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Mayo 2014

La imposibilidad de una vía pacífica al socialismo y la necesidad de un análisis en términos de fuerzas sociales


Sebastián Link
FRAGUA
Magíster © en Análisis Económico, Universidad de Chile
Licenciado en Antropología mención Antropología Social, Universidad de Chile

“Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige, sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias”
Programa de Gobierno de la Unidad Popular

El proceso de la Unidad Popular suele enaltecerse al verse como una vía pacífica al socialismo, lo que en términos concretos implicó un gobierno con hegemonía reformista que respetó la institucionalidad burguesa hasta el último momento. En esta columna pretendemos desarrollar lo errado de esta concepción al negar en términos prácticas y teóricos la lucha de clases entre explotados y explotadores como el centro del movimiento de la sociedad capitalista. Se rechaza el carácter pacífico de tránsito al socialismo, es decir sin el ejercicio de la violencia ya sea en términos de ejercicio efectivo o como amenaza, así como también sus dos corolarios del caso chileno: el uso del Estado burgués para el avance del movimiento popular y cristalización del proceso revolucionario, sin su destrucción y transformación; y la necesidad de construir mayorías electorales para así poder vencer en el juego de la democracia burguesa. En términos más concretos, se aborda cinco elementos asociados estructuralmente a la concepción de una vía pacífica al socialismo:

-        Alianza con fracciones de la burguesía en el marco de la política internacional soviética.
-        Concepción estatal del socialismo e intento de dirección del proceso desde el gobierno.
-        Respeto irrestricto al Estado burgués y sus instituciones.
-        La necesidad de construir mayorías electorales – parlamentarias.
-        Rechazo a una política abiertamente militar.

Si bien con esto realizamos una serie de críticas a la apuesta reformista de sectores liderados por el Partido Comunista, éstas van en la línea de poder tener aprendizajes de las luchas pasadas y, en ningún caso, en culpabilizar a compañeros honestos que lucharon y dieron la vida por construir una sociedad sin clases donde el ser humano pudiera desarrollarse en plenitud. Además, estos elementos han adquirido nuevos bríos luego de la derrota de la clase trabajadora y el desarrollo del proyecto neoliberal, y son sostenidos por gran parte de las organizaciones que en Chile se entienden de izquierda o centro izquierda. Con ello, nos recuerdan más a aquellos señores preocupados por la desigualdad que se sentaron a la izquierda el día 11 de septiembre de 1789 en la Asamblea Constituyente posterior a la Revolución Francesa en los albores del capitalismo, que a aquellos partidos que se han definido de izquierda por la lucha contra el capital y la construcción de la sociedad socialista. Así, los elementos que ayer fueron parte de un proyecto con pretensión revolucionaria, de aquella izquierda que se equiparaba a los intereses de la clase trabajadora, hoy son parte de esa izquierda que le preocupan los “pobres” y que su práctica nos recuerda la máxima del despotismo ilustrado, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

La apuesta por una vía pacífica al socialismo

La apuesta por una vía pacífica al socialismo en Chile debe ser entendida en el marco de la política internacional de la Unión Soviética en aquel entonces, cuyo brazo chileno era el Partido Comunista, donde esta apuesta se encontraba estructuralmente ligada a aliarse con sectores de la burguesía y, con ello, a la necesidad de una etapa democrático-burguesa previa al socialismo. En el caso chileno, la alianza con sectores de la burguesía pudo observarse tanto en la política constante del sector reformista por buscar acuerdos con la Democracia Cristiana, brazo político asociado a las clases medias (entiéndase por ello a los profesionales, el pequeño y mediano capital y la burocracia estatal), como en el intento de aislar a la burguesía nacional del capital imperialista. El expulsar al capital imperialista a través de la nacionalización del cobre y la estatización de los bancos, se sustentaba en la visión de que la burguesía nacional tendría intereses contrapuestos con el capital extranjero, así como también de que el pequeño y mediano capital tendría intereses contrapuestos al gran capital monopólico. Ello implicaría, una vez expulsado el capital extranjero y restringido el gran capital, la venia de fracciones de la burguesía con el proceso lo que se expresaría, entre otras cosas, en mayor inversión dado el repunte económico del primer año de gobierno, cuestión que finalmente no ocurrió. Resulta ilustrativo, al respecto, el cambio de política que implica el paso de la conducción económica de Pedro Vuskovic, Ministro de Economía desde el 03 de noviembre de 1970 hasta el 02 de noviembre de 1972, a Orlando Millas, Ministro de Hacienda desde el 17 de junio de 1972 hasta el golpe de Estado, con quien se cristaliza la política frente a la burguesía del “inviertan, confíen en nosotros”, en palabras de Rafael Agacino.

