Hacia una administración regional de nuestros bienes comunes: Procesos de integración y conflictos ambientales en América Latina

Concretamente, el objetivo se dirige hacia el análisis del MERCOSUR, UNASUR, ALBA y CAN en tanto instituciones suprarregionales, encargadas de regular la los conflictos ambientales, que, configuran la ecología política regional: “el campo de la ecología política (…) es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura se resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado”. (Leff, 2006)

Precisamente, la intención de con jugar dos marcos teóricos, a nuestro juicio susceptibles de complementarse, esto es, el regionalismo autónomo y el pensamiento ambiental latinoamericano voz principal de la ecología política latinoamericana, nos lleva al intento de explicar desde la sinergia de sus concepciones regionalistas, cuyo primer premisa se basaría en la inescindibilidad de los procesos de integración respecto del tratamiento de los conflictos ambientales regionales.

El trabajo se estructura en base a una introducción sobre los procesos de regionalización que se vienen dando a nivel global desde los ´90, poniendo especial énfasis en la integración regional actual caracterizada por el denominado regionalismo autónomo, concepción superadora del regionalismo abierto que marcó a fuego al mundo y especialmente a nuestra espacio regional, Señalamos ésa década pues a la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el ascenso hegemónico absoluto norteamericano, Consenso de Washington mediante, define con claridad las reglas iniciales de la posguerra fría, donde la conformación de espacios regionales con objetivos eminentemente económicos-comerciales se convirtieron en la impronta de esos años.

Como se ha señalado, “América Latina, y particularmente América del Sur, vive importantes procesos de integración regional que buscan promover una integración y unidad de largo plazo y de carácter multidimensional: económico, político, cultural, educacional, de infraestructura, etc. En este contexto, se retoma el debate sobre el desarrollo como proyecto regional. Temas claves como soberanía, recursos naturales e hidro-energéticos, preservación de la biodiversidad y los recursos bio-genéticos, la Amazonía como área de preservación y de disputa, se colocan en el centro del debate político. La lucha por la soberanía de los recursos naturales y el surgimiento de una nueva conciencia ecológica se han convertido en elementos profundamente movilizadores y dinamizadores de los procesos sociales y políticos en nuestro continente. El surgimiento de nuevas visiones teóricas y nuevas prácticas políticas producen también una nueva concepción de la integración regional, encarándola como un proceso más profundo, que coloca como elemento central el principio de la soberanía como el derecho de los Estados y los pueblos a la gestión de sus territorios y de los recursos naturales que estos abrigan” (Bruckmann, 2012).

Hoy, no sólo la región se pone a prueba como artífice de su propio destino en tanto proyecto histórico obturado y sesgado por el modo de inserción en el sistema mundial capitalista sino también como vigía del Sur a fin de preservar el futuro a partir de la resolución de los conflictos ambientales en favor de los pueblos, y no, como en el pasado (¿presente?) donde los recursos, cual mercantilización de la vida misma, encajaban perfectamente en la decimonónica división internacional del trabajo bajo la solícita complicidad de las élites locales. La encrucijada histórica a la que asistimos, impone la agudización del pensamiento a los efectos de que una vez, y tan sólo una, sean las mayorías las beneficiarias de la gestión política nacional y regional. La síntesis dialéctica de la hora indica que la integración regional es un proceso tanto ineluctable como refundacional y por lo tanto, inseparable de la resolución de los conflictos ambientales cuales bienes comunes de la región.

No sólo sigue con total vigencia tal descripción sino que, dichas tendencias se han profundizado: la razón instrumental científica capitalista subordina sin disimulos la denominada Investigación & Desarrollo a la razón política y a las necesidades de las mayorías, sobre todo en el Sur Global, donde la brecha con el Norte continúa alimentando las ignominiosas estadísticas comparativamente ofensivas; en medio de la crisis global desde 2008 iniciada con la caída de las hipotecas basura en los Estados Unidos y luego atravesando el viejo mundo al desplomarse el mercado especulativo inmobiliario español, se han generado respuestas defensivas.

- y desde la regionalidad de América Latina, vienen proliferando, más aún desde América del Sur, esquemas y espacios de integración propios del deseo colectivo de encontrar a través de un proyecto político común un destino común sustentado en su historia, su cultura y su identidad largamente sintetizada; también emerge un contexto marcado por los procesos de regionalización defensiva ante la crisis global.

