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Represión y resistencia en Postville, Iowa

El intento del gobierno de los Estados Unidos de América por demonizar e intimidar a los emigrantes indocumentados

Eugene Gogol (egogol@hotmail.com)

Si bien la respuesta del gobierno federal ante la emergencia creada por la acción destructiva del huracán Katrina y sus consecuencias posteriores demostró su indiferencia e incompetencia en relación con la población pobre y principalmente negra de Nueva Orleáns, las redadas antiemigrantes llevadas a cabo en la planta procesadora de carnes “Agriprocessors” de Postville en Iowa, que dio como resultado el encarcelamiento de alrededor de 387 trabajadores de origen mejicano y guatemalteco, seguidos de juicios sumarísimos de tipo Orwelliano y sentencias severas, puso de manifiesto la determinación de este gobierno de actuar sin la más mínima consideración respecto a los derechos humanos de otro importante segmento de la población norteamericana: los millones de indocumentados que trabajan en nuestros campos de cultivo y nuestras fabricas, en la construcción, en las labores de limpieza de nuestras oficinas, hoteles y casas. Los inmigrantes se han convertido en los nuevos Otros dentro de nuestras fronteras. Del mismo modo en que el Katrina puso de manifiesto que el racismo es todavía una realidad muy fuerte en esta “era posterior a la lucha por los derechos civiles”, así, las acciones casi de estado policial ejecutadas por el gobierno federal en Iowa, junto a las condiciones de explotación encontradas en la planta “Agriprocessors” nos dicen mucho del mal uso del poder estatal, del clasismo, del sexismo, y una vez mas del racismo existente en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Postville encendió la chispa de la resistencia frente a las injustas condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes en esta, “la tierra de los libres”. Veamos esto más detalladamente.

En lo que constituye la mayor redada sobre un centro de trabajo en la historia de los Estados Unidos, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés), “Protegiendo la seguridad nacional y garantizando la seguridad ciudadana”, movilizó cientos y cientos de agentes federales que se lanzaron sobre la planta “Agriprocessors” de Postville el 12 de Mayo con el objetivo de capturar alrededor de 697 trabajadores indocumentados para los cuales ya se habían elaborado ordenes de arresto. Los casi 400 trabajadores capturados en la planta no fueron arrestados para ser deportados por el hecho de carecer de un estatus legal, como es el procedimiento habitual en estos casos. Mas bien este arresto masivo, que se ejecutó luego de meses de preparación por las agencias federales bajo la administración de Bush, es parte de una campaña a tiempo completo para criminalizar, en la mente de los ciudadanos norteamericanos, la población inmigrante indocumentada e intimidar a la mayor cantidad posible de inmigrantes para que abandonen el país. Entonces los trabajadores son criminalizados acusándolos de “robo de identidad agravada” y “fraude al seguro social” por usar los números de seguridad social de otras personas o inventarlos para obtener un empleo.

Los trabajadores fueron transportados al “National Cattle Congress” (Congreso Nacional del Ganado), un terreno de 60 acres destinado a ferias de ganado el cual había sido transformado en un centro de detención. Al día siguiente se comenzó un proceso legal, amañado y fraudulento, que dio lugar a sentencias de prisión. Eric Camayd-Freixas, uno de los muchos intérpretes de español traídos por el gobierno describió el proceso de la siguiente forma:

“Los trabajadores del matadero fueron traídos en fila, en grupos de a diez, encadenados por las muñecas, la cintura y los tobillos. Arrastraban los pies con las cadenas para la comparecencia ante el juez. Se sentaron y escucharon por los auriculares la traducción de la primera comparecencia ante el tribunal. Después se los llevaron hacia diferentes prisiones del condado solo para traer el próximo grupo de diez trabajadores. Todos tenían la misma apariencia, no más de 5 pies de estatura, la mayoría campesinos guatemaltecos analfabetos con apellidos Mayas, algunos con relaciones de parentesco (varios Tajtaj, Xicay, Sajché, Sologüí…), algunos rompían en llanto, otros demostraban preocupación, miedo, vergüenza. Todos hablaban español, algunos con dificultad. En ese momento me di cuenta que aparte de sus nacionalidades, mejicanos o guatemaltecos - nacionalidades que les fueron impuestas después de la independencia – eran también nativos americanos, en cadenas. Allí permanecían en un marcado contraste racial con nosotros mientras atravesaban con su lenta marcha como de pingüinos la improvisada corte” (Para ver el informe completo ir a:

http://graphics8.nytimes.com/images/2008/07/14/opinion/14ed-camayd.pdf).

