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En Sudamérica se produce aproximadamente 1.000 toneladas de cocaína al año


Informe de Francis Maertens y Amado Philip de Andrés

En su mayoría se envía a

10 millones de consumidores

en Estados Unidos y Europa

¿Por qué América Latina es vulnerable a la delincuencia en 2009?

En América Latina, la gente identifica las cuestiones económicas y la delincuencia como sus dos mayores problemas, y ambos están íntimamente interrelacionados, pues la delincuencia y la corrupción suelen dar al traste con el desarrollo económico. Países como Venezuela, Guatemala y El Salvador parecen los más preocupados por el aumento de los problemas que provoca la delincuencia, aunque en Colombia la delincuencia ya no es considerada la cuestión más apremiante.

Muchos de los países de la región son vulnerables a la delincuencia debido a las condiciones socioeconómicas. La desigualdad en los ingresos suele ir asociada a la delincuencia violenta, y América contiene algunos de los países con las mayores disparidades en riqueza del mundo. El pasado reciente de conflictos o regímenes autoritarios en muchos países latinoamericanos puede también generar problemas de delincuencia, pues el autoritarismo y la guerra civil pueden haber normalizado la violencia como medio para resolver disputas. Los conflictos introducen las armas pequeñas en una zona y enseñan las habilidades prácticas y psicológicas necesarias para su uso, mientras que la actuación policial autoritaria inculca malos hábitos en los servicios de seguridad y atrofia el desarrollo de las habilidades necesarias para el trabajo policial en la comunidad. Las percepciones de aumento de la delincuencia pueden espolear la demanda popular de que se recurra al ejército para que ejerza funciones policiales y de que se introduzcan leyes contra la delincuencia que reduzcan protecciones procesales, erosionando así los beneficios en materia de derechos humanos.

Estas vulnerabilidades son agravadas por la industria de la droga, especialmente por la producción, el tráfico y el consumo de cocaína. En América del Sur, la región andina produce la cocaína del mundo, que en su mayor parte procede de Colombia, Perú y Bolivia.

Se calcula que se producen al año 1.000 toneladas de cocaína, que en su mayoría se envía a 10 millones de consumidores en Estados Unidos y Europa. Los países vecinos son proclives a convertirse en países de tránsito, y otros aspectos de la industria también tienden a extenderse a medida que aumentan las presiones de la aplicación de la ley. Esto puede verse actualmente en los casos de Venezuela, Panamá y Costa Rica. En 2007 y 2008, el aumento de los decomisos de cocaína de las que se informaron desde Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay sugiere que el tráfico a través del Cono Sur podría haber aumentado durante ese periodo.

Cálculos citados a menudo por las agencias de aplicación de la ley en los últimos años sugieren que desde América del Sur se envía alrededor de 450 toneladas de cocaína (el 46 por ciento de la producción de 2006 y el 44 por ciento de la de 2007) a los mercados de América del Norte, pero esta cantidad está disminuyendo. Otras 250 toneladas (el 25 por ciento de la producción) van a los mercados de Europa, y esta cantidad está aumentando. La mayor parte del resto, equivalente a unas 170 toneladas de cocaína pura, es confiscada en los propios países productores de coca. El resto se consume en la región y en otras partes del mundo.

Por lo menos desde 2006, los traficantes comenzaron a utilizar de forma creciente rutas terrestres para transportar la cocaína desde Colombia a través de Venezuela (y, en menor medida, Ecuador) hasta Estados Unidos y Europa. De los decomisos realizados en la región, el 54 por ciento fueron en rutas terrestres y el 44 por ciento, en el mar. Las autoridades colombianas calculan que el 78 por ciento podría transportarse finalmente por mar, en embarcaciones rápidas (el 65 por ciento) u otro tipo de barcos. También calculan que el 55 por ciento de la cocaína producida en América del Sur se transporta por el pasillo México-Centroamérica hacia América del Norte.

El pasillo centroamericano

La Evaluación Interorganismos del Movimiento de la Cocaína estadounidense (IACM, por sus siglas en inglés) calcula que en 2006 podrían haber salido entre 530 y 710 toneladas de cocaína de América del Sur en dirección a Estados Unidos. De esta cantidad, se cree que casi el 90 por ciento ha pasado por el pasillo México-Centroamérica en 2006. La IACM concluye que el 66 por ciento de la cocaína que salió de América del Sur hacia Estados Unidos en 2006 circuló a través del vector del Pacífico oriental, lo que representa un aumento en comparación con la misma cifra del año anterior (el 50 por ciento).