Bernal Meza sostiene que “la regionalización es un concepto cuya utilización se ha extendido en la medida que ella aparece, en forma cada vez más creciente, como un fenómeno que acompaña a la mundialización desde un proceso que tiende a fragmentarla, y que se basa en la idea de que la economía mundial se está concentrando en núcleos regionales, centrados en torno a un núcleo más dinámico, de carácter nacional o Estado-nacional, que es el generador clave, estratégico, de los flujos de comercio, inversión y tecnología, en dirección al racimo de países que componen su entorno de economías integradas”

Y prosigue señalando que “políticamente, la regionalización expresa el tránsito de las “nuevas lealtades”. Es el paso de un sistema internacional de Estados con diversos grados de autonomía en la formulación y aplicación de políticas internas y externas, a un nuevo sistema más amplio que cada uno de ellos. A través de los bloques y esquemas regionales, la regulación económico-social está transitando desde los Estados-nacionales a las regiones y bloques, transfiriendo a éstos la autonomía de la política, que antes era puramente estatal y cuyo mejor ejemplo hoy lo constituye la Unión Europea. Al constituir parte fundamental de la configuración relativamente reciente de la economía política mundial –y que ha adquirido mayor relevancia a partir del fin de la guerra fría, la regionalización representa una fuerza central en la transformación actual del sistema social mundial”

Estos espacios emergentes, denominados regionalismo, encuentran su explicación téorica desde la palabra, nuevamente de Bernal Meza, que señala que “hablar de regionalismo significa referirse, al menos, a tres cosas, no necesariamente coincidentes, aunque es posible que sean compatibles: 1) en términos de “relaciones internacionales”, implica la creación, expansión o integración -de o- a un subsistema; 2) si nos referimos a la “economía política”, regionalismo implica algún grado de integración económico-comercial dentro de un área geográfica común -contigua o determinada- o al mundo; 3) si nos referimos a la “política exterior”, puede hacer referencia a un paradigma que sostiene elementos de una determinada política externa, de carácter Estado-nacional o común, o armonizada (aun cuando la experiencia de la Unión Europea ilustra cuán difícil es avanzar en tal armonización, incluso en un proyecto regional ya maduro y, en algunos aspectos, muy avanzado; un problema que ya se advertía hace una década2).”

Entendemos que la región oscila en el marco de una febril diplomacia caracterizada por la afinidad política ideológica de la mayoría de los gobiernos progresistas y la construcción de proyectos ambiciosos aunque tal vez, jamás con la potencialidad y las posibilidades de concreción como los que fueron emergiendo en la última década: la UNASUR, el Banco del Sur, el ALBA, la CELAC, dan prueba del deseo, por un lado y de la conveniencia política por el otro de trascender un destino común latinoamericano; no obstante, la ralentización de los mismos motivadas por las fuerzas conservadoras del subcontinente aparece no sólo como oposición en si misma sino también como propuesta, como es el caso de la Alianza del Pacífico integrada por Chile, Perú, Colombia y México.

“A escala regional, se acumula una multitud de estructuras distintas. Tienen en común su voluntad de autonomía frente a Washington. Bajo la égida de la UNASUR, organización intergubernamental creada en 2008 por desconfianza respecto de la OEA, los Estados del subcontinente latinoamericano coordinan sus iniciativas diversificando el comercio regional, particularmente con China y reforzando los proyectos de integración. La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en diciembre de 2011 en Caracas, consagró la formación de un bloque regional compuesto por 33 Estados latinoamericanos, es decir, unos 450 millones de habitantes. Ni Estados Unidos, ni Canadá ni España son miembros (…) La organización funciona por consenso a pesar de las numerosas diferencias económicas y política” (La izquierda latinoamericana al poder- IV Atlas de Le Monde, 2012; 186).

Luego, la concepción o marco teórico del trabajo se centra en el denominado regionalismo autónomo, definido como aquella “propuesta alternativa de integración regional basada en la complementación productiva, la articulación entre regiones, la recuperación de la autonomía, y un reenfoque de los objetivos del desarrollo hacia las necesidades y demandas nacionales y regionales. Esta concepción entiende que en las actuales condiciones, cualquier intento de desarrollo alternativo sólo es posible si se realiza en una perspectiva regional con el concurso de otros países. Es una propuesta que va más allá de los acuerdos meramente comerciales, y apuesta a la incorporación de las cuestiones políticas, sociales y ambientales. A su vez, se reposiciona el desarrollo a partir de metas socioambientales ya que será necesario implementar tanto reformas productivas como políticas para poder llevar adelante los cambios. Los aspectos básicos del concepto son los siguientes: 1) la perspectiva biorregional, 2) la complementariedad ecológica y productiva, 3) las Opciones productivas y comerciales., 4) Autonomía y globalización y 5) la Dimensión política” (Gudynas y Buonomo, 2007, 161)