Los arrestos en masa seguidos por la comparecencia de los detenidos cargados de cadenas ante los jueces, y como veremos más adelante la implementación de prácticas judiciales Orwellianas, fueron parte de la decisión de la administración de Bush de concentrar sus poderes de llevar a juicio, intimidar y demonizar a la población inmigrante indocumentada dentro de los EE.UU. La Transactional Records Access Clearinghouse, (TRAC por su sigla en inglés), http://trac.syr.edu/tracreports/bulletins/, informa que más del 50% de los juicios federales durante los últimos meses han estado relacionados con casos de inmigración, mientras que solo el 16% han estado vinculados con los narcóticos. “El énfasis federal en los casos de inmigración se hizo particularmente intenso en los meses de febrero, marzo y abril y se ha concentrado en distritos judiciales específicos a lo largo de la frontera con México”

Los preparativos para la redada y los arrestos en la planta “Agriprocessors” de Postville no solo incluyeron la preparación de un centro de detención y la presencia masiva de miembros de la policía federal, sino el plan diabólico de que los trabajadores mejicanos y guatemaltecos no tuvieran otra opción que la de enfrentar meses de cárcel antes de ser deportados. El gobierno solo aceptó retirar los tan cacareados cargos de “robo de identidad agravado” si los arrestados se declaraban culpables de haber usado concientemente números de seguridad social falsos y por lo tanto cumplir cinco meses de cárcel en una prisión norteamericana, para luego ser inmediatamente deportados sin una audiencia. Si alguien decidía no aceptar este acuerdo entonces tendría que permanecer por más tiempo en la cárcel, de seis a ocho meses, en espera de un juicio sin derecho a fianza pues eran inmigrantes indocumentados. Incluso aunque fueran declarados no culpables de todas formas serian deportados. Y si perdían el juicio recibirían una sentencia de al menos dos años en prisión. No es de extrañar que aceptaran el acuerdo que les daba la menor cantidad de tiempo en prisión en esta charada que de cualquier forma los condenaba a ella.

Además, todo esto se presentó ante los arrestados como algo irreversible y llevado a cabo con el consentimiento previo de los funcionarios judiciales federales involucrados.

Suficiente para la supuesta imparcialidad del sistema jurídico y la posibilidad de un juicio justo. Todo el procedimiento, desde el acuerdo con la fiscalía para la sentencia de cinco meses hasta el envío a las diferentes cárceles se realizó en apenas cuatro días. Eric Camayd-Freixas comentó al respecto: “Curiosamente el procedimiento parecía una cadena de montaje judicial donde los obreros de la planta eran procesados en masa”.

El resultado fue la devastación de los cientos de arrestados así como de los niños y demás miembros de las familias que quedaron en el limbo. Un tercio de la población de Postville dejó de ser miembro de la comunidad. Los niños dejaron de ir a las escuelas y muchas familias, ante el temor de ser arrestadas y deportadas, se refugiaron en la iglesia católica de St. Bridget. Al mismo tiempo, sin embargo, comenzó un movimiento de resistencia que se manifestó de múltiples formas, incluyendo como veremos una importante protesta de masas el 27 de julio en Postville.

Lo primero que se puso en evidencia fueron las degradantes condiciones de trabajo en la planta “Agriprocessors”. De entre los arrestados y sometidos a los procedimientos amañados de este tribunal irregular, dos grupos fueron puestos en libertad: los jovencitos menores de edad y que por lo tanto habían sido contratados ilegalmente para trabajar en la planta, y las mujeres con niños que necesitaban atención. Las mujeres todavía enfrentaban cargos, y los jovencitos, al igual que las mujeres, estaban pendientes a ser deportados.

En el estado de Iowa es ilegal emplear jóvenes menores de 18 años en una planta procesadora de carnes. Durante la redada se detuvieron al menos diecisiete adolescentes de entre 14 y 17 años. Entonces, durante la declaración oral los chicos contaron la historia de cómo se trabajaba en “Agriprocessors”.

Elmer L., un joven guatemalteco que comenzó a trabajar en la planta cuando tenía 16 años se refirió a jornadas de trabajo de 17 horas: “Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Dormía desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, cinco horas. Mi jornada de trabajo era de ocho horas, pero no me pagaban por el tiempo extra que trabajaba. Me decían que si no trabajaba todas esas horas perdería mi empleo. El trabajo era muy duro porque no me daban los descansos correspondientes, y no estaba durmiendo lo suficiente. Yo tenía que trabajar para mantener mi familia. Nos decían que iban a llamar a inmigración si protestábamos porque no nos pagaban el tiempo extra ni nos daban los descansos correspondientes… me sentía muy triste y como si fuera un esclavo”.

Gilda O., una chica de dieciséis años se refiere a las demandas de aceleración: “Yo trabajaba de noche. Comenzaba a las 7:30 p.m. y terminaba a las cinco o seis de la mañana. Trabajaba en una línea desplumando pollos… Cuando empecé apenas podía mantener los ojos abiertos. Después me fui acostumbrando. En la planta nos presionaban para que trabajáramos lo más rápido que se pudiera”.