El predominio del pasillo de tránsito centroamericano es reciente. Los carteles colombianos de Cali y Medellín preferían el pasillo caribeño, que utilizaban desde finales de la década de 1970. En la década de 1980 la mayor parte de la cocaína que entró en Estados Unidos llegó desde el Caribe hasta el sur de Florida. Pero los éxitos en la interdicción hicieron que los traficantes modificaran sus rutas. En 1998, cerca del 58 por ciento de la cocaína se transportaba a través de Centroamérica/México, el 30 por ciento a través del Caribe y el 11 por ciento a través de buques mercantes o vuelos comerciales directos.

En 1999, las entradas por la frontera mexicana disminuyeron hasta casi el 54 por ciento, las procedentes del Caribe aumentaron hasta alcanzar el 43 por ciento y sólo el 3 por ciento llegó directamente de América del Sur. En 2000, las proporciones se desplazaron hasta el 66 por ciento procedente de Centroamérica/ México y el 33 por ciento del Caribe, con una disminución del uso de Haití y Puerto Rico y un aumento del uso de Jamaica. En 2003, la proporción era del 77 por ciento a través de Centroamérica/México y el 22 por ciento a través del Caribe. En 2006, se decía que el 90 por ciento llegaba a través de Centroamérica, dos tercios procedente de la costa del Pacífico y el 8 por ciento a través de la Hispaniola.

Este cambio en los patrones del tráfico se ha atribuido a la actuación de las agencias de aplicación de la ley. Otra posible explicación es la tendencia a largo plazo hacia el dominio mexicano de los mercados de cocaína estadounidenses. En la década de 1980, los grupos colombianos utilizaban a los carteles mexicanos sobre todo para transportar cocaína a Estados Unidos. Pero dado que los traficantes recibían su pago en cocaína, supuestamente recibiendo la mitad del envío desde la década de 1990, sólo era cuestión de tiempo para que comenzaran a dominar todos los aspectos de la industria. Hoy, aunque los grupos colombianos y sus socios dominicanos siguen controlando el noreste, los grupos mexicanos están haciendo peligrar la posición de otras organizaciones en todo el país. Los grupos colombianos/ dominicanos tradicionalmente han preferido usar el Caribe, mientras que los mexicanos prefieren el pasillo centroamericano. Aunque los colombianos continúan controlando el suministro al mercado europeo, los traficantes mexicanos tienen también una presencia en él. En 2007, las autoridades mexicanas decomisaron 48 toneladas de cocaína, más del doble de la cantidad decomisada en 2006. El Caribe sigue siendo una plataforma competitiva

Sin embargo, el abandono del uso del Caribe podría ser efímero. El Caribe es un centro del contrabando desde hace siglos. En el pasado, la circulación de cocaína oscilaba entre los dos pasillos, en respuesta a la actuación de las agencias de aplicación de la ley y de otros factores. Es probable que el Caribe mantenga su atractivo para los traficantes por diversas razones. Mientras los grupos traficantes colombianos sigan siendo un factor, es probable que continúen utilizando tanto a los grupos de delincuencia organizada mexicanos como otras redes de tráfico para transportar sus drogas. Además, la importancia que siguen teniendo los grupos de expatriados caribeños en la venta al por mayor y al por menor de cocaína en Estados Unidos, sobre todo en el noreste, probablemente promoverá las rutas de tráfico controladas del Caribe.

El Caribe tiene lazos lingüísticos, históricos, comerciales y jurídicos con algunos de los principales países consumidores, que abarcan su masiva industria turística. Estos lazos incluyen vuelos y tráfico de contenedores directos a diario. El torrente de remesas procedentes de las poblaciones expatriadas, así como una gran industria de servicios financieros, proporcionan una tapadera para el blanqueo de dinero.

Por tanto, a pesar de los cambios recientes, siguen atravesando el Caribe grandes cantidades de drogas. En 2005 se calculaba que pasaron por Jamaica cerca de 10 toneladas de cocaína y

20 toneladas por Haití y la República Dominicana.

