Agosto 2015

Saif Al Islam Gaddafi fue sentenciado a muerte en su ausencia

Pueblos hablan

Libia: juicio viciado de Funcionarios de Gaddafi. Los acusados tenían un acceso limitado a los abogados, Tortura y malos tratos.

El juicio en el que 32 funcionarios de la era Gadafi fueron condenados el 28 de julio de 2015, de delitos graves durante el 2011 en la guerra de Libia fue socavada por graves violaciónes del debido proceso, señaló hoy Human Rights Watch.

El Tribunal de lo Penal de Trípoli condenó a 32 acusados, la sentencia de nueve de ellos a muerte y 23 a penas de prisión que van desde cinco años hasta cadena perpetua. El tribunal absolvió a cuatro acusados y refirieron a uno a una institución médica. Los 38 acusados enviados inicialmente para el juicio incluyeron a Saif al-Islam Gaddafi, hijo de Muammar Gaddafi, así como el ex jefe de inteligencia del gobierno de Gaddafi, Abdullah Sanussi, y dos ex primeros ministros, al-Baghdadi, al-Mahmoudi y Abuzaid Dorda. Los cuatro fueron condenados a muerte. El Tribunal Supremo de Libia debe revisar de manera independiente y plenamente el veredicto, incluyendo una evaluación completa de las pruebas y el desarrollo del juicio, y revocar las condenas a muerte.

“Este juicio se ha visto afectado por las persistentes denuncias, creíbles de violaciones de justicia procesal que merecen una revisión judicial independiente e imparcial”, dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch.

Tanto el fiscal y los acusados ??pueden solicitar la revisión de la Sala de Casación del Tribunal Supremo. Bajo la ley libia, la consideración de la Sala de Casación de veredictos emitidos por el Tribunal de lo Penal parece limitado a cuestiones de derecho. Sin embargo, para garantizar un examen genuino, el tribunal superior debe ser competente para examinar los elementos de hecho y de derecho, dijo Human Rights Watch. Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo ya a la Asistencia Legal en el estado de África, que el derecho de apelación, proporcionará una auténtica revisión del caso, incluyendo la ley y los hechos.

La crisis política en curso en Libia junto con el deterioro general de las condiciones de seguridad también pone en cuestión la capacidad de los jueces de primera instancia “para juzgar el caso con independencia e imparcialidad, señaló Human Rights Watch. Los juicios de delitos graves como los que están en el centro de este proceso son a menudo extremadamente sensible e imponen enormes demandas sobre el enjuiciamiento y otras autoridades, incluida la obligación de proteger la seguridad de los testigos, las víctimas y el personal judicial.

El veredicto viene como los conflictos armados, combinados con el colapso de una autoridad del gobierno central que han eliminado cualquier apariencia de orden público en muchas partes de Libia. Las hostilidades han dado lugar a la aparición de dos gobiernos de facto, un gobierno reconocido internacionalmente con sede en Tobruk y Al-Bayda que nominalmente controla gran parte del este de Libia, y una autoridad autoproclamada rival con sede en Trípoli que controla franjas del oeste de Libia, donde se celebró el juicio.

El juicio comenzó en marzo de 2014 y concluyó en mayo de 2015. La observación independiente del juicio era limitado, pero la información disponible a Human Rights Watch – incluyendo notas de observación puestos a disposición por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas a Libia (UNSMIL), que siguieron el juicio de forma remota, así como las recientes discusiones con el fiscal jefe, abogados defensores, periodistas, miembros de la familia, y otros – sugiere fuertemente que los acusados ??no se les proporcionó representación legal significativa durante el juicio.

Varios abogados de la defensa dijeron al tribunal que habían sido incapaces de cumplir con sus clientes en privado mientras que los abogados de algunos de los acusados, entre ellos Sanussi y Dorda, cambió en el transcurso del juicio. Dorda alegó ante el tribunal que dos abogados renunciaron a su defensa debido a las amenazas, y que un tercio fue impedido por desconocidos que lo represente. Un abogado que representa a Sanussi renunció citando problemas médicos y otra razón no revelada.

