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Guerrilla y autoritarismo

en la Guadalajara de los setenta

Jesús Zamora García1.

En el libro México: el poder, el dinero y la sangre2 Adolfo Gilly habla de cómo el levantamiento zapatista de 1994, llevó a la crisis a un modo de dominación. Dice el autor, que la fuerza con qué los poderes financieros extranjeros se apropiaron definitivamente del control económico del país, a partir del Tratado de Libre Comercio, es la principal causa de esa crisis. Gilly habla del año 1994 como el punto de corte entre dos formas de hacer política; dos formas distintas que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió al país de 1929 al año 2000. Es el periodo anterior a 1994 lo que me interesa señalar. Gilly descifra en buena media con el concepto modo de dominación, una forma de hacer política y de dominar. La lucha contra la guerrilla es la que nos revela con toda nitidez ese modo de dominación. Esta condición no fue privativa de los setenta, sino que es un atributo del autoritarismo del poder político mexicano derivado de la posrevolución.

Es por ello que se debe entender el combate contra la guerrilla de grupos como la Liga Comunista 23 de Septiembre (la Liga), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) y la Unión del Pueblo (UP) en la Guadalajara de los años setenta, como una continuación de los métodos represivos de un Estado nacional autoritario. Asimismo, en mayor o menor medida los grupos de oposición organizados en un marco de legalidad, padecieron formas diversas de represión desde el Estado; los cuales ya sea desde el precario andamiaje del sistema político, o desde la rebelión, enfrentaron esa condición de dominio. Hay muchos casos de muestra: la persecución contra los cristeros a fines de los años veinte y parte de la década de los treinta; el hostigamiento contra los jaramillistas en los años cuarenta, y la matanza de henriquistas en los cincuenta3, los movimientos sociales y sindicales de médicos, petroleros, o electricistas de la década de los sesenta, y por último la efervescencia de las manifestaciones juveniles de fines de los años sesenta y principios de los setenta. Al margen de los diferentes orígenes de los movimientos mencionados, quiero destacar que a lo largo de esas décadas que parten desde fines de los años veinte hasta los setenta, en el país se tuvieron gobiernos sucesivos que utilizaron como práctica la construcción de sistemas de represión que aún se mantienen y que se han sofisticado con el tiempo. Fue en el curso de esa secuencia represiva que la Penitenciaría de Oblatos, situada en el oriente de la ciudad de Guadalajara, empezó a ser utilizada a partir de 1973 para encarcelar a los guerrilleros en un departamento exclusivo: “EL Rastro”. El nombre oficial del lugar era Departamento G, pero la población lo conocía como “El Rastro” debido a que durante muchos años –la penitenciaría se construyó 1932 y se cerró en 1982- ahí se sacrificaba a las reses que se consumirían en la población. Los presos políticos encerrados en una estructura carcelaria pensada y creada específicamente para ellos, es parte de una continuación.

Si la persecución contra los henriquistas4 fue de carácter militar en los años cincuenta; la lucha contra la guerrilla en los setenta revistió el carácter rebuscado de las agencias de policía política con nuevos instrumentos de represión. De ahí que puedo hablar de la lucha contra el movimiento armado en Guadalajara y en otras ciudades del país como parte de una constancia; de una permanencia en las formas de conservación y compartición del poder. El caso de cada una de estos momentos históricos donde la represión, el encarcelamiento y la muerte que partieron de los años veinte y llegaron a los setenta, son parte de un esquema que me permitió comprender con más claridad cómo la violencia política de la década de los setenta debe ser entendida en el marco de la continuidad del autoritarismo: como esa forma de dominación a la que Gilly se refiere en su libro. De igual manera, la reflexión que hace Francisco Pérez Arce al respecto de un orden político represivo que antecede la matanza del 2 de octubre, me ha permitido comprender tanto a la misma masacre como al movimiento armado de los setenta, así como los efectos de un flujo, de una manera de ejercer la política desde un Estado nacional que se había construido mediante el ejercicio de la represión.