Más recientemente, parece que la Hispaniola ha adquirido aún más importancia, y el número de traficantes dominicanos detenidos por las autoridades federales en Estados Unidos ha crecido.

Las autoridades dominicanas decomisaron 3,8 toneladas de cocaína en 7.342 decomisos en 2007, lo que sugiere que gran parte del tráfico es a pequeña escala. Los traficantes dominicanos también han establecido una presencia en Europa, donde los dominicanos fueron el 4 por ciento de los traficantes de drogas extranjeros detenidos en Italia en 2006 y el 17 por ciento de los traficantes de cocaína detenidos en España en 2007 (más de 500 personas sumados los dos países).

El sur del Caribe sufre también una presión cada vez mayor con el aumento del paso de drogas por Venezuela y el mercado europeo adquiere una importancia creciente. Recientemente, las Antillas Holandesas encabezaron los decomisos de cocaína percápita del mundo, pero parece que esta importancia ha disminuido, pues los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley han reducido drásticamente el movimiento de mensajeros desde los aeropuertos del Caribe holandés hasta los Países Bajos. Puede que estos esfuerzos hayan empujado el tráfico hacia el sur, hacia Trinidad y Tobago, donde los decomisos y la violencia relacionada con las drogas han aumentado en los últimos años. Hay mucho tráfico marítimo comercial entre Venezuela y estas islas, que están a sólo unos kilómetros de la costa venezolana. Este tráfico sirve de tapadera para los envíos de droga que pueden realizarse por mar o por aire.

El tráfico sigue dominado por los grupos colombianos y mexicanos; el papel que están desempeñando las bandas centroamericanas en el transporte de cocaína sigue sin ser claro y está sometido a cambios. Al parecer, gran parte de la cocaína que se envía a través del Pacífico entra directamente en México: en 2007, las autoridades mexicanas calculaban que el 57 por ciento de la cocaína que entraba en el país llegaba por mar. Pero parece que se está utilizando a los países de Centroamérica, y concretamente Guatemala y Honduras, como escalas para el transporte por carretera y por aire a México, así como para el tráfico en embarcaciones rápidas por la costa del Caribe. Aquí los centroamericanos podrían estar desempeñando un papel logístico.

Las maras (bandas callejeras) centroamericanas han sido asociadas a menudo con el narcotráfico, sobre todo desde que la operación estadounidense Escudo Comunitario comenzó a deportar a miembros de bandas en 2005. Entre los deportados había más de 2.000 miembros de la Mara Salvatrucha, una banda fundada por salvadoreños que actúa tanto en Estados Unidos como en Centroamérica. Pero hay aún razones para ser escépticos sobre el papel clave que puedan desempeñar los miembros de las maras en el narcotráfico transnacional.

Las bandas callejeras se hacen más sofisticadas y diversifican sus operaciones Las bandas callejeras suelen controlar los mercados de droga al por menor, pero también han sido acusadas de estar implicadas en el narcotráfico transnacional y de utilizar estos fondos para fomentar la delincuencia local. Por ejemplo, en varios países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, se considera que las bandas son el centro del problema de la delincuencia local y las estrategias contra la delincuencia más destacadas giran en torno a acabar con ellas.

Según la información recibida por la UNODC a través de fuentes que aplican la ley en Centroamérica y en México, se puede clasificar a las bandas juveniles activas en estas dos regiones en tres categorías:

- En primer lugar, jóvenes sin empleo que se unen a las maras y podrían estar vinculados a algún tipo de actividad delictiva, como las falsificaciones, el contrabando de cigarrillos, etc.

- En segundo término, bandas juveniles más organizadas con lazos organizativos que los unen a grupos de sicarios de carteles de la droga mexicanos (miembros de los carteles que se ocupan de ejecutar determinadas tareas). Según fuentes de los servicios de inteligencia mexicanos, estadounidenses y europeos, hay 5.000 “jefes” y “animadores” de bandas juveniles procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador muy activos en 200 “células” (unidades operativas) en 23 de los 32 estados de México.

- Tercero, según la policía federal mexicana, ciertos carteles de la droga mexicanos emplean directamente a una selección de miembros de las maras para operaciones concretas, como las de narcotráfico, prostitución y contrabando de armas y municiones. Según fuentes de los servicios de inteligencia mexicanos y centroamericanos, una de las redes de drogas mexicanas más mortíferas, el cartel del Golfo, recluta miembros de la banda MS-13 de El Salvador y kaibiles guatemaltecos desde mediados de 2007.