La elección del mismo responde a la perentoriedad de comprender que la integración regional, hoy, implica la regulación de los conflictos ambientales: no habrá genuina integración si no son arbitrados los mecanismos supranacionales, con todo el poder decisor de los Estados Nacionales y en consulta constante con la sociedad civil. Dicha aseveración responde a la configuración de nuestro espacio como aquel con ventajas comparativas sobresalientes, donde los recursos naturales como las reservas de agua dulce, las materias primas para producir alimentos, los minerales, los combustibles y sobre todo la biodiversidad fundante de los mitos del Edén, nos llevan a pensar en el sentido que que se hace. El rol de los Estados debe orientar la estructura productiva regional hacia horizontes que paulatinamente se alejen del extractivismo, fuente incontrastable de recursos genuinos e inmediatos con los que se procede a la distribución de los mismos.

Este, es paradójicamente, el gran desafío de los gobiernos integracionistas de la región: promover el desarrollo que supere los parámetros clásicos del desarrollismo de los años ’60, y vaya reorientando sus economías más allá del neoextractivismo vigente, buscando acercarse y promoviendo políticas públicas armoniosas con la preservación de los recursos de nuestras biorregiones naturales en función de una nueva concepción del desarrollo.

Como se ha señalado, resulta estratégico para avanzar en un proyecto de sustentabilidad fuerte para la región comenzar a quebrar el denominado consenso de los commodities. “Desde el punto de vista económico y social, la demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China, país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (…)

En segundo lugar, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la dinámica de desposesión6 o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación (…) Por otro lado, la misma expresión «Consenso de los Commodities» conlleva una carga no solo económica sino también político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito, aunque, con el paso de los años, cada vez más explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, dada la conjunción entre la creciente demanda global de bienes primarios y las riquezas existentes, potenciada por la visión «eldoradista » de una América Latina como lugar por excelencia de abundantes recursos naturales. Esta conjunción, que en economía adopta el nombre tradicional de «ventajas comparativas», ha ido cimentando las bases de una ilusión desarrollista que recorre, más allá de las diferencias y los matices, el conjunto de los países latinoamericanos” (Svampa, 2013)

“Así, a contrapelo de la visión dominante, los bienes naturales no son comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, aunque algunos lo tengan–. En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social o cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad y poseen un valor que rebasa cualquier precio” (Svampa, op. cit)

Entendemos a la Integración como aquellos procesos interestatales cuya dimensión política más ostensible es la cesión (parcial) de soberanía; se caracterizarían por su condición dinámica y en constante adaptación en torno de los intereses de los Estados parte, que le estaría confiriendo un sesgo de inestabilidad constante, encontrando el punto de equilibrio en la instancia en exacta en que un Estado se persuade que mínimamente, se beneficia en igual proporción que lo que cede en cuanto a su interés nacional. Ardua y arbitraria tarea la de mensurar esta ecuación, ¿no?

- Un enfoque restringido, que supone la vinculación económico-comercial preferencial entre dos Estados mediante la reducción arancelaria o de otros medidas que impiden la libre circulación de las personas, del capital hasta llegar a una moneda común: es este el esquema de la economía clásica, basado en el principio de la competencia, en la libertad de mercado, definido oportunamente por el economista húngaro Bela Balassa.

- Un enfoque amplio o multidimensional, supone la complementación y la articulación de estrategias conjuntas para el desarrollo, lo que implica las dimensiones políticas, socio-culturales y ambientales entre otras; este enfoque supone una suerte de neokeynesianismo donde los Estados se convierte con mayor o menor grado de intervención en estrategias del desarrollo nacional y regional siendo, la complementación y la solidaridad de los pueblos en función de sus necesidades, el principio articulador.

Para ejemplificar ambos enfoques podemos señalar como un esquema originariamente restringido al Mercosur, a pesar de sus posteriores aggiornamientos vinculados a las demás dimensiones de la integración; respecto del segundo enfoque, la UNASUR aparecería como el arquetipo de este enfoque ampliado donde coexisten las preocupaciones por todas las dimensiones casi en igualdad de jerarquías; pero también y dentro de este último enfoque, aparece el ALBA, ya centrado claramente en el principio de solidaridad de los pueblos y donde la integración se constituye a partir del explícito objetivo de satisfacer las necesidades básicas como así también intentar eliminar las asimetrías estructurales de los Estados en esquemas que se perfilan como poscapitalistas y ya no, mediante la reducción arancelaria, No redunda resaltar que los esquemas basados en la economía clásica como en el neokeynesianismo operan siempre bajo la lógica del sistema capitalista.