Estas cuestiones, junto con la falta de acceso completo y oportuno al expediente completo del caso contra los acusados ??y de la defensa más la falta de tiempo para preparar y presentar testigos, probablemente disminuyen la capacidad de los abogados para representar efectivamente a sus clientes, dijo Human Rights Watch. Algunos acusados, entre ellos Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah Sanussi, también dijeron que carecían de representación legal durante los procedimientos previos al juicio, incluso durante su interrogatorio.

Gaddafi es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI), pero Libia ha negado a entregarlo a La Haya a pesar de una orden de la CPI. Gaddafi fue declarado culpable y condenado en ausencia. Él no estaba en la sala del tribunal durante cualquiera de los procedimientos previos al juicio o de la prueba, pero en su lugar se quedó en la ciudad occidental de Zintan. El jefe de la fuerza de guardia responsable de detenerlo no se negó a cumplir con la citación del fiscal para transferir a Gadafi a Trípoli para ser juzgado.

Las autoridades establecieron un enlace de video de circuito cerrado para que Gaddafi participara en el juicio, pero que sólo fue capaz de unirse al parecer por 3 de las 24 sesiones del juicio. Si bien el tribunal designó a un abogado para representar a Gadafi, no está claro si el abogado participó plenamente en el procedimiento y no parece haber presentado una defensa final de declararse a favor de Gaddafi. Gadafi no ha sido visto o escuchado de desde junio de 2014. Su paradero actual es desconocido.

Según el derecho internacional, se permiten los juicios en rebeldía sólo en circunstancias excepcionales y si el acusado ha renunciado explícitamente el derecho a estar presentes. Aunque la legislación libia permite juicios “in absentia” en algunas circunstancias, el delegado en Libia de la CPI, Ahmed Gehani, ha dicho otra ante los jueces de La Haya que no se permiten este tipo de ensayos, si se conoce la ubicación de la parte demandada en territorio libio. Las garantías procesales mínimas para los juicios en rebeldía no parecen haberse cumplido en el caso de Gadafi. Al-Siddiq al-Sur, el principal fiscal del caso, dijo que Gadafi tendrá derecho a un nuevo juicio.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó en noviembre de 2013, que la detención de Gadafi ha sido arbitraria y que la gravedad de las violaciónes del debido proceso en su caso hizo imposible para él un juicio justo garantizado en Libia. El panel de la ONU concluyó que el recurso adecuado sería suspender el proceso interno en su contra.

El 24 de julio de 2014, los jueces de la CPI confirmaron una decisión anterior que se aprueba una oferta por parte de Libia para procesar a Sanussi. Human Rights Watch ha instado al fiscal de la CPI a considerar pedir a jueces de la CPI para revisar el fallo de Sanussi basado en nuevos hechos.

El conflicto de Libia ha traído a las instituciones del país, incluyendo el poder judicial y el sistema de justicia penal, a un estado de colapso, muchos tribunales, fiscalías, y las divisiones de investigación criminal de suspensión de sus actividades a causa de empeoramiento de las condiciones de seguridad y ataques contra jueces, abogados y fiscales. La capacidad de la Corte Suprema, que se encuentra en Trípoli, para proporcionar remedio imparcial también se ve amenazado por las divisiones actuales y deterioro de las condiciones de seguridad.

En un comunicado en diciembre de 2014, del Ministerio de Justicia con sede en al-Bayda Libia rechazó la responsabilidad de todos los ensayos en áreas de Libia distintos de los controlados por el gobierno reconocido internacionalmente, incluyendo el juicio de los ex altos cargos de la era Gadafi. “Ningún juicio imparcial e independiente podría ser emitido a punta de pistola en virtud de las milicias ilegítimas en las ciudades antes mencionadas”, dijo el comunicado. Durante una entrevista el 26 de julio en el canal de televisión Libia Awalan, el ministro de Justicia, Al-Mabrouk Al-Ghrira, dijo que era importante que el “mundo no reconoce ningún veredicto emitido por el tribunal.”

Las instalaciones de la prisión de Al-Hadba, donde las sesiones del juicio se llevó a cabo, se encuentra actualmente bajo el control de la ex viceministro de Defensa, cuyas fuerzas están aliados con la coalición de la milicia Libia que respalda la autoridad autoproclamada en Trípoli y se opone al gobierno reconocido internacionalmente con sede en las ciudades orientales de al-Bayda y Tobruk.