La nueva cruzada del presidente Felipe Calderón contra los carteles de la droga

En los últimos años, los carteles de la droga de México libran batallas cada vez más violentas entre sí, así como contra el gobierno mexicano. Tras tomar posesión de su cargo en diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón desplegó a miles de soldados federales en una ofensiva selectiva contra la violencia relacionada con las drogas. Pero el número de víctimas mortales sigue aumentando. En 2007 hubo más de 2.500 muertes relacionadas con las drogas, y la cifra anual subió a más de 4.000 a finales de 2008. Los asesinatos y las batallas callejeras con armas de fuego son sólo parte de un problema más arraigado que incluye unas fuerzas policiales corruptas y un poder judicial que se está adaptando al modus operandi recientemente más sofisticado del narcotráfico. Las reformas policiales y judiciales adoptadas son un paso en la dirección correcta, pero hará falta tiempo para aplicarlas. Mientras tanto, se considera que hace falta una mayor cooperación y una cooperación sostenida desde Estados Unidos para poner freno a la violencia relacionada con las drogas.

Cerca del 90 por ciento de la cocaína que entra en Estados Unidos ha pasado por México, según el Informe de la Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes de 2008 del Departamento de Estado. La vasta industria de la cocaína está controlada por carteles con base en zonas fronterizas y a lo largo de la costa meridional. Tres grupos —el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo y el cartel de Tijuana— están implicados en una guerra territorial cada vez más violenta sobre rutas de tráfico y “plazas” o pasos fronterizos. Según la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa18, y otros funcionarios del gobierno mexicano, esta amenaza se ve exacerbada por las armas de fuego que se están introduciendo de contrabando en México desde Estados Unidos a través de los 3.000 kilómetros de frontera común.

La violencia alcanzó niveles extremos en 2006 y desde entonces no ha hecho más que empeorar las decapitaciones se hicieron habituales y los carteles empezaron a difundir vídeos en los que documentaban muertes horripilantes —los “narcomensajes”— para amenazar a los carteles rivales y a las autoridades. Aunque inicialmente la mayor parte de la violencia era entre miembros de carteles, en los dos últimos años, se han convertido en víctimas frecuentes de homicidios relacionados con las drogas agentes de policía, periodistas y políticos. En mayo de 2008, por ejemplo, el jefe en funciones de la policía federal de México fue asesinado por este motivo.

En diciembre de 2006, el presidente Calderón desplegó a unos 36.000 soldados para trabajar con la policía federal en nueve estados, incluidos Michoacán, Guerrero y lo que se conoce como el Triángulo de Oro, formado por Sinaloa, Durango y Chihuahua. Estas tropas erradican cultivos, recogen información, llevan a cabo redadas, interrogan a sospechosos y confiscan contrabando.

Algunos expertos afirman que el gobierno de Calderón no tenía ninguna otra buena opción para enfrentarse a los carteles de la droga. Mientras la corrupción policial parece impregnar los niveles federal, estatal y local, se considera que el ejército bien entrenado y disciplinado. Además, la opinión pública mexicana respeta al ejército. “El ejército y la iglesia son las dos instituciones más respetadas en México”, dice David A. Shirk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego y editor de un reciente libro sobre la reforma judicial en México. Desde la indignación pública que provocó la protesta estudiantil de 1968 de cuya represión se ocupó el ejército, este mantiene su reputación guardando las distancias con la opinión pública. Como consecuencia, a diferencia de lo que sucedió en numerosos países latinoamericanos, el ejército se abstuvo de injerir en política en las décadas de 1970 y 1980.

Ciertos analistas dicen que el despliegue del ejército para hacer frente a la violencia de la droga lo ha hecho vulnerable a la misma corrupción que infecta a la policía. Además, México y Centroamérica necesitarían unidades antinarcóticos especializadas mejor entrenadas y bien equipadas para combatir eficazmente la delincuencia organizada en los ámbitos federal, estatal y regional. Esta solución reduciría el riesgo de que se recurra de forma continua a la actuación militar en detrimento de un trabajo policial en la comunidad eficaz, de la cooperación entre organismos y de una colaboración eficiente del poder judicial y las agencias de aplicación de la ley entre estados.