Resulta interesante destacar el siguiente análisis del Centro Latinoamericano de Ecología Social: “por lo tanto, América del Sur no coordina posiciones comunes en las negociaciones globales en cambio climático. Tampoco es evidente que se logren consensos a partir de los bloques de integración regionales existentes, como Mercosur o la Comunidad Andina; a su vez, los países sudamericanos se relacionan con otros grupos globales de manera diversa. De hecho todos los países sudamericanos son parte de G77 + China, aunque la coordinación interna en ese gran conglomerado es muy incierta; y luego, distintos países aparecen en diferentes agrupamientos (como son los casos de OPEP y ALBA); además, Ecuador, Surinam y Guyana, son parte de la Coalición de Naciones de Bosque Tropical (CFRN), grupo conformado por países de América Latina, África y Asia que trabajan de manera articulada alrededor de la mitigación y los bosques tropicales.”(Claes, 2010, 17)

“Los procesos de integración regional sufren diversas dificultades, y no logran incorporar de manera efectiva la dimensión ambiental. Esto se observa tanto en el Mercosur como en la Comunidad Andina, y no existen avances en el más reciente espacio de coordinación, Unasur; un ejemplo de esta problemática se observa con el abordaje del conocido conflicto bilateral entre Argentina y Uruguay sobre la instalación de una planta de celulosa en la margen uruguaya del Río Uruguay. Esta disputa no fue tratada adecuadamente en el Mercosur, a pesar que éste posee un acuerdo marco en materia ambiental y compromisos en biodiversidad. Por el contrario, Argentina elevó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (…) Otro espacio de enorme valor para abordar la temática ambiental desde una perspectiva regional es el Tratado de Cooperación Amazónica; en ese caso se repite una situación similar, y su desempeño por momento parece más recostado en encaminar y promover el financiamiento de proyectos que en generar una agenda de conservación amazónica.” (Claes, 2010, 23)

El Sistema multilateral de Comercio está constituido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) siendo su acuerdo principal el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT). Es pertinente destacar que en la OMC los temas ambientales son discutidos y debatido en el Comité de Comercio y Ambiente de la OMC. No obstante, “algunos temas con claras referencias ambientales son considerados en otros espacios de negociación, para ser luego incorporados por la OMC. Por ejemplo, en el caso de las normas sanitarias y fitosanitarias, la OMC reconoce las resoluciones logradas en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC). Esta es un convenio internacional que resulta de un mandato de FAO, que busca prevenir la introducción y propagación de plagas de las plantas y sus productos, donde todos los países considerados en este reporte son miembros. (…) Esta convención establece estándares internacionales para las medidas fitosanitarias, las que a su vez son reconocidas por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC” (Pnuma y Claes, 2008, 96) Y más también:

“Paralelamente a la participación en el espacio de la OMC, los países considerados en el reporte GEO MERCOSUR aprobaron o ratificaron los principales acuerdos, convenciones y tratados internacionales en materia ambiental. Estos convenios, usualmente denominados Acuerdos Multilaterales en Medio Ambiente (AMUMAs), totalizan aproximadamente 250 compromisos, donde muchos de ellos tienen componentes comerciales” (Pnuma y Claes, 2008, 96) , como la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES) , la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, el Protocolo Antártico sobre Protección del Medio Ambiente por citar algunos.

- 2003, creación de la Reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR como órgano político de la cuestión ambiental, donde se destaca entre otros, la aprobación de la estrategia MERCOSUR contra la desertificación, para darle el marco a las políticas nacionales, incluyendo una política regional contra la desertificación, la degradación de la tierra y los efectos de la sequía, fundamentada en el manejo sustentable.

El Acuerdo de Cartagena en el Artículo 1° establece que “el presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” En virtud de lo manifestado en su sitio oficial www.comunidaandina.org la Comunidad Andina ha venido desarrollando a modo de principios orientativos para guiar las políticas comunes respecto de las temáticas ambientales como cambio climático, la biodiversidad y los recursos hídricos entre otros, una herramienta denominada Agenda Ambiental Andina; específicamente y respecto de uno de las temáticas señaladas, se está implementando una Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico andino cuyo objetivo es preservar y usufructuar el patrimonio natural compartido de modo sustentable. En general los proyectos en marcha tienen una doble finalidad: por un lado, se busca conservar al ecosistema andino-amazónico como una unidad, como una biorregión y por el otro, se implementan acciones tendientes a mitigar los efectos del cambio climático.