    En ese aspecto la política no había cambiado entre el sexenio de López Mateos (1958-64) y el de Díaz Ordaz (1964-70). En lo fundamental era su continuación: una política de dos manos, represión con la derecha, y concesión graciosa con la izquierda. Los movimientos ferrocarrilero, magisterial y telegrafista; el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia; la intolerancia hacía el movimiento cívico en San Luis Potosí; el encarcelamiento de dirigentes políticos o intelectuales comunistas fueron acciones del gobierno de López Mateos, siendo Díaz Ordaz su secretario de Gobernación. La línea se repitió frente a los movimientos desatados en 1965, 66, 67, medico y estudiantiles. La constante fue mano dura: someter cualquier intento de salirse del control monolítico ejercido desde el gobierno, su partido, sus sectores. Son los años dorados del corporativismo y del presidencialismo5.

Fue ese Estado esencialmente autoritario el que enfrentó a los grupos guerrilleros cuyos militantes son el objeto de estudio de mi investigación. Como punto de partida me parece capital una descripción de las conexiones habidas entre el aparato autoritario del Estado mexicano y el sistema carcelario instaurado hacia 1973 dentro de La Penal de Oblatos. Esto implicó identificar un orden jerarquizado de lo correctivo que involucró tanto a instituciones policíacas, al sector militar, a la organización de grupos para-militares –como “Los Halcones” y la Brigada Blanca, a funcionarios del gobierno en diferentes niveles, así como a funcionarios del ramo punitivo como los alcaides y los celadores que laboraban dentro de la Penitenciaría.

Las acciones de la guerrilla en la Guadalajara de los años setenta tenían como cometido general debilitar un orden de organización de la sociedad. A partir de los documentos de los grupos, en los cuales los guerrilleros dejaron planteados sus argumentos de lucha, la UP, las FRAP y La Liga entendían al Estado mexicano y a la burguesía nacional como una sola entidad. Ya desde sus primeros comunicados convocando a la revolución, Héctor Eladio Hernández Castillo, líder de la Unión del Pueblo en Guadalajara dejaba asentada esa indiferenciación entre el Estado político mexicano y la burguesía nacional; tal apreciación fue común en los comunicados de los tres grupos que operaron en la Ciudad. Baste el siguiente fragmento de un texto firmado por Hernández Castillo:

    El Comando de Resistencia Popular es tácticamente, capaz de hostigar al enemigo mediante las diversas acciones ofensivas en contra del enemigo, acciones de carácter táctico, tales como: Acciones de estudio táctico (colocación de bombas) en lugares importantes del enemigo, en lo económico, en lo político y militar, confiscación de bienes (expropiaciones: a centros bancarios, empresas privadas, grandes comercios e instituciones burguesas), secuestros de funcionarios o empresarios importantes (con la finalidad de obtener medios económicos, alguna información, también como: Medios de liberación de presos políticos), ajusticiamientos en contra de los “soplones”, policías, oficiales del ejército y soldados que participen en la represión directa en contra del pueblo y de sus organizaciones revolucionarias, sabotajes en contra de los centros claves de fuerza motriz, vías de comunicación y de energía mediante la inutilización de puentes, vías férreas, depósitos de combustible, refinerías, gasoductos, reactores de energía eléctrica, estaciones y subestaciones de las diferentes industrias claves sobre las que se sustenta toda la economía del país, en manos de los explotadores Nacionales y extranjeros” .6

De ahí que los ataques de los guerrilleros se hayan dirigido tanto a inmuebles y personas relacionados con el Estado mexicano, como a aquellos que se vinculaban a los sectores empresariales. La identificación de un enemigo común fue el punto de convergencia de los tres grupos guerrilleros en Guadalajara, aunque esto no quiere decir que éstos compartieron las mismas estrategias de organización y de ataque. En términos parcos, el cometido de la guerrilla en el país y en la ciudad, era la toma del poder para instaurar el sistema socialista. Estoy hablando de una lucha por el poder que no sólo se fundaba en la necesidad de reivindicaciones sociales basadas en la exigencia de una vida más plena en lo material. Los guerrilleros buscaban en términos generales y desde diferentes escenarios, la realización de un cambio estructural que fuera más allá de las condiciones objetivas de vida, y que tocara el núcleo mismo de la dirección del pensamiento político y social que regia en México.

Conforme a sus propios argumentos, la propuesta de lucha marxista-leninista tanto de la UP, como de la Liga, o de las FRAP dejaba entrever que el objetivo de la guerrilla no se reducía a una simple lucha de cambios de mando en el control de las riquezas de una sociedad. La propuesta socialista implicaba para ellos una idea transformadora de los modos de producción y distribución la riqueza de una sociedad. Para dejar más clara la idea del conflicto que había entre el Estado mexicano y la guerrilla se debe pensar que ese Estado contenía una serie de instituciones autoritarias, vinculadas a las cuestiones de la vigilancia y de la prevención policíaca y del encarcelamiento.

