Diciembre 2017

El gobierno más incombustible, ilegitimo e impopular

Diciembre 9, 2017

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

El capitalismo ha sido una fuente inagotable de errores desde 1974. Crisis constantes, cada vez más violentas y perniciosas, concentración del ingreso, multiplicación de la pobreza, desprotección social, son solo algunas de las imágenes exhibidas en su recorrido.

El Brasil actual quizás sea el ejemplo más inhumano de la amenaza a la democracia, en  su cada vez más apartada afinidad con el modelo de acumulación. Alejandro Nadal, en un reciente artículo del diario La Jornada, da una explicación histórica sobre la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia (https://goo.gl/2rCrMd), sobre todo reflexiona si la vía electoral no permite efectuar cambios en las decisiones imprescindibles de la vida económica.

Según la encuestadora Datafolha, perteneciente al grupo UOL, que nadie podría etiquetar de progresista, en su última investigación de opinión acerca de la validación del gobierno actual, arroja como resultado que el 93% la gente piensa que el gobierno de Michel Temer es malo o muy malo (https://goo.gl/EyXvfx).

Si tomáramos como reales estos datos arrojados, y no encontramos indicio en contrario, nos costaría trabajo relacionar las leyes aprobadas por el poder legislativo de Brasil a instancias del poder ejecutivo, y el notorio rechazo popular. ¿Cómo se amalgaman el descrédito público con un congelamiento del gasto público por 20 años y una reforma laboral lindante con la esclavitud?

La pregunta sería, ¿quién gobierna Brasil? Obviamente la respuesta cae por su propio peso: el 5% que siempre gobernó, el dueño del poder real. Pero esta democracia invadida por el poder real parece no detenerse, o intenta, como dejaron aventurado en los portales de noticias, que el gobierno entrante no cargue con algunas responsabilidades.

Pasemos a revisar el pesado compromiso de este desacople estructural de la seguridad social de Brasil, que en afán de aportar al bien común intenta reestructurar el ejecutivo, para terminar de con una demora histórica del déficit.

Al parecer el primer movimiento en tal sentido fue diseñar una campaña con U$S 100 millones de dólares para cambiar la asfixiante imagen negativa (70%) de la iniciativa, recursos que, por cierto, se embolsó, en su mayoría, O Globo, según El Ministerio de Transparencia Fiscal (https://goo.gl/fhczqS), y que ahora quiere sobornar a los intendentes con U$S 1.000 millones en caso de ser aprobada la propuesta.

Los dueños del poder tienen al menos tres inconvenientes claros. El primero es que ellos son los dueños de la deuda; el segundo, como muestra el gráfico, el presupuesto es magro y deficitario para asegurar el caudal de pagos a futuro, ya que las erogaciones en interés y amortización ocupan un 37%. Los grados de libertad para achicar el 63% restante son exiguos. El tercer problema es que se vuelva conocido el informe de la CPI, la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Seguridad Social.

Por todos los medios se intentó evitar la creación de dicha Comisión, dado que su objetivo es investigar la contabilidad, esclarecer los ingresos, gastos y desvíos del sistema y transmitir a la opinión pública si se requería o no una reforma constitucional como había propuesto el gobierno en el 2016, según versa en el Requerimiento Nº161 que le dio creación.

La Comisión se instauró en abril y promovió 26 audiencias públicas, y a diferencia de todas las Comisiones que suelen tener los reflectores de los medios de comunicación, en este caso la ignoraron abiertamente. Como veremos de manera sumaria, los grandes deudores de la Seguridad Social, las empresas privadas, son socias o clientes de los medios, el negocio de las jubilaciones y su deuda es sólo para el 5% de Brasil.

Ahora bien, las conclusiones de la Comisión resultan alarmantes, no sólo porque su informe final sostiene que la Seguridad Social no es deficitaria, en contraposición a los supuestos R$ 258.7 MM de déficit (4.1% del PBI) del gobierno, sino porque el informe fue aprobado por unanimidad.

Seguramente daría mucha tela para cortar el tema del andamiaje técnico que sostiene las diferencias metodológicas que, por una parte, llevan a que el gobierno la considere deficitaria en unos U$S 80 mm en 2016, mientras que el Tribunal de Cuentas de la Unión o la Asociación Nacional de Auditores Fiscales de los Ingresos Federales –ANFIP–, obtienen resultados claramente distintos. Aquí solo intentaremos describir superficialmente las diferencias.

En principio, los transcendentales temas destacados por la Comisión son los siguientes: 1. La Seguridad Social no es deficitaria; 2. Los números del gobierno son incoherentes, por los que los datos diseñan un futuro inverosímil de la Seguridad Social; 3. La mala administración provoca que las grandes empresas adeuden a la Seguridad Social R$ 450 MM, unos 140 mil millones de dólares.

Básicamente, y en forma superficial, las diferencias numéricas y metodológicas suelen ser políticas, uno toma o desecha en la metodología lo que le conviene, dependiendo de lo que quiera demostrar. En su caso, el gobierno quiere señalar que el déficit es añejo, que lo viene arrastrando desde el 2002 al menos. En el caso de la diferencias existentes, tanto del Tribunal de Cuentas como de los Auditores, aducen discrepancias en lo que se llama DRU (Desvinculación de los Ingresos de la Unión).

Esencialmente, el DRU es un mecanismos de reasignación de partidas, con dinero entrante que se supone no se irá a gastar. En la Seguridad Social se lo utilizó para el pago de militares inactivos. En caso de eliminarse esta partida en el gasto consolidado, sin DRU, lo que era un déficit del 4.1% del PBI pasa al 2.5%, y desde 2002 a al 2014 el déficit rondaría entre el 0.2% y el 1% del PBI. El déficit desaparecería en su totalidad si se reasignaran ingresos que fueron desviados hacia otras partidas, como demuestran los Auditores.

La ultima trama es la escandalosa deuda existente con la Seguridad Social, más de U$S140 mil millones de dólares, debido a la inmensa negligencia del cobro o por retención de aportes por parte de los privados, así como la gestión de la recuperación de la deuda. Se entiende ahora mejor el vacio de los medios de comunicación con respecto a la creación de la Comisión y los grandes deudores de la Seguridad Social.

El listado de las empresas, que se puede ver en (https://goo.gl/SkQnXP), muestra el detalle de los U$S 140 mil millones de dólares, pero llaman la atención algunas particularidades, como JBS, por ejemplo, el escandaloso corruptor de funcionarios y aportante a la campaña del gobierno actual, Joesley Batista, que se apunta con una deuda de R$ 1.8 mil millones, unos 500 millones de dólares, pero también se encuentran, entre otros, los bancos Bradesco y la Caja Económica Federal con unos U$S 150 millones cada uno.

Es decir, por un lado, el negocio de los privados evadiendo y guardando los aportes, que posterioridad ingresaran al REFIS, el programa de recuperación fiscal, que nunca pagarán. Y por otro, los bancos que venderán las jubilaciones privadas. A este círculo se le agregan los medios de comunicación y lo que se logra es una verdadera belleza.

https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2017/12/09/el-gobierno-mas-incombustible-ilegitimo-e-impopular/







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