Ahora bien, todos estos proyectos y herramientas son diseñados a partir de la información recabada y procesada de la Unidad temática que aglutina a toda la problemática ambiental y se denomina Sistema Andino de Información Ambiental a partir del cual “los países que conforman la Comunidad Andina, se han propuesto cooperar alrededor de objetivos comunes para conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad, afrontar los efectos del cambio climático, promover la gestión integrada de recursos hídricos y contribuir con la reducción del riesgo y del impacto que fenómenos naturales y antrópicos puedan producir en la subregión” http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=127&tipo=TE&title=medio-ambiente

“La normativa vigente actualmente es la Estrategia Regional de Biodiversidad de los Países del Trópico Andino , la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres y Estrategia Andina para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Adicionalmente, la Agenda Ambiental Andina 2012 – 2016 aprobada por el Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que constituye un marco de trabajo para el área en los temas de biodiversidad, cambio climático y agua” (idem anterior)

El Tratado constitutivo de la UNASUR, firmado el 23 de Mayo de 2008 en Brasilia, por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, establece la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional cuyo objetivo es “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”

Objetivos Generales: a) El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades de la región. b) La construcción de un sistema económico con equidad, justicia social y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sustentable. Objetivos específicos l) Desarrollar propuestas orientadas hacia las pequeñas y medianas unidades productivas, así como nuevas formas de organización de la producción e iniciativas de desarrollo local. m) Explorar y promover nuevas formas de cooperación con otros bloques regionales, que permitan impulsar el comercio y el desarrollo económico.

Objetivos generales: a) Desarrollar una infraestructura para la integración regional reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), incorporándolos a su marco de trabajo. Objetivos específicos: a) Promover la conectividad de la región a partir de la construcción de redes de infraestructura para su integración física, atendiendo criterios de desarrollo social y económico sustentables, preservando el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas. b) Aumentar las capacidades y potencialidades de la población local y regional a través del desarrollo de la infraestructura con el fin de mejorar su calidad y esperanza de vida.

Objetivo General: Consolidar Suramérica como un espacio de integración en Salud que contribuya a la Salud para Todos y al desarrollo, incorporando e integrando los esfuerzos y logros subregionales de MERCOSUR, ORAS CONHU y OTCA. Objetivos específicos: a) Fortalecimiento de la unidad promoviendo políticas comunes, actividades coordinadas y cooperación entre los países de UNASUR Salud. c) Identificar determinantes sociales críticos para la Salud y propiciar políticas y acciones intersectoriales, tales como: seguridad alimentaria, ambiente saludable, cambio climático y otros. k) Priorizar las acciones de UNASUR Salud en poblaciones vulnerables y excluidas, asimismo en áreas geográficas en alto riesgo (Chaco sudamericano, altiplano, Amazonía, Escudo Guyanés, entre otras).

Objetivos Generales: a) Contribuir al establecimiento de condiciones óptimas para el desarrollo de sociedades más justas, participativas, solidarias y democráticas, y que dinamicen la efectiva unión de los pueblos suramericanos. Objetivos Específicos: a) Contribuir al desarrollo de políticas sociales eficaces en los países miembros de la UNASUR, que tiendan a la consolidación de un desarrollo social integral. b) Promover el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región.

Pregunta elemental e inquisidora: ¿Es compatible la IIRSA con los criterios de desarrollo social y económico sustentables, preservando el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas? Respuesta harto compleja, con argumentaciones abiertas condicionada por el enfoque que se la imprima: si el enfoque es productivista y extractivista, entendemos la inviabilidad de conciliar IIRSA con sustentabilidad, lo que potenciará la dinámica de conflictos ambientales regionales.

Ahora bien, “el 30 de noviembre pasado, la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR aprobó lo que puede ser una de las medidas más trascendentes de los últimos tiempos en nuestra región: la elaboración de una estrategia regional orientada al pleno aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de América del Sur (Bruckmann,2012), dicha estrategia y según la autora deberá implicar la “apropiación de la gestión económica, científica, social y ambiental de los mismos”, basándose en criterios económicos, científicos, sociales y ambientales.