A la vista de las atrocidades de montaje en Libia, y el fracaso de las autoridades libias para investigar o enjuiciar a los responsables de graves abusos desde la guerra de 2011, Human Rights Watch ha pedido al fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, llevar a cabo una investigación adicional en Libia de crímenes en curso. El alcance de la investigación actual de Bensouda sigue siendo limitada a los casos de 2011 que involucran a funcionarios del gobierno anterior.

El Pacto Internacional de Derechos Políticos (PIDCP) y Civil, en el que Libia es Estado Parte, limita las circunstancias en las que un país puede imponer la pena de muerte. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el órgano que interpreta el PIDCP, ha dicho que “en los casos de juicios que conducen a la imposición de la pena de muerte, el respeto escrupuloso de las garantías de un juicio justo es particularmente importante”. La Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos sobre juicios justos, dice que “Se insta a los Estados que mantienen la pena de muerte para establecer una moratoria de las ejecuciones, y para reflexionar sobre la posibilidad de abolir la pena capital”, y que “los intereses de la justicia siempre requieren asistencia legal para un acusado en cualquier caso, de capital, incluyendo la apelación, la clemencia ejecutiva, conmutación de la pena, la amnistía o el indulto “.

Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia como un castigo inherentemente cruel e inhumano. Bajo el Código de Procedimientos Penales para Libia, el Tribunal Supremo tiene que confirmar las condenas a muerte y luego el Consejo Superior del Poder Judicial tiene que aprobar.

“Hay serias dudas sobre si los jueces y los fiscales pueden ser verdaderamente independiente donde la absoluta anarquía prevalece y ciertos grupos están sin vergüenza protegidos por la justicia”, dijo Stork. “Este ensayo se llevó a cabo en medio de un conflicto armado y en un país dividido por la guerra, donde la impunidad se ha convertido en la norma.”

El acceso a los abogados y de los medios adecuados, a la hora de preparar la defensa.

En el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos tanto consagran el derecho a un juicio justo. Se requiere que los gobiernos están obligados a que toda persona acusada de un delito tenga una audiencia justa ante un órgano judicial competente, independiente e imparcial legalmente constituido. Entre otras cosas, este derecho a un juicio justo incluye: una oportunidad adecuada para preparar la defensa, presentar argumentos y pruebas, y el desafío o responder a los argumentos o pruebas de oposición; el derecho a consultar a un abogado y de ser representado por un representante legal; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; y el derecho de recurrir ante una instancia judicial superior.

Antes del comienzo del juicio, durante una investigación de Human Rights Watch en enero de 2014, tanto Gadafi y Sanussi alegaron que no tenían un abogado, y Dorda y al-Mahmoudi alegaron que las autoridades les habían negado el acceso adecuado a sus abogados. Los cuatro dijeron a Human Rights Watch en el momento en que los funcionarios no dejaron tener un abogado presente durante los interrogatorios, no revelaría la identidad de sus interrogadores, y se habían negado a los acusados ??el derecho a permanecer en silencio y la oportunidad de revisar las pruebas contra ellos.

Si bien parecía que todos los acusados en el caso fueron finalmente representados por el abogado defensor de algunas sesiones en el juicio – ya sea retenidos por sus familias o designados por el tribunal, algunos abogados reportaron dificultades para satisfacer a sus clientes en privado. El jefe fiscal de la causa, al-Siddiq al-Sur, dijo a Human Rights Watch que algunos abogados han podido visitar a sus clientes en privado y sin la presencia de los guardias a petición por escrito de la fiscalía, mientras que otros detenidos de alto nivel no se les permitió estar solo en la habitación con sus abogados por “razones de seguridad”. Al-Sur, dijo que la policía judicial que su preocupación principal era que estos detenidos usarían las visitas de los abogados para tratar de huir.