Otros analistas afirman que el efecto de la política antinarcóticos en Colombia y México podría haber tenido un efecto dominó negativo en el aumento de la violencia y la actividad relacionada con las drogas en Centroamérica. Según esta hipótesis, el aumento del narcotráfico y de la violencia está provocado por un triple efecto: en primer lugar, la rivalidad entre grupos en organizaciones delictivas rivales para ampliar el alcance geográfico de sus operaciones y su cuota de mercado. En segundo término, como en el caso de Guatemala y Belice, la permeabilidad de sus fronteras, la ausencia de coordinación entre diferentes organismos para generar información y de evaluaciones eficaces de la amenaza han aumentado aún más su vulnerabilidad frente a los grupos de delincuentes organizados que actúan en sus territorios. Tercero, la necesidad urgente de reforzar el Estado de derecho con jueces y fiscales bien preparados y una policía nacional dotados de medios viables para luchar contra el narcotráfico y contener la violencia.

En 2007, el presidente Calderón y el presidente George W. Bush acordaron cooperar en sus esfuerzos antinarcóticos. Su reunión dio origen a la Iniciativa de Mérida, un plan de 1.500 millones de dólares para combatir el narcotráfico en México y Centroamérica durante tres años. La iniciativa, que aprobó el Congreso estadounidense en junio del 2008, asignó 400 millones de dólares en el 2008 a adquirir equipos como helicópteros, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones de México y su capacidad para vigilar el espacio aéreo, reforzar los programas existentes para profesionalizar a la policía mexicana y proporcionar tecnologías avanzadas a las agencias de aplicación de la ley mexicanas.

El 12 de enero de 2009, el presidente electo Obama se reunió con el presidente Felipe Calderón para hablar de la creciente violencia relacionada con las drogas (así como de asuntos relacionadas con el comercio, la seguridad y la inmigración). El presidente Obama anunció su apoyo a la Iniciativa de Mérida del presidente Bush y también se comprometió a respaldar la iniciativa del presidente Calderón de reducir el contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos a México. Las cuestiones de seguridad nacional derivadas de la entrada de armas de fuego ilegales desde Estados Unidos a México han contribuido a la sensación de urgencia en ambos países.

Poco después de la reunión entre el presidente Obama y el presidente Calderón, los senadores estadounidenses Kay Bailey Hutchison y Jeff Bingaman presentaron un proyecto de ley dirigido al contrabando de armas de fuego en México, que proporcionaba 30 millones de dólares para financiar el desarrollo del Proyecto Iniciativa Traficante de Armas, del Departamento de Justicia. Además, el presidente Obama ya se ha entrevistado con su recién nombrada secretaria para la Seguridad de la Patria, Janet Napolitano, para hablar de medidas destinadas a mejorar los mecanismos para compartir información con las agencias de aplicación de la ley del otro lado de la frontera.

En un contexto similar, el presidente Martín Torrijos de Panamá invitó su país a los presidentes Felipe Calderón, Álvaro Uribe (Colombia) y Álvaro Colom (Guatemala) el 15 de enero de 2009 para finalizar y respaldar una Declaración que lanza la propuesta de preparar un instrumento abierto a todos los Estados miembros de la región a reforzar la cooperación bilateral y multilateral con el fin de combatir eficazmente la delincuencia organizada, especialmente el contrabando de drogas y de armas, la trata de personas, el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas.

Blanqueo de dinero, delincuencia organizada y terrorismo en la región.

Unido al narcotráfico y a las operaciones de la delincuencia organizada relacionadas con él está la capacidad de blanquear dinero de los grupos delictivos. México, Centroamérica y el Caribe reciben una cantidad masiva de remesas y es frecuente la introducción clandestina de grandes cantidades de moneda estadounidense a través de México y Centroamérica. Tanto Panamá como El Salvador han dolarizado sus economías, y el uso del dólar en Panamá es una razón clave por la que el país sea tan atractivo para el blanqueo de dinero. Históricamente, el Caribe es susceptible al blanqueo de dinero por varias razones. Lleva mucho tiempo dedicándose a proporcionar servicios financieros en el exterior a los mercados estadounidenses y europeos, pero debido a su pequeña capacidad estatal, no ha contado con suficientes recursos de vigilancia. Físicamente está ubicado junto a una de las vías principales de la droga y el dinero en efectivo del mundo. El sector turístico genera numerosos negocios basados en el dinero en efectivo por los que puede circular el dinero sucio sin ser detectado.