Precisamente, la gestión ambiental en sintonía con esos argumentos deberían reducir a la mínima expresión las consecuencias de la actividad económica y es en este punto donde aparecen las principales debilidades propositivas de la UNASUR que no cuestiona la actividad extractiva ni tampoco, busca salirse genuinamente del paradigma productivista: si bien en el Consejo Economía y Finanzas tiene como objetivos específico la construcción de un sistema económico con equidad, justicia social y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sustentable. Otra vez, ¿es viable este objetivo en el marco del sistema capitalista? ¿De qué modo se puede promover el crecimiento económico respetando el ambiente, las comunidades locales si no es afectando la actividad de las grandes empresas multinacionales cuyo objetivo excluyente es la rentabilidad?

Esta es la premisa que nos lleva a pensar en el consenso de instancias supranacionales capaces de intentar dirimir los conflictos ambientales ineluctable en la subregión como en el mundo, ya que “los principales que corren nuestras sociedades son de orden no-militar (…) agotamiento de recursos naturales” (Ramonet, 2013); coincidimos cuando este proceso es un proceso de “reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente, (…) proceso que no puede ser entendido fuera de un contexto de redefinición de las estructuras de poder hegemónico mundial.(…) indica la constitución de un mundo multipolar” (Bruckmann,2012)

“1. Crear una Comisión de Alto Nivel que responda directamente al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno para abordar el estratégico asunto de los recursos naturales. Esta Comisión estará en coordinación con Comisiones espejo a ser conformadas en cada uno de los países miembros de la UNASUR. 2. Crear Comisiones adscritas a la anterior, para cada uno de los siguientes asuntos: a) El levantamiento de la información relativa a las reservas estimadas y probadas de recursos naturales existentes en la región de UNASUR; b) Un estudio comparado sobre las políticas, legislaciones y esquemas contractuales en el otorgamiento de derechos de explotación de recursos naturales en los países de la Unión así como los puntos de coincidencia que sirvan como un primer paso para la definición de políticas y planes conjuntos; d) Un estudio orientado a la creación de un Servicio Geológico de la UNASUR” (Mercosur ABC, 2013),

Venezuela, Bolivia Cuba, suscriben en La Habana los días 28 y 29 de abril de 2006, el Acuerdo ALBA-TCPL a partir del cual “los países elaborarán un plan estratégico para garantizar la más beneficiosa complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes en los países, ahorro de recursos, ampliación de empleo, acceso a mercados u otra consideración sustentada en una verdadera solidaridad que potencie nuestros pueblos. (…) Los países trabajarán en conjunto, en coordinación con otros países latinoamericanos, para eliminar el analfabetismo en esos países, utilizando métodos de aplicación masiva de probada y rápida eficacia, puestos en práctica exitosamente en la República Bolivariana de Venezuela. (…) Los países acuerdan ejecutar inversiones de interés mutuo que pueden adoptar la forma de empresas públicas, binacionales, mixtas, cooperativas, proyectos de administración conjunta y otras modalidades de asociación que decidan establecer. Se priorizarán las iniciativas que fortalezcan las capacidades de inclusión social, la industrialización de los recursos, la seguridad alimentaria, en el marco del respeto y la preservación del medio ambiente”

“La complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes y la no competencia entre países y producciones, de tal modo que se promueva una especialización productiva eficiente y competitiva que sea compatible con el desarrollo económico equilibrado en cada país (…) la Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos desarrollados en la región, que incluya un Plan Continental contra el Analfabetismo, utilizando modernas tecnologías que ya fueron probadas en Venezuela; un plan latinoamericano de tratamiento gratuito de salud a ciudadanos que carecen de tales servicios (…), acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que protejan el medio ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e impidan la proliferación de patrones de consumo derrochadores y ajenos a las realidades de nuestros pueblos y la Integración energética entre los países de la región, que asegure el suministro estable de productos energéticos en beneficio de las sociedades latinoamericanas y caribeñas”

Observamos que los principios constitutivos del ALBA se fundamentan en la solidaridad y la cooperación antes que en la competencia, en la satisfacción de las necesidades humanas realmente existentes antes que las demandas no urgentes, consumistas, de la sociedad capitalista; el argumento central estaría dado por la búsqueda superadora del sistema capitalista, mediante la creación de aquello denominado grannacional.

