mis principios.

Tal vez si hubiera tenido un poco más de cintura o flexibilidad hubiera podido resolver algunos otros problemas.

Con respecto a las leyes de "Obediencia debida y punto final" expreso: Fue la única forma que tenía de encarar el problema. Yo dije en su momento que lo hacía con desagrado. Yo creo que en Argentina hicimos lo que no se hizo en ningún otra parte del mundo con el problema militar.

Conclusión

Recuperar la Democracia, vivir en República, institucionalizarla, enfrentando las presiones internas y externas, fue mucho para un solo periodo de gobierno, de allí también los desaciertos provocados.

Más allá del resultado de las urnas, el poder con el que asumió Alfonsín era muy recortado. La corporación militar era fuerte aún, los sectores golpistas medían cuáles serían los primeros pasos de Alfonsín y estaban al acecho. De hecho, en los primeros meses de gobierno se ven intentos de erosión del gobierno en distintos diarios y revistas, como Somos, Ámbito Financiero, La Prensa, La Nueva Provincia, Cabildo. Alfonsín asume con una cuota de poder reducida –sobre todo cuando atacaba determinados intereses– y, tal vez, con el optimismo que transmitió durante la campaña.

La limitación de su poder convivió con la idea del ensanchamiento de las bases de lo que era el propio alfonsinismo, entroncada con el intento de conformación de un tercer movimiento histórico. Hubo una estrategia que se reflejó durante la campaña electoral y que, luego en el gabinete, quedará reflejada en ese arco a izquierda y derecha de lo que será el alfonsinismo.

El liderazgo nacional de Alfonsín, como nadie ignora, tuvo corta vida. Se desplomó cuando entró en crisis en el mundo, el modelo estatista propio de la "economía de bienestar", que había imperado durante medio siglo. En nuestro país, la señal inequívoca de ese colapso fue la hiperinflación.

Su presidencia restauró la democracia en Argentina, y también acabó con el aislamiento exterior y atrajo muchas simpatías internacionales, materializadas en generosos aportes económicos y financieros. Pero en todo el sexenio, el país no había conocido el crecimiento positivo; la deuda externa no había dejado de crecer y los salarios habían ido hacia abajo con respecto a la referencia del anterior período democrático, el trienio 1973-1976. Legando al sucesor, una recesión del 6% del PIB, una deuda externa de 63.000 millones de dólares y una hiperinflación rayana en el 5.000% anual, la actuación económica de Alfonsín y su equipo se saldaba con un período negativo.

Alfonsín, que entre 1983 y 1985 había conducido con altivez y prestancia el tránsito a la democracia, no era el líder adecuado para presidir esa otra transición que hacia 1987 alboreaba ya en el horizonte mundial: el paso al neoliberalismo. El nuevo desafío requería políticos de otra estirpe: más abiertos al pragmatismo, más distendidos, capaces -incluso- de sacarse de encima, los viejos paradigmas del populismo vernáculo, en cuyas fuentes habían abrevado durante tanto tiempo radicales y peronistas.

30 años de aquella histórica recuperación, es un tiempo justo para realizar el balance correspondiente. La construcción de la democracia comenzó el 10 de diciembre de 1983 y aún continúa. Porque para su consolidación y profundización, es necesario el aporte cotidiano de todos y cada uno de los argentinos.

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(*) Renee Isabel Mengo
Docente Adjunta en la Cátedra de Historia Social Contemporánea de la E.C.I- U.N. Córdoba-Argentina.
Docente Adjunta por concurso en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional







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