Un abogado tunecino que representa al-Mahmoudi y Sanussi desde el principio en el juicio, Leila Ben Debba, dijo a Human Rights Watch que no pudo obtener la acreditación de la Asociación Libia necesaria para cumplir oficialmente con sus clientes y representarlos en los tribunales. La falta de acreditación también le impidió acceder a los materiales del caso. Ben Debba, que formó parte de un equipo de abogados que representan al-Mahmoudi, que incluyó dos libios, dijo que sólo logró asistir a algunas sesiones de prueba no oficial a través de conexiones personales. Ella dijo que ella fue capaz de cumplir con al-Mahmoudi sólo una vez en la presencia de cinco guardias de la prisión, y sólo después de la intervención directa del ex ministro de Justicia. Ben Debba dijo que nunca fue capaz de cumplir con Sanussi en privado y nunca discutió el caso con él. Ben Debba dijo a Human Rights Watch que ella dejó de viajar a Libia cuando el conflicto en Trípoli estalló en julio de 2014.

Ahmed Nashad, abogado libio nombrado en junio de 2014 para representar a Sanussi, dijo a Human Rights Watch que había siempre un guardia presente en la sala cuando se reunió con su cliente. Nashad dijo que asistió a todas las sesiones del juicio desde el momento de su nombramiento por la familia de Sanussi con la excepción de 2-3 audiencias cuando físicamente no era posible para él viajar a la corte debido a la situación de seguridad.

Otro abogado defensor que representa a varios acusados ??en el juicio, que deseaba no ser identificado, dijo a Human Rights Watch que los guardias estaban siempre en la sala cuando se reunió con sus clientes.

En el juicio, dijo que algunos abogados de la defensa en varias sesiones que necesitaban más tiempo para leer a través de los materiales del caso para traer testigos ubicados en otras ciudades a los tribunales. Nashad dijo a Human Rights Watch que no había sido capaz de asegurar la presencia física de los testigos en nombre de Sanussi, aunque presentó algunas declaraciones escritas de personas fuera de Libia que se negaron a asistir al juicio por razones de seguridad.

Algunos abogados pueden no haber tenido ningún conocimiento previo del caso cuando fueron traídos para sustituir a otros abogados que ya no podía representar a sus clientes. Un abogado que representó a varios acusados pidió que sus casos fueran separados para que pudieran asesorar mejor a cada uno de sus clientes, pero el tribunal de primera instancia aparentemente negó su petición. Ahmed Nashad dijo que también se hizo cargo de la defensa de Dorda por 17 días antes de súplica final de Dorda en mayo de 2015, después de que su abogado principal se retiró inesperadamente del caso. Nashad se reunió con Dorda cuatro veces, pero un guardia estuvo presente a pesar de la petición de Dorda que se reúnan en privado.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas a Libia dijo que la fiscalía tomó menos de una hora para presentar su caso sin introducir a ninguno de los testigos citados en los documentos del caso, mientras que la corte parecía limitar arbitrariamente el número de testigos que los acusados pudieran llamar. El tribunal también parece haber permitido a los acusados ninguna oportunidad de interrogar a los testigos de la acusación en los tribunales. Estos supuestos impedimentos, combinados con las dificultades que enfrentaron los acusados en el acceso a un abogado, arrojan serias dudas sobre la capacidad de los acusados para montar una defensa plena y adecuada, así como la violación de los derechos básicos de un juicio imparcial de los acusados para presentar sus propios testigos y los testigos en su contra, dijo Human Rights Watch.

Limitado Acceso Público a las Actas

Asistieron representantes de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas algunas de las primeras sesiones del juicio antes de que se retiró temporalmente de Libia en julio de 2014, alegando motivos de seguridad, y basan sus operaciones en Túnez. Desde allí, la misión de la ONU siguió vigilando el juicio de forma remota a través de las emisiones de televisión, aunque otros programas a veces interrumpió la cobertura. Las autoridades sólo han permitido a las redes de noticias consideradas simpatizantes del Gobierno del grupo en Trípoli, incluyendo Al Jazeera y la cadena de televisión local Al-Nabaa, para transmitir sesiones del juicio viven desde que comenzó el actual conflicto armado.

En mayo de 2014, un personal miembro internacional de la ONU fue detenido brevemente por las autoridades de Fondo en la prisión de Al-Hadba. Human Rights Watch asistió a una sesión del juicio, pero no fue permitido por las autoridades penitenciarias para observar otra sesión.