Veamos: “el concepto Grannacional puede asimilarse al de Mega Estado, en el sentido de la definición conjunta de grandes líneas de acción política común entre Estados que comparten una misma visión del ejercicio de la Soberanía Nacional y Regional, desarrollando y desplegando cada uno su propia identidad social y política, sin que ello implique en el momento actual la construcción de estructuras supranacionales” (www,alba-tcp.org), de donde se derivan los conceptos prácticos de Proyecto grannacional como de Empresa grannacional: “las Empresas Grannacionales operarán bajo los principios de complementariedad, solidaridad, cooperación, reciprocidad y convivencia armoniosa del hombre con la naturaleza explotando racionalmente los recursos naturales y ejecutando proyectos ambientalmente sustentables, promoviendo condiciones de trabajo digno y redistribución equitativa de las riquezas”

Y continúa “El concepto de Empresas Grannacionales surge en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto, su dinámica económica se orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas garantizando su continuidad y rompiendo con la lógica de la reproducción y acumulación del capital”

En virtud de la concepción fuertemente crítica de la economía liberal de mercado, incluido el matiz keynesiano, el ALBA se propone quebrar la lógica de reproducción y acumulación capitalista orientada exclusivamente hacia la rentabilidad y dirigirla hacia la satisfacción de las necesidades humanas: la propuesta es “la construcción teórica y práctica de una nueva opción capaz de orientar las relaciones económicas y políticas de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas”

Huelga decir que cuando lo que está en juega es el modelo de acumulación y producción y la propuesta superadora del mismo, poco importa la institucionalidad que aplicaría la normativa ambiental a fin de dirimir los conflictos: aquí, estamos hablando de des-mercantilizar la naturaleza, de deconstruir la explotación y propiedad de los recursos naturales al servicio de la rentabilidad capitalista y orientarla, desde el estado, a la satisfacción de las necesidades humanas histórica e inicuamente desplegadas a lo largo y ancho de la historia de nuestra región.

Para comenzar a concluir con las reflexiones del trabajo, nos urge definir la concepción de conflictos ambientales, como aquellas “confrontaciones que ocurren en el espacio público, entre actores colectivos organizados, que mantienen diferentes percepciones, valores o perspectivas sobre el ambiente. En esta definición es clave reconocer que los actores son colectivos y están organizados, y por lo tanto involucra por ejemplo a grupos vecinales u ONGs ambientalistas, pero también a una agencia gubernamental o una empresa. Consecuentemente se excluyen aquellas basadas en individuos actuando aisladamente. El eje del conflicto reside en cuestiones ambientales, tales como posturas diferentes sobre los efectos de los impactos ambientales, la valoración de recursos naturales, etc. Asimismo, estos conflictos discurren en la esfera pública, sea en la prensa, protestas callejeras o tribunales de justicia. Bajo esta conceptualización no todas las disputas bajo contenido ambiental derivan en un conflicto. Asimismo, los conflictos ambientales engloban un abanico de acciones más amplio que la mera protesta” (Gudynas, 2007)

La premisa que nos habilita a reflexionar sobre la imperiosidad de regular de modo supranacional los conflictos y disputas ambientales es que nuestra región posee una estructura natural de características excepcionales, que conlleva a la puja por los mismos, donde los actores principales como los Estados, las empresas multinacionales como la sociedad civil esgrimen e implementan sus intereses y sus necesidades en un ámbito donde, en clave darwiniana, se termina imponiendo el más fuerte.

“La nuestra podría ser, en función de los desarrollos tecnológicos de la industria petrolera, la región que cuente con las mayores reservas petroleras del mundo (…) también tiene grandes reservas de gas, dispone la mitad del total de agua potable del planeta (…) es rica en minerales estratégicos (oro, palta, cobre, zinc, litio, uranio) (…) la biodiversidad que cuenta con algo más del 40% de todas las especies animales y vegetales existentes en el planeta (…) la mitad de las selvas tropicales del planeta, un tercio de todos los mamíferos, el 41% de sus pájaros y la mitad de sus plantas (…) los Andes son el hogar del 90% de glaciares tropicales” (Borón, 2012, 70,71,72,73).

Dada la prodigalidad de la naturaleza con nuestra región nos resultaría inverosímil no interpretar que el conflicto resulte ineluctable como ya se va corroborando en el marco de un sistema de producción caracterizado por la voracidad por los recursos, cuya coyuntura de deterioro y finitud de los mismos no hace más que acelerar el proceso conflictivo. Los cinco siglos de capitalismo predatorio están mostrando su impronta más trágica en forma de desastre que la Madre Tierra le devuelve al humano por las expoliaciones y las agresiones constantes recibidas.