En relación con el terrorismo en la región, al igual que en ciertas zonas del África Subsahariana, las diferencias sobre el terreno entre las sectas musulmanas chií y wahhabí y salafi stas sunníes parecen superadas por alianzas tácticas, sobre todo en relación con la circulación de dinero y la obtención de servicios como documentos de identidad falsos. Según Doublas Farah, autor de The Growing Terrorism Challenges from Latin America, en América Latina, Hizbulá (chií) y Hamás (sunní) 25 han desarrollado estructuras financieras complejas —aunque poco estudiadas—, en su mayor parte a través de las casas de cambio no reguladas y de las zonas de libre comercio de determinadas partes de la región, como la zona de libre comercio de Colón de Panamá, Isla Margarita en Venezuela, Ciudad del Este en Paraguay, la zona de libre comercio de Aruba y otros. Según este autor, la estructura general que permite que estos grupos trabajen juntos es la Hermandad Musulmana internacional, el único grupo panislamista que funciona desde hace varias décadas como puente entre las dos facciones. Esto no es más que un ejemplo de todo el espectro de la amenaza terrorista en la región.

También hay indicios, en forma de inscripciones de sociedades, de que estos grupos delictivos han establecido decenas de empresas en el exterior en Panamá y el Caribe. Además, estas empresas delictivas parecen tener tratos financieros con bancos concretos que a menudo están también implicados en actividades de blanqueo de dinero para carteles de la droga y otras transacciones ilegales.

En el Caribe, estos grupos delictivos tienen un largo historial de actividades bancarias que se remontan a 1982, cuando líderes de la delincuencia abrieron una serie de bancos, compañías de seguros y empresas fantasmas. Globalmente, estos bancos manejan miles de millones de dólares en transacciones e inversiones, según altos cargos del sector antiterrorista estadounidense.

Por otra parte, a las autoridades de la región les preocupa la “influencia creciente” de grupos radicales islámicos como amenaza para la seguridad marítima del Caribe, además de preocupaciones más tradicionales como las bandas organizadas, la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Soluciones globales para un desafío regional: ¿Está David preparado para combatir eficazmente contra Goliat?

El continente americano tiene un problema con la droga y la delincuencia: América del Sur produce casi toda la cocaína del mundo y América del Norte consume la mitad de ella (mientras que el resto va a parar a Europa). El hemisferio americano produce más de la mitad del cánnabis del mundo y el 10 por ciento de los norteamericanos lo fuma por lo menos una vez al año. El comercio ilícito de heroína, drogas sintéticas y precursores químicos se produce sobre todo dentro de la misma región. En resumen, la demanda de drogas de América es cubierta en gran parte por la oferta de América y, por tanto, el problema debe ser tratado como una cuestión de seguridad hemisférica.

Las víctimas son los países y comunidades atrapados entre dos fuegos. La delincuencia relacionada con las drogas y la violencia que esta alimenta en Centroamérica, partes del Caribe y México son una amenaza para la seguridad pública y un obstáculo para el desarrollo; el mayor temor de los inversores públicos y extranjeros.

Una aplicación endeble de la ley permite el narcotráfico, lo que, a su vez, sirve para debilitar aún más el Estado de derecho. No es ninguna casualidad que los países más afectados por el narcotráfico tengan algunos de los índices de asesinato más elevados del mundo. El narcotráfico también representa una amenaza para la seguridad urbana, desde Toronto hasta Tierra del Fuego. La violencia de las bandas en Centroamérica y el Caribe y la delincuencia relacionada con las armas de fuego aumentan, hasta el punto de que algunos barrios se han convertido en zonas de combate.

El problema está extendiéndose al otro lado del Atlántico. África Occidental sufre el ataque de los narcotraficantes latinoamericanos que se aprovechan de la fortaleza del euro y de la demanda creciente de cocaína en Europa. En los últimos cinco años, la cantidad de cocaína que circula por esta vulnerable línea costera ha aumentado a un ritmo exponencial.