Otro elemento de la apuesta por una vía pacífica al socialismo es una concepción estatal del socialismo, donde la apropiación por parte del Estado de los medios de producción implicaba la socialización de éstos de forma relativamente automática. Si bien esta concepción resultaba hegemónica en las fuerzas populares sobre todo cuando se observa la fuerza simbólica de Salvador Allende y la lealtad para con él, sí existió crítica a esta concepción estatista. Los cordones industriales resultaron ser, al respecto, gérmenes de socialización de los medios de producción y control de la clase trabajadora de la producción. Esto se vio tanto en términos micro, en la experiencia de las empresas que habían pasado al área social con las diferencias permanentes entre los interventores, que provenían del Estado como cuadros burocráticos, y los trabajadores de las mismas; como en términos macro, a través de la crítica que se realiza al gobierno, la que logra su mayor grado de cristalización en la carta enviada por la Coordinadora de Cordones Industriales al presidente Allende, o a través de la presión constante de fracciones de la clase trabajadora al gobierno por acelerar el proceso de socialización, el que no siempre respondió de forma positiva. Frente a ello dos ejemplos. El primero corresponde a la toma de la fábrica de Yarur que recibió por respuesta del mismo presidente, “los procesos (revolucionarios) exitosos se hacían con una dirección férrea, consciente, no al lote”, acusándolos de anárquicos en su accionar cuando (1) en la misma campaña Allende les había confirmado la socialización de la empresa y (2) la toma era posterior a una serie de análisis que llevó a cabo los trabajadores de un mal manejo de la empresa por parte de los dueños, lo que derivaba en un nivel de producción inferior al posible. El segundo ejemplo corresponde a la toma de la fábrica de salsas de tomates Perlack, la que se realizó sin la venia de la Ministra del Trabajo, Mireya Baltra, quien llegó a golpear a uno de los dirigentes, Santos Romeo González, quien fue calificado por la misma como “un revolucionario trasnochado, un ultra y un provocador que mereció ser abofeteado”.

Un tercer elemento resultó ser el respeto irrestricto del Estado burgués y sus instituciones. En términos teóricos, aquello implicaba una deshistorización de las reglas democráticas existentes. Por un lado, se les extrae su carácter de producto de luchas pasadas, estructuradas en torno a la lucha de clases, ya que no se potenció su transformación radical en aras del proceso de acumulación de fuerza de la clase trabajadora; y por el otro lado, se valora de forma estática los avances democráticos logrados por la clase trabajadora, ya que se pretendió defender las reglas cristalizadas en el régimen democrático más que identificarlas en su carácter funcional en tanto habían permitido la llegada de Allende al gobierno. Así, si las reglas democráticas cristalizadas estaban en peligro, éstas no lo estaban al margen de la lucha de clases, sino que por la agudización misma de ésta y necesidad, cada vez más inminente, de su resolución con la derrota de alguna de las fuerzas. Otro elemento asociado al respeto del Estado burgués, fue el uso de la fuerza militar pública contra la clase trabajadora y sus aliados en manifestaciones que se consideraron radicales, llegando a su máximo esplendor con la aplicación de la ley de control de armas próximos al golpe de Estado. En este contexto, el Estado burgués se comportó como un “Estado-máquina” que, más allá de las intenciones de las personas en ese momento, actuó en favor de las clases dominantes.

En términos prácticos, el respeto irrestricto del Estado burgués y sus instituciones chocaba con el hecho de que éste estaba controlado mayoritariamente por la clase capitalista. Estamos hablando, por un lado, de la Contraloría General de la República y los poderes Legislativo y Judicial, pero también del ejecutivo a través de la permanencia de cuadros públicos principalmente democratacristianos. Este fenómeno que era real, derivó en una concepción de un Estado fraccionado, restringiendo la lucha de clases a tal institución. Si bien nos parece incorrecta esta concepción, ésta tampoco derivó en la disolución del Congreso y convocatoria a elección de una Asamblea del Pueblo luego del primer año de gobierno, opción que no solo era parte del Programa de la UP, sino que también fue presentada por diversos grupos del conglomerado político como por fracciones de las clases explotadas.