En tal sentido no se debe pensar en ese Estado como un actor dentro de este plano de lucha, sino como un ente que reflejaba la relación autoritaria existente entre ciudadanos y gobierno. En el libro La lógica de las ciencias sociales, Jürgen Habermas hace una evaluación sobre el significado y la dirección del poder dentro de un orden político. Habermas sostiene una discusión con Niklas Luhmann respecto a la concepción funcionalista del poder; en esta idea, Luhmann sostiene que el poder va ligado a la necesidad de la riqueza de los individuos, dejando de lado el carácter ideológico y político de esa necesidad. En oposición a Luhmann, Habermas sostiene que el poder es la capacidad de impedir a otros individuos o grupos la defensa de sus propios intereses7. Dada la condición asimétrica de la distribución del poder, es que la sociedad se establece mediante una serie de conflictos en los cuales un grupo somete al otro y lo inhibe desde el fundamento jurídico del uso de la fuerza a renunciar a sus intereses. El caso de la guerrilla de los setenta, enfrentada al gobierno de México, es el ejemplo de este tipo de conflicto.

    Cuando se aplica fácticamente la fuerza o se amenaza de forma permanente o abierta con la violencia, hablamos de un ejercicio manifiesto del poder; la constelación de los elementos en pugna y el control sobre los medios de destrucción deciden sobre quién puede imponer a quién a la larga, renuncias a intereses.8

El ataque contra los guerrilleros de la Guadalajara de los setenta del siglo XX, fue sistemático y cubrió todos los planos. No sólo se recurrió al argumento jurídico para fincar la persecución contra los militantes de la guerrilla, sino que la descalificación ideológica también jugó un papel importante. Se tildó de amenaza roja9 a los grupos armados como expresión de las fuerzas transformadoras, y se ligó la lucha de los guerrilleros con intereses ajenos al país que buscaban arruinarlo. Pérez Arce lo planteó muy bien en la explicación que hace sobre el argumento que el Estado mexicano tuvo para actuar con la severidad que lo hizo contra la disidencia política luego del 68.

    Con Díaz Ordaz el régimen había llegado a su punto más alto de autoritarismo. (“Si, como afirma Cioran, cada siglo tiene su Edad Media, el 68 es uno de los momentos medievales de la Era del PRI”, Carlos Monsivais.) según la lógica personal del Presidente, compartida por la clase política, el crecimiento económico del país (que había creado una clase media urbana y una clase obrera industrial) justificaba, y aún exigía, una política de mano dura. El discurso diazordacista se origina en la certeza de que en el contexto de logros materiales los movimientos opositores no pueden tener una causa legítima y, en consecuencia, son enemigos del interés nacional10.

Queda por saber en qué grado la postura del Estado mexicano fue deficiente en esa percepción de la guerrilla, o si sólo fue una estrategia política para sobredimensionar una supuesta amenaza.11 Independientemente de esas certezas, queda claro que el trabajo político del Estado mexicano no fue capaz de dar una salida política a la crisis – o simplemente no quiso hacerlo –provocando por el contrario, con la persecución y la estigmatización del movimiento derivado del 68, que éste se condensara en una nueva forma de rebelión, mejor organizada y con un propósito especifico respecto al Estado mexicano: demolerlo para instaurar el socialismo. Uno de los más notables recursos del Estado mexicano para revertir los avances de la guerrilla, al menos en el plano de la lucha ideológica, fue tratar de involucrar a la sociedad en general promoviendo en los diarios del país, todo un aparato propagandístico en el cual convocaba al “pueblo” de México a repudiar las acciones de la guerrilla. Desde grandes desplegados en los diarios principales de la ciudad, el sistema político mexicano buscaba imponer su visión de una “unidad nacional” monolítica, la cual es una apreciación propia del republicanismo. Fue esa visión la que encontré en los discursos políticos, en cuyo centro se encuentra el “pueblo” como depositario corresponsable y beneficiario de la estabilidad de esa “unidad nacional.”12 Ante las acciones de la guerrilla durante los setenta es innumerable el número de veces que se hace referencia al “pueblo” como el gran afectado de los ataques. Era a partir de la defensa de ese “pueblo” – indeterminado y difuso – que supuestamente se constituían las acciones de respuesta policíaca, persecutiva y carcelaria. El argumento era defender al “pueblo”, y con ello se lograba borrar a los afectados, a los objetivos principales de la guerrilla; dentro de esa lógica propagandística respaldada por un tipo de periodismo entreguista y servicial, no eran los bancos, no era a la industria, no era al gobierno, no era a los ricos a quienes se dirigían los ataques de la guerrilla: se dirigían y afectaban al “pueblo” de México.