Los periodistas extranjeros que intentaron cubrir el proceso dijeron a Human Rights Watch que se encontraron con dificultades para incorporarse a Al-Hadba y a veces se les negó el acceso. Los periodistas también informaron que el proceso para la obtención de permiso para entrar en las instalaciones de ensayo fue poco claro y se cambian de una sesión a otra. Las normas internacionales sobre juicios justos piden que las audiencias sean públicas, en principio, para garantizar la transparencia de los procedimientos y servir como una garantía importante para los acusados.

Algunas mujeres periodistas extranjeros y libios fueron requeridos por las autoridades de la prisión de llevar pañuelos en la cabeza, mientras que otros se les niega el acceso a la instalación y las sesiones en total.

La inseguridad y el Estado del Sistema Judicial libio

La violencia sin control derivada de reanudación de las hostilidades en Libia a partir de mayo 2014 ha matado a cientos de personas, entre ellas civiles, el desplazamiento de cientos de miles de sus hogares, dañados instalaciones médicas, y destruyeron infraestructuras civiles vitales, incluyendo el principal aeropuerto de Trípoli. El entorno de seguridad precaria ha llevado a todas las organizaciones internacionales claves, incluyendo la Misión de la ONU para Libia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, diplomáticos extranjeros, y empresas a retirarse indefinidamente de Libia.

En el último año, los grupos armados han atacado a los civiles y los bienes civiles, con violaciónes en algunos casos que constituyen crímenes de guerra. Human Rights Watch también ha documentado otras violaciónes graves del derecho internacional desde 2011, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desplazamiento forzado y homicidios ilegítimos. Muchas de estas violaciónes son suficientemente organizadas y generalizadas a constituir crímenes contra la humanidad, pero las autoridades libias no han podido investigar o enjuiciar a los responsables.

Una ley promulgada en mayo de 2012 que concede una amnistía general a los que cometieron crímenes de si sus acciones tenían como objetivo derrocar al gobierno de Libia, sigue en vigor.

Tortura y malos tratos

En marzo, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes declaró que, a falta de información en contrario, Libia había violado el derecho de Saif al-Islam Gaddafi a estar libre de la tortura y otros tratos tratamiento. Libia no respondió a una comunicación anterior del relator especial que describe las acusaciones de maltrato de Gadafi.

Durante una sesión de la corte el 15 de enero 2014 en relación con uno de los casos en su contra, Dorda alegó que una persona no identificada había golpeado y le hirió en su celda en la prisión de Al-Hadba. Human Rights Watch habló con miembros de la familia que asistieron a esa sesión de la corte y revisaron una queja sobre el incidente que el abogado de Dorda presentó a la Oficina del Fiscal General, exigiendo una investigación, sin embargo, un abogado defensor que representa Dorda dijo que no saben si se llevó a cabo tal investigación y si se tomaron todas las medidas. Dorda dijo que el 29 de diciembre de 2013, fue golpeado en la cabeza y el cuerpo, mientras que en su celda por una persona “desconocida para él y desde fuera de la prisión.” Dijo que la persona entró en su celda y le dio una paliza y se llevó todas sus pertenencias, incluyendo el material de limpieza, medicamentos, y sus muletas. Dijo que los golpes en la cabeza le dejó mareado.

Durante una sesión del juicio celebrada en enero, los abogados de Sanussi dijeron que estaba recluido en régimen de aislamiento, y pidió a la corte acabar con ella. En otra sesión, en febrero, Sanussi protestó recluido en régimen de aislamiento durante dos años y medio. No está claro si el problema fue resuelto por los funcionarios judiciales.

Cualquier sistema penitenciario en el que los detenidos permanecen en gran parte en régimen de aislamiento, sin acceso regular y privado a sus abogados y sus familias aumenta el riesgo de malos tratos y abusos, señaló Human Rights Watch. Human Rights Watch ha instado a las autoridades de Libia para retener a los detenidos en régimen de aislamiento sólo cuando y durante el tiempo que sea estrictamente necesario, y respetar los derechos de los internos en todo momento. Según el derecho internacional, el confinamiento solitario prolongado de un detenido puede equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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