¿Acaso no estamos viendo escenas de “La Jungla”, una novela de Upton Sinclair de a principios del siglo XX sobre las condiciones de trabajo en un matadero? ¿O lo que es lo mismo, imágenes de la descripción que hacia Marx en El Capital de las fabricas inglesas a mediados de el siglo XIX?

La realidad es que mucho antes de la redada en Postville – la cual se no dirigió contra las horribles condiciones de trabajo en el área del matadero sino contra los hombres y mujeres indocumentados que asumieron este riesgoso y explotador trabajo para mejorar sus vidas y las de sus familiares en Guatemala y Méjico – la planta “Agriprocessors” era bien conocida como un matadero vil e insalubre. El New York Times escribió al respecto:

“Un matadero en Postville, Iowa, se ha ganado la mala reputación de abusar de los animales y los trabajadores. Durante años se han acumulado informes sobre la suciedad y las condiciones peligrosas en la planta procesadora de productos cárnicos kosher “Agriprocessors”. Trabajadores, sindicalistas, defensores de los inmigrantes e investigadores gubernamentales han informado al respecto. Un grupo por la defensa de los derechos de los animales presentó un video en el que se observan trabajadores de la planta arrancando la tráquea de reses aún con vida. Una mujer con una deformidad en una mano declaró a un reportero que se trabaja cortando carne 12 horas al día, seis días a la semana, con los salarios más bajos en la industria según los expertos. Este año investigadores federales reunieron evidencias sobre contrataciones abiertamente ilegales en la planta la cual ha sido denominada como ‘una jungla kosher’”. (“The Jungle Again” NY Times, 1 de agosto, 2008). Pero en este mundo nuestro que está patas arriba, son los trabajadores los que son criminalizados, no la compañía.

Es crucial poner de manifiesto los terribles peligros que particularmente enfrentan las mujeres indocumentadas en los Estados Unidos. En el caso de “Agriprocessors” el acoso sexual era lo más característico. Si se quería un cambio de turno o se buscaba una promoción esto solo podía ser obtenido mediante favores sexuales a uno u otro supervisor.

Pero los terribles riesgos para las vidas de las mujeres indocumentadas que ingresan en los Estados Unidos en busca de trabajo comienzan a menudo mucho antes de encontrar empleo. El horror de las violaciones sexuales se ha convertido en algo común a ambos lados de la frontera entre Méjico y Arizona. En la opinión de expertos, la violación se considera actualmente “la cuota de entrada” para las mujeres que cruzan la frontera ilegalmente. La doctora Sylvanna Falcón ha llevado a cabo amplias investigaciones sobre estos casos y otras violaciones de los derechos humanos a lo largo de la frontera de Méjico y los Estados Unidos. En sus declaraciones se refiere tanto al peligro que enfrentan las mujeres por parte de los “coyotes”, los traficantes de personas que las transportan desde Méjico, como también casos de violaciones perpetradas por agentes de la guardia fronteriza norteamericana. “Cualquiera, lo mismo los ‘coyotes’ que los funcionarios norteamericanos, tienen todo el poder aquí… Nuestra sociedad toma muy en serio la violación, pero este tipo de violación no la toma en serio. En todo nuestro discurso a nivel de nación respecto a la seguridad de nuestras fronteras, raramente, si acaso, se oye algo sobre proteger a aquellas personas que pudieran cruzarlas. Esto ocurre fundamentalmente porque la discusión se ha centrado en la idea de protegernos a nosotros mismos – proteger a los Estados Unidos – y una vez que uno cae en este esquema lo que le ocurra a otras personas no está ni siquiera en las posibilidades”. (Citado por el Tucson Weekly, 9 de junio, 2008)

Ciertamente algo que está contribuyendo a esta actitud de no querer ver y no reconocer hechos tan horribles como la violación de mujeres inmigrantes que cruzan la frontera es el clima antiemigrante que se está creando en los Estados Unidos y esto no se debe solamente a las acciones del gobierno federal. Cientos de nuevas leyes que buscan restringir las oportunidades y derechos de los inmigrantes han sido aprobadas a nivel de los estados o de ciudades. Aquí tenemos algunos ejemplos:

  • El sheriff y sus ayudantes del condado de Santa Rosa en la Florida realizaron en el poblado de Milton redadas en más de una docena de negocios. Según comentó el New York Times: “esta comunidad en el estado de la Florida se ha tornado más respetuosa de la ley, menos tumultuosa y más blanca”. En los meses posteriores a estas redadas cientos de familias latinas parecen haber huido de esta mentalidad represiva y persecutoria.
  • En el estado de Mississippi una nueva ley considera como un delito grave que un inmigrante indocumentado obtenga un empleo. En Georgia, la persona que sea encontrada pescando sin licencia está ahora sujeta a la revisión de sus documentos y a una posible deportación. Decenas de departamentos locales de policía se están alineando para trabajar directamente con el Programa Federal de Seguridad de Inmigración y Aduanas el cual entrena agentes de la ley locales para trabajar como policías de inmigración locales.
  • Para constatar una de las respuestas más histéricas y aterrorizantes veamos lo que ocurre en la oficina del sheriff del condado de Maricopa que incluye a la ciudad de Phoenix en Arizona. Allí, Joe Arpaio no solo tiene a 160 de sus agentes haciendo cumplir las leyes federales de inmigración sino que también dispone de una partida de voluntarios compuesta por 3000 miembros dedicados a estos fines. Durante meses han llevado a cabo redadas en barrios latinos, deteniendo automóviles sin ningún motivo justificado para verificar la documentación de los ocupantes y arrestar a los indocumentados. Las autoridades federales lejos de criticar estos procedimientos de estado policial, han guardado silencio.
  • Además recordemos que el gobierno federal continua con la construcción de hasta 700 millas de una “valla de seguridad” a lo largo de la frontera con Méjico. La corte suprema ha declarado que no es necesario obedecer ninguna ley de protección medioambiental en la construcción de esta barrera. Alrededor de 326.5 millas de la valla ya han sido construidas. El resultado hasta el momento es que cada vez más y más inmigrantes tratan de cruzar por las regiones más inhóspitas del desierto de Arizona y cientos están muriendo debido al sol abrasador y la falta de agua.

¿Cuál es el efecto de esta criminalización de los trabajadores indocumentados? Existen algunas evidencias, aunque no todo el mundo está de acuerdo en ello, de que el número de inmigrantes ilegales en el país ha disminuido en 1.3 millones durante el pasado año, representando esto una disminución de un 11% desde el pico histórico registrado en agosto de 2007. El temor a las persecuciones y la criminalización, unido a las dificultades económicas, han provocado ciertamente que algunos indocumentados abandonen los Estados Unidos, o que permanezcan más ocultos aún.

Sin embargo, existe también otra respuesta, la voz de la resistencia de los indocumentados y de las muchas personas que los apoyan aquí en los Estados Unidos. Lo pudimos apreciar claramente en las poderosas manifestaciones que se llevaron a cabo primeramente el 1 de mayo de 2006. Cientos de miles de inmigrantes indocumentados y sus aliados nos brindaron un renacer y un nuevo significado para el primero de mayo; cuyo origen se remonta al Chicago de los años 80 del siglo diecinueve y las luchas por acortar la jornada laboral.

Un ejemplo de esta resistencia lo tenemos en lo ocurrido el sábado 27 de julio cuando más de mil personas marcharon en el pequeño poblado de Postville, Iowa, en oposición a las tácticas de estado policial empleadas por nuestro gobierno contra cientos de trabajadores de “Agriprocessors” que continúan en prisión. Se protestó contra las condiciones laborales en la planta y se demandó la legalización de los trabajadores indocumentados en el país. Los manifestantes provenían de varias ciudades del Medio Oeste norteamericano y, significativamente, junto a ellos participaban docenas de trabajadoras indocumentadas de la planta que no estaban en prisión porque tenían que cuidar a sus hijos pequeños. Estas mujeres, obligadas a portar al descubierto brazaletes de monitoreo electrónico, y con un futuro de encarcelamiento o deportación, estuvieron en la primera línea de resistencia. También estuvieron acompañadas por una coalición de fuerzas:

  • Miembros de la iglesia católica de St. Bridget en Postville. Ellos han apoyado los trabajadores indocumentados y a sus familias desde el comienzo de las redadas, proporcionándoles alojamiento, comida, y apoyo moral y financiero.
  • Rabinos y miembros de las congregaciones judías que se sintieron indignados por la forma degradante en que “Agriprocessors” maneja una planta de productos cárnicos kosher. Ellos pidieron que se revisara la certificación de alimento kosher para que esta incluyera estándares de ética corporativa y de tratamiento a los trabajadores. “Estoy avergonzado y apenado por la forma en que “Agriprocessors” ha tratado a sus trabajadores”, manifestó un activista judío. “No creo que esta sea carne kosher. Pienso que esta gente están haciendo una farsa ante la comunidad judía de este país”.
  • Los activistas latinos que expresan su solidaridad con los trabajadores latinoamericanos indocumentados. De igual forma activistas sindicales brindaron su apoyo. El Sindicato Unido de Trabajadores del Comercio y la Alimentación (UFCW, por sus siglas en inglés) que ha estado trabajando por organizar la planta durante varios años.

    Este tipo de resistencia resulta una vía crucial para combatir el chovinismo, el falso patriotismo y la manipulación política que demoniza a los trabajadores indocumentados y sus familias. Queda por ver si esta resistencia continuará creciendo en estos momentos de demagogia electorera.




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