Fue a partir de esa acción de malabarismo léxico que las entidades identificadas por la guerrilla como sus enemigos, se ocultaban cada vez que ocurría un secuestro, un bombazo, un asalto o un ajusticiamiento; había que desvanecer el hecho de que las acciones de los grupos guerrilleros partían del principio que ellos entendían como una lucha de clases. Es por eso que se tildó de desequilibrados a los autores, con lo que se delineó una separación entre sociedad sana y elementos nocivos a esa sociedad. Aquí presento tan sólo un ejemplo de ese tipo de tratamiento que se le daba a las acciones de la guerrilla, el cual será común durante toda la década de los setenta. La nota es en referencia a los bombazos realizados por la UP en septiembre de 1977 en la zona centro de Guadalajara:

    “Los actos del martes son producto de enfermos mentales, dogmatizados que realizan el terrorismo político, que pretende desestabilizar, crear desconfianza en general entre el pueblo y las autoridades. Clásica intentona de la extrema izquierda afirmó el Gobernador del Estado Flavio Romero de Velasco, esto respecto a una serie de bombazos ocurridos en el centro de la ciudad”13.

La aseveración del gobernador de Jalisco me llevó a preguntarme de dónde fue que el Estado mexicano, entendido como un ente político definido, sustentaba ese argumento de separación totalizante en el cual se concebía a la sociedad mexicana como un cuerpo integro y funcional, y se identificaba a los que se le oponían –en este caso los guerrilleros– como un fragmento social al cual había que perseguir e inhibir mediante el encarcelamiento. La pregunta me parece más que relevante, pues a partir de la respuesta resultante se puede captar en cierta medida, la lógica de acción de un Estado como el mexicano, en lo concerniente a sus medios de represión, es decir: cómo pensó ese Estado las amenazas de la guerrilla, cómo fundamentó sus acciones represivas contra los guerrilleros, cómo es que preparó la instrumentación de ataque y cómo dispuso la construcción de todo un sistema de vigilancia, de detención y de encarcelamiento justificados por ese mismo Estado en aras de la defensa del “pueblo” mexicano.

Conforme a mi reflexión, orientada a penetrar en el núcleo del Estado mexicano y su actuar contra la guerrilla de la Guadalajara de los setenta, encontré que en el plano de la organización social, este sistema político fundó su principio operativo en la dimensión republicana de la unidad nacional; esa imagen donde la sociedad se concibe como un cuerpo compacto e irreducible al cual el Estado como esa red institucional de organismos dispuestos a la vigilancia y a la persecución debe defender a toda costa. Esencialmente la república como sistema político se funda en un orden colectivista –no individualista como lo es el modelo liberal –por lo cual para sus dirigentes, la sociedad significa un organismo cerrado al cual hay que dirigir y proteger de los agentes que le sean extraños. La visión política del Estado mexicano de los años setenta fue la de una sociedad cerrada.

En el sistema autoritario priísta no se cumplió –al menos en relación a los grupos de oposición de izquierda- la defensa de los principios republicanos que hacían viable la vida democrática. Respecto a ciertos sectores sociales, se desestimaron aquellos derechos de participación política que posibilitan la autodeterminación de los ciudadanos14; como se puede constatar en la persecución de que fue victima el Partido Comunista en Jalisco o a la represión practicada contra los sectores juveniles del oriente de la ciudad en los años previos a la aparición del movimiento armado en Guadalajara. La guerrilla representó uno de los puntos vivos de ese conflicto de segregación en el cual un Estado autoritario inhibe el desarrollo político de sus ciudadanos. La resistencia de los sectores sociales carentes de los mecanismos de acceso al poder, derivó en la conformación de un sistema incipiente de ataque, contra un Estado que delimitaba los desplazamientos de individuos radicalizados. Una buena posibilidad para aclarar el fenómeno de la confrontación entre los grupos sociales que orbitan alrededor de un Estado, es la explicación que hace Jürgen Habermas a “La teoría de sistemas”, en el libro Facticidad y validez; ahí él establece que los conflictos en la sociedad, y de ciertos grupos en oposición al Estado se originan en tanto cada grupo es un subsistema autónomo que opera mediante su propia lógica, en la cual es común que el Estado como la entidad que dicta los lineamientos de autoridad, encuentre resistencia de dichos grupos cuando la afinidad de objetivos no armonizan con las exigencias del poder:

    (…) hay que considerar a la sociedad como una red de subsistemas autónomos que se encapsulan unos frente a otros adoptando cada uno su propia semántica, y que constituyen entornos los unos para los otros. De esta decisión concerniente a la estrategia conceptual se sigue, por un lado, el abandono de una concepción jerárquica de la sociedad, centrada en el Estado.15

Seyla Benhabib explica ese momento en que ocurre la clausura de vínculo entre el Estado y algunas de las expresiones sociales que no le resultan idénticas. Ese Estado, ante la emergencia de dichos grupos, despliega un aparato de identificación, contención y aniquilamiento. Mediante este sistema se despliega una invasión de lo político a lo social. Así, el Estado mexicano de la década de los setenta en Guadalajara transformó al espacio público en un pseudo-espacio16 donde los individuos no podían operar políticamente dentro del esquema público más allá de los límites impuestos por una visión colectivista y estrecha de la sociedad. La guerrilla de los años setenta implicó una fractura dentro del espacio público, que afectó a lo privado convirtiendo en clandestino el espacio en que operaba políticamente una minoría opuesta al régimen. Como grupo humano los guerrilleros representaban una amenaza dentro de un orden. Es un sector que renunció a jugar con las reglas de un modelo político y optó por la ruptura.

De ahí se entiende, la criminalización de una opción política que tuvo que recurrir a las armas en Guadalajara a partir de 1973. Es ante esta posibilidad de violencia desde el Estado, que la naciente guerrilla como grupo específico reaccionó. Esta relación de lucha desigual llevó a los sujetos que militaban en el movimiento armado a asumir posturas más radicales a nivel individual, lo cual representaba castigos más severos a partir de la adecuación de espacios de sanción más enérgicos. La guerrilla optó por abrir los accesos al poder de una manera violenta, y lo hizo a partir de socavar sus fuentes de poder: las instituciones y los sectores de la burguesía. La reacción del Estado fue feroz17. Ese autoritarismo estuvo fundando en un falaz presidencialismo que tuvo tanto en Luís Echeverría Álvarez quien gobernó al país de 1970 a 1976, como en José López Portillo cuyo gobierno fue de 1976 a 1982 –prácticamente todo el tiempo en que duró el fenómeno de la guerrilla en México –a dos de sus ejecutores más abyectos. Sin pensarlo como exageración, el carácter de ambos presidentes rozaba la altura del soberano; señalo esta semejanza sin considerarla extravagante puesto que en el ejercicio, la atención que tenían hacia el presidente de la república los funcionarios que representaban el aparato gubernamental así lo hacían parecer; el historiador Lorenzo Meyer describe muy bien esta característica de los presidentes del país en su libro Liberalismo autoritario:

    En las monarquías, en general, el rey ejercía la soberanía. Esta era el monopolio exclusivo del poder de sojuzgar a las poblaciones por encima de todos los jefes pequeños del reino; el poder de perseguir a los disidentes, y explotar a sus súbditos en su territorio, sin la intervención de los reyes de otras naciones que sólo debían ocuparse de sojuzgar a sus respectivos pueblos; tal como lo hacen todavía ahora algunos gobiernos en nombre de la nación a la que mantiene sometida. Se trataba de los hombres, y algunas veces de las mujeres que, como sucede ahora con los gobiernos despóticos, tenían la supremacía, por lo cual se les llamaba soberanos, tal como ahora lo hacen algunos presidentes y algunos órganos legislativos18.