En el amazónico, Brasil es signatario del Tratado de Cooperación Amazónica, conjuntamente con Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Bajo ese acuerdo se constituyó la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA), cuya sede se encuentra en Brasilia. Este acuerdo tiene la particularidad que entre sus objetivos sustantivos se encuentra la protección de los recursos naturales de la cuenca. (…) En el caso andino, la clarificación de los límites en la cordillera andina entre Argentina y Chile, permitió lanzar un fuerte programa de cooperación bilateral. Se lograron convenios en cooperación ambiental; además, el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile (1997), ofrece un marco de aprovechamiento conjunto de los recursos mineros en las zonas de la frontera andina.

Probablemente y ha llegado el momento de potenciar los Tratados existentes, lo que permitiría abarcar todo el territorio de América del Sur y definiendo como eje el Tratado de Cooperación Amazónica, a fin de comenzar a regular los conflictos ambientales en el marco de la UNASUR, organismo de cooperación a partir de la cual todos los países signatarios deleguen su capacidad soberana y regulatoria individual y en un proceso inédito de cesión del principal atributo de los estados modernos, la soberanía, se estaría creando una nueva institucionalidad ambiental, cual vientos renovadores que vienen soplando desde el Sur: una suerte de Consejo de Seguridad Ambiental que obligue a los países a acatar las decisiones pertinentes a fin de convertir la cuestión ambiental en una causa genuinamente regional.

La centralidad conferida al Tratado como indica en una de sus funciones, es “ coordinarse con las demás iniciativas que existen en el espacio territorial que abarca la Amazonía, sea en materia de infraestructura, transporte o comunicaciones. Un elemento importante para conseguir este objetivo es una adecuada interrelación con las acciones de la Unión de Naciones Suramericanas” (http://www.otca.info/portal/a-otca.php?p=otca), de ahí la potencialidad que señala el autor uruguayo, ya que involucra a 8 países de América del Sur (con la excepción de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay)

Desde la perspectiva del reconocimiento internacional, cual fuente de legitimidad a la función que desarrolla el Tratado, provendría de la fluída cooperación internacional (http://www.otca.info/portal/cooperacao-internacional.php?p=otca) lo que realza su fortaleza y sus posibilidades de convertirse en la instancia a partir de la cual se diriman gran parte de los conflictos en América del Sur; claro está coordinando y sinergizando líneas estratégicas de acción con los tratados que involucran a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, a fin de lograr un abanico jurídico que incluyo hasta el sur del continente.

Entonces, UNASUR como acuerdo marco, coordinación con el resto de los Tratados para abarcar todo el territorio del Sur sumados a su organización institucional a través de las denominadas coordinaciones conjuntamente con la potente cooperación internacional recibida, el Tratado de Cooperación Amazónica aggionardo en las direcciones señaladas, podría convertirse en el puntal de una nueva Institucionalidad Ambiental latinoamericana en el marco del regionalismo autónomo.

“Se observa que los conflictos ambientales fronterizos parecen discurrir desvinculados de los bloques comerciales de integración. Esto en parte se debe a que la propia conformación de esos bloques corresponde a una “integración débil”, donde no hay compromisos vinculantes sobre las estrategias de desarrollo, y por lo tanto esa misma debilidad impide generar obligaciones compartidas en la gestión ambiental de las zonas de frontera y recursos compartidos. Pero simultáneamente, los aspectos comerciales son “rígidos” y prevalecen, haciendo que los países (y las regiones) compiten entre sí por acceder a los mercados globales. En esa competencia, las condiciones laborales y ambientales se reducen para lograr una cierta competitividad y mejorar el ingreso de inversiones. Por lo tanto, esas mismas condiciones de rigidez de los acuerdos comerciales profundizan la debilidad de la gestión ambiental (…) Por lo tanto la gestión ambiental necesitará de acuerdos más detallados, no sólo entre los gobiernos, sino tanto en las dimensiones locales (incorporando a los municipios) como regionales” (Gudynas,2007)

Probablemente y como nunca, los procesos de integración de América Latina hayan acortado la distancia entre la retórica y los hechos, entre el deseo y la realidad; decir que aún no se logrado nada resulta cuanto menos injusto por todos aquellos pioneros en la causa integracionista iniciada por San Martín y Bolívar en los albores de la transición independentista; los procesos, cuales búsqueda y consolidación de los proyectos políticos sustentados en la identidad y en la historia común pareciera que, al fin, comenzaron a desandar un camino, largamente transitado no menos anhelado y esperemos definitivamente, decidido.