Abordar la amenaza del narcotráfico en el continente americano es una responsabilidad compartida. Ningún país es inmune al problema: todos participan en él, sea como fuente de drogas, país de tránsito para el tráfico o como importador. La naturaleza transnacional del problema exige la cooperación regional, por ejemplo a través de las Naciones Unidas, la Iniciativa de Mérida, la CARICOM, la Organización de Estados Americanos y los bancos de desarrollo regional. También exige compartir más la información entre regiones, por ejemplo entre África Occidental y América Latina.

La asistencia bilateral e internacional puede reducir la vulnerabilidad frente a las drogas y la delincuencia. Esto incluye asistencia para el desarrollo destinada a promover la educación, el empleo, el desarrollo rural y la renovación urbana. También requiere asistencia técnica para mejorar la capacidad y la integridad en la aplicación de la ley y los sistemas de justicia para que puedan brindar mejor protección a testigos, contrarrestar el tráfico, luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero, proteger los derechos humanos, combatir la violencia de las bandas y enfrentarse a la grave delincuencia organizada.

Desde una perspectiva regional, Centroamérica, México y el Caribe afrontan actualmente la doble (a través del Caribe y de Centroamérica) que llega a Europa a través de África Occidental, al mismo tiempo que reduce las actividades de las bandas callejeras y combate eficazmente a la delincuencia organizada en todos sus frentes activos.

Reforzar el Estado de derecho puede dar rienda suelta al desarrollo, pues la reducción de la delincuencia representa el aumento del crecimiento y de la estabilidad. Por ejemplo, Haití y Jamaica podrían duplicar sus ingresos económicos anuales si consiguieran reducir sus índices de delincuencia al nivel de Costa Rica. Hacen falta una aplicación de la ley más eficaz y una mayor cooperación para hacer frente al narcotráfico en Centroamérica, México y el Caribe. La UNODC está trabajando muy estrechamente con los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México en la elaboración de un plan de acción para la región basado en la creación de centros de excelencia especializados en sofisticadas técnicas de vanguardia de seguridad marítima, antidelincuencia organizada, antiblanqueo de dinero, actuaciones antinarcóticos y cooperación judicial. Partes interesadas clave en la región, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea comparten también la responsabilidad de respaldar este proceso en curso.

La UNODC ha establecido asimismo una asociación estratégica con la CARICOM y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el Caribe y Centroamérica, respectivamente, para reforzar la seguridad y el Estado de derecho en estas regiones prioritarias.

Recomendaciones de política:

- Centroamérica, México y el Caribe afrontan actualmente una amenaza que representa un desafío en términos de narcotráfico y delincuencia organizada. Este panorama exige con urgencia un plan de acción que aborde el aumento del uso por el narcotráfico de una ruta doble (a través del Caribe y de Centroamérica) que llega a Europa a través del África Occidental, al mismo tiempo que reduzca las actividades de las bandas callejeras y combata eficazmente la delincuencia organizada en todos sus frentes activos.

- Al combatir esta amenaza, México y los países de Centroamérica y el Caribe consolidarán su desarrollo económico al mismo tiempo en que afiancen sus democracias y multipliquen sus industrias de servicios (especialmente el turismo) con un potencial enorme de crecimiento en Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, Haití y Jamaica podrían duplicar sus ingresos económicos anuales si lograsen reducir sus índices de delincuencia hasta el nivel de Costa Rica y México se convertiría por fin en un motor de crecimiento en América Latina y el Caribe.

- En este contexto, hace falta una estrategia de seguridad holística para el Caribe, que debe ser elaborada por los países de CARIFORUM (la CARICOM más Cuba y la República Dominicana) con la asistencia técnica de la UNODC y otras partes claves interesadas.

Centroamérica necesita también un plan de acción a medida para reforzar el Estado de derecho y combatir eficazmente la delincuencia organizada y el narcotráfico basado en la creación de centros de excelencia en la región, así como en la estrecha colaboración con Estados Unidos y Europa.

  • Fuente Fride

Bio autor: Francis Maertens

Actualmente, Maertens está liderando una reforma interna y operacional basada en la vertebración de programas integrados regionales y temáticos y en una eficiente movilización y utilización de recursos con el objetivo de maximizar la eficacia de UNODC multiplicando el espectro de servicios en regiones prioritarias.

Bio autor: Amado Philip de