Conforme a lo dicho por Meyer, se puede decir que en nuestro país ese tipo de gobierno fue resultado de una aparente sujeción práctica y total del aparato político mexicano a las órdenes del poder ejecutivo. Esa circunstancia proviene de un proceso histórico en el cual, luego de la revolución mexicana no fue posible superar: “la personalización del poder presidencial”19 y que sólo hasta pasada la década de los cuarenta empezó a mutar su poder en un proceso en el cual el PRI y su caudillo –en este caso el presidente en turno –constituyeron un binomio de poder omnipresente en la vida pública del país, al cual estaban sujetas prácticamente todas las organizaciones políticas.

Fue contra ese aparato de compresión que luchó la guerrilla; es por ello que este pequeño artículo descifra simultáneamente tanto al Estado mismo en su momento de acción represiva, como al guerrillero que desde Oblatos trata de trascender el encierro mediante la resistencia. Para el gobierno era apremiante desactivar la insurrección a toda costa, dado que los objetivos de su ataque eran y siguen siendo neurálgicos para cualquier sistema político. Los delitos de la guerrilla, aunque tipificados en los códigos legales, no son usuales en el plano de la delincuencia: están dirigidos contra el Estado y sus aliados, contra sus estructuras, sus verdades y a sus agentes. La muerte de soldados, policías, los secuestros de empresarios, el asesinato de personajes de la alta sociedad, los bombazos a instituciones públicas y bancarias dejan claro que la lucha es contra el sector que dirige la economía y en contra de la estructura policíaca y militar en la que ésta se apoyaba. En pocas palabras, estos delitos se dirigen contra ese sector que detenta y ejerce el poder de manera sistematizada. La Penitenciaría de Oblatos es el lugar a donde se llevaba a todos esos detenidos; como institución La Penal era un punto que se cerraba a la vida. Dentro de él estaban adscritos decenas de funcionarios que en conjunto representaban esa parte del juego cuyo propósito era la contención y el estudio de los guerrilleros. La mayoría de esos funcionarios eran quienes instituían la directriz de la legalidad, partiendo del castigo en contra de aquellos que habían desviado el camino.

    Los policías, (los prácticos) de derecho penal y los profesores de derecho, tienden más bien, a hacer propia la perspectiva y planteamientos del mandante político, por que están acostumbrados a considerar la violencia como objeto de controles sociales, que sólo tienen que ver con los productos individualmente imputables de un largo proceso de generación de violencia.20

Fue la estructura administrativa y carcelaria de Oblatos la que hizo posible la contención del movimiento guerrillero en Guadalajara. Tres directores en el periodo de estudio que fue de 1973 a 1977: Emilio Gómez Pérez, Arnoldo Robles Villaseñor y Pedro Parra Zenteno. Para la Cárcel de Mujeres situada dentro de Oblatos haré mención a dos directoras; Araceli Souza Dueñas y Estela Marina Alarcón Rocha. Vendrán después los jueces de distrito, los agentes del ministerio público, los magistrados, los agentes policíacos federales, judiciales, municipales, rurales y los psicólogos del reclusorio. Todos ellos con nombre y función; identificables y operando unidos en un juego para comprimir a un sector especifico. En contraste a esas presencias, la voz de los detenidos no aparece por ningún lado; sin ella no hay argumento, no hay más razones que las que le colocan sus captores para señalarlos como criminales, anularlos, reducirlos y presentarlos como lo que el Estado quería que los guerrilleros fueran: enemigos del país, asesinos, dementes, malos mexicanos, enfermos mentales. Es en el silencio contenido en esos primeros momentos que se construye el estigma de los guerrilleros como enemigos de la sociedad; se los encapsula como signos del terror y del crimen. De la detención a la presentación ante los medios, terminan siendo más que una serie de fotografías a las cuales se les ha dotado de un significado; los aprehensores dicen quienes son ellos. Los carceleros creen saber lo que hicieron los guerrilleros, porqué merecen el desprecio y el castigo de las autoridades. Evidentemente el poderío organizativo del Estado pudo más que las estrategias de lucha de la guerrilla. Encima de la superioridad del sistema policíaco, se encontraba como eje de su actuar la consideración de que al aniquilar a los guerrilleros, o reducirlos a prisión estaban cumpliendo con su deber fundado en la defensa de la nación. Guardando las proporciones y con una severa minucia, traigo a cuenta una reflexión que hace Jürgen Habermas, del libro Hitler´s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, de Daniel GoldHagen, en el cual nos habla sobre el argumento que tiene un ejecutor a la hora de disponer de la vida de su víctima. Acoto que de ninguna manera estoy poniendo en escala de comparación a la Guerra Sucia en México de los años setenta y las acciones del régimen Nazi. Sólo quiero situarme en ese aspecto cruel y a la vez intimo de la relación entre un torturador a punto de actuar y su victima:

    El mal no es la pura agresión como tal, sino aquella para la cual el ejecutor se cree autorizado. El mal es la inversión del bien. Que muchos ejecutores debían haber considerado legitimas sus acciones criminales en algo que Goldhagen apoya con muchos detalles: desde la despreocupación absoluta para en mantener el secreto hasta las obscenas sesiones fotográficas. Quien participa por convicción en unas prácticas que, según los estándares normales, son consideradas criminales y abominables por antonomasia, debe tener fuertes motivos normativos para justificar excepciones dramáticas de ese tipo21.

Sin duda, en relación al actuar de las corporaciones policíacas en contra de la guerrilla, encaja a la perfección con esta reflexión. Un vínculo dentro de una lucha llevada a los extremos. Ese argumento de defensa puede ser reducido a su mínima expresión: la de situar el vínculo de enemigos declarados entre sistema policíaco-carcelario y guerrilla, y la de entender al fenómeno de la rebelión pro-socialista de los setenta dentro de un marco de lucha que se libró dentro de México, entre individuos de la misma nación.

    Así, pues, el universo de lo político se estructura siempre e irremediablemente conforme a la relación amigo-enemigo, tanto hacía afuera, como, de rebote, también hacía dentro, en donde en una especie de depurador movimiento en espiral el sentimiento de la comunidad nacional se trueca en una auto-consciente voluntad de homogeneidad y en un correspondiente movimiento de exclusión y marginalización internas.22

Serán estas tres fuerzas de control policíaco: la DFS, la Brigada Blanca y el Servicio Secreto, las entidades más fuertes en el cometido del Estado mexicano por inhibir en sus avances a la guerrilla durante la década de los setenta en la ciudad de Guadalajara. Las tres representan en la escala de los eventos, el momento anterior a su ingreso a la penitenciaría de Oblatos. La DFS era la más importante en la lucha contra la guerrilla; estaba conectada de manera determinante con las corporaciones policíacas del estado de Jalisco; estas corporaciones reportaban a la DFS sobre los golpes asestados a la guerrilla a través de otras instancias más, como la policía municipal y la policía judicial del Estado de Jalisco.

  1. Jesús Zamora García es historiador egresado del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; se ha especializado en el movimiento guerrillero pro-socialista de la década de los setenta del siglo XX en el occidente del país.