Un cuarto elemento es que la apuesta por una vía pacífica al socialismo se condijo con el intento por resolver la lucha de clases aguzada mediante la construcción de mayorías electorales, lo que implicaba la resolución del conflicto a través del convencimiento. Esto, siguiendo la misma lógica de los puntos anteriores, implica nuevamente un rechazo implícito de la lucha de clases entre capital y trabajo como conflicto estructurante de la sociedad capitalista, pues se le da un carácter contingente a través de la dinámica del consenso y se enfatiza en la construcción de mayorías electorales que no son más que fuerzas ficticias en términos reales. Esto descentraba las tareas del período y negaba lo dependiente que fue la llegada al gobierno de Allende de la acumulación real de fuerzas por parte de las clases explotadas en tanto mayoría real, tanto en términos orgánicos, con al menos tres partidos propiamente clasistas, como de conciencia. Dicho con otras palabras, Allende no triunfa en las elecciones presidenciales por la mera mayoría relativa de los votos, sino que esto es expresión del proceso de acumulación de fuerzas de la clase.

Un quinto y último elemento resulta ser el rechazo a una política abiertamente militar para enfrentar a la burguesía en un momento donde la lucha final del proceso se hacía cada vez más inminente. Por un lado, el gobierno se negó constantemente a dotar de armamento al pueblo y, además, llegó a aplicar la Ley de Control de Armas próximos al golpe, error que permitió, además, conocer por parte del enemigo la feble situación en la que se encontraban las fuerzas populares en términos militares. Por otro lado, esto se condijo con la creencia del respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas del régimen democrático, marginándose las fuerzas de izquierda de su disputa mientras las fuerzas reaccionarias se involucraron desde antes del ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Un ejemplo de ello fue la participación de las Fuerzas Armadas Chilenas en la Escuela de las Américas desde mucho antes del triunfo electoral de la Unidad Popular, donde destaca la participación de personajes como Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff y Odlanier Mena. Ahora bien, esto no nos debe llevar a un pensamiento falaz al estilo de ser general después de la guerra, sino más bien a reflexionar en torno a (1) la falta de una política decididamente militar por parte de las fuerzas populares, y (2) el hecho de que no haya habido un quiebre en las Fuerzas Armadas entre las tropas y la oficialidad, lo que muestra que la crisis nacional objetiva nunca llegó a una crisis revolucionaria clásica. Es en este marco donde la conceptualización de una vía pacífica se tradujo en la negación radical de lo que los clásicos llamaron la dictadura del proletariado, aún hoy poco comprendida y descalificada por la hegemonía de la democracia burguesa. Con la dictadura del proletariado nos referimos simplemente a la conquista de la democracia por parte de los explotados y a la aplicación de la dictadura contra los que buscan seguir explotando a otros, es decir, enfrentarse con el monopolio de la fuerza contra las fuerzas reaccionarias que buscan mantener la explotación del Hombre por el Hombre. En este sentido, el gobierno de la Unidad Popular no cumplió con ninguno de los dos polos, pues no se enfrentó contra la burguesía como clase general, aún cuando ésta sí terminara actuando en tanto capital en su sentido más abstracto y general; y falló en avanzar a establecer una democracia de y para los explotados que permitiera cristalizar en reformas democráticas más avanzadas los avances de las fuerzas populares, sino que más bien la preocupación se concentró en defender los avances ya existentes.

La negación de la lucha de clases

La negación de la lucha de clases como movimiento central de la sociedad capitalista no solo se produjo en aquel entonces, sino que hoy también suele ser una constante al analizar el proceso de la Unidad Popular. Como hemos desarrollado en las otras columnas de esta serie, el análisis ha sido eminentemente institucional – formal, dejando de lado la constitución misma de las fuerzas sociales en disputa. Las críticas que aquí se realizan a la concepción de una vía pacífica al socialismo tienen su correlato teórico en el análisis de la Unidad Popular y, en términos más generales, de la historia dentro del modo de producción capitalista. Volvemos al análisis del periodo de la Unidad Popular porque en momentos de agudización de la lucha de clases, como dijera Marx, la diversidad de distinciones de clase se simplifican en la oposición abierta entre ambas clases estructurales del capitalismo, obligando a otros grupos de la sociedad, como las llamadas clases medias, a posicionarse en esta oposición. Hoy, en momentos donde la lucha de clases se encuentra poco aguzada en Chile y el mundo, elementos propios del periodo se tienden a naturalizar y derivar en un rechazo total del análisis desde esta perspectiva, en tanto la lucha de clases no se haya tan abierta como en aquellos años.

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