    CITAS

  2. Adolfo Gilly, México: el poder, el dinero y la sangre, México, editorial Nuevo Siglo, 1996.
  3. Hago alusión a movimientos de rebelión y de lucha como los cristeros, jaramillistas o henriquistas por que los tres fueron enfrentados con mecanismos de guerra semejantes por el estado mexicano posrevolucionario. La guerra cristera fue un levantamiento armado dirigido por las Iglesia católica mexicana, ante las prohibiciones que decretó el estado sobre la organización y los rituales de los católicos; el efecto fue la rebelión y los cristeros fueron sus ejecutores en los años que fueron de 1927 a 1929. Rubén Jaramillo organizo la rebelión de campesinos cañeros en el estado de Morelos en el año de 1944. Los jaramillistas fueron perseguidos por el ejército mexicano hasta que el líder fue asesinado junto a su familia el 23 de mayo de 1962. Por otra parte, los henriquistas aparecen a principios de los años cincuenta como parte de la lucha por la presidencia que se daba dentro del Partido Revolucionario Institucional. Miguel Henríquez Guzmán encabezó un movimiento electoral que lo enfrentó al candidato oficial del PRI, Adolfo Ruiz Cortines en 1952. Mientras la prensa y las instancias electorales le daban en triunfo a Ruiz Cortines, los henriquistas se quejaron de fraude a la vez que celebraron “extra-oficialmente” su triunfo el mismo día de la elección. La policía y el ejército mexicanos llegaron con la orden de interrumpir la celebración y en la acción fueron muertos cerca de 200 henriquistas.
  4. Elisa Servín, El movimiento Henriquista y la reivindicación de la Revolución Mexicana, CIESAS, en página , última revisión 1 de septiembre del 2008.
  5. Francisco Pérez Arce, 1968-1988: años de rebeldía, México, ITACA, 2007, p. 28
  6. Héctor Eladio Hernández Castillo, en ¿Qué es un comando de resistencia popular?; escrito en noviembre de 1972 mientras se encontraba recluido en la Penitenciaría de Oblatos.
  7. Jürgen Habermas, La Lógica de las ciencias sociales, Tecnos, Madrid, 2000, p. 391
  8. Ídem.
  9. Con la pretensión de inhibir el avance del comunismo, desde las décadas de los cuarenta, se difundieron varias formas de propaganda en su contra, entre ellas, la que Franz Neumann califica como la Teoría de la conspiración comunista. No hay que olvidar, que aun antes de la aparición en forma de los grupos armados hacia 1973, ya corría por el ambiente nacional, la idea de la “conspiración comunista”. Esto desde que el gobierno de la república acusó a intereses extranjeros de estar detrás de los disturbios del 68. “La finalidad de la teoría es clara: la angustia potencial se actualiza con la referencia a los conspiradores diabólicos: la conspiración amenaza a la república, la propiedad, la moral, la religión. La angustia se convierte fácilmente en angustia persecutoria neurótica, que a su vez, bajo ciertas circunstancias puede llevar a un movimiento de masas totalitario”. Franz Neumann, El Estado democrático y el Estado autoritario, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 266.
  10. Francisco Pérez Arce, citado, p 29
  11. Tan sólo remito al lector a una de las hipótesis del libro La Charola de Sergio Aguayo (citado), en la cual el fundamenta que la guerrilla nunca fue una amenaza real, pero que fue utilizada por el Estado mexicano tanto para conseguir de Estados Unidos fondos para la lucha anticomunista, y para justificar un aparato de represión permanente.
  12. En su Enciclopedia Política, Rodrigo Borja establece que: “en estricto sentido, república no es una forma de Estado, sino de gobierno, con sus peculiares características. Se entiende por república la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado, en el marco de un régimen político electivo, representativo, alternativo y responsable”. Rodrigo Borja, Enciclopedia Política, FCE, México, 1997, p.1205.
  13. El Diario de Guadalajara, México, 16 de Septiembre de 1977.
  14. Jürgen Habermas, Jürgen Habermas/John Rawls. Debate sobre el liberalismo político, Madrid, Paidós, 1988, p.66.
  15. Jürgen Habermas, Facticidad y validez, citado, p. 413.
  16. Seyla Benhabib, "Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas," in Habermas and the Public Sphere, England, Ed. Feminism, the public and the private Oxford University Press, 1998, pp. 65-99.
  17. Uno de los argumentos que aquí se utilizan para explicar la severidad con que se persiguió al movimiento armado, se funda en el hecho de que la república, como sistema de gobierno, contiene elementos despóticos que adquirió en su proceso de formación a principios del siglo XIX, los cuales le permiten operar bajo una serie de acciones autoritarias. La gestación de la república se da en oposición al modelo monárquico heredado de la Colonia, que para la década de los veinte del siglo XIX, estaba siendo abandonado luego de la guerra de Independencia. El proyecto de unidad nacional republicano aboga desde sus orígenes por la cohesión en tanto concibe a la estructura social como un cuerpo que debe operar en una sola dirección: la trascendencia de la nación ante sus enemigos, sean estos externos o internos. Elías José Palti ubica esta aspiración unanimista como legado del antiguo régimen monárquico: “Para Véronique Hébrard, por ejemplo, el unanimismo tiene raíces absolutistas, antes que corporativistas; el mismo es, en realidad, un resultado del proceso del poder operado por los borbones. La “soberanía única e indivisible” del monarca será entonces transferida a las nuevas autoridades”. Elías José. Palti, “La transformación del liberalismo mexicano en el siglo XIX. Del modelo jurídico de la opinión pública al modelo estratégico de la sociedad civil”, Cristina Sacristán y Pablo Picatto coord., en Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de México, México, Instituto Mora/UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, p. 70.
  18. Lorenzo Meyer, Liberalismo Autoritario, México, Océano, 1995, p. 23
  19. Ibid.
  20. Jürgen Habermas, La necesidad de revisión de la izquierda, España, Tecnos, 1993, p. 238.
  21. Jürgen Habermas, La constelación posnacional, España, Paidós, p. 51.
  22. Jürgen Habermas, Facticidad y Validez, p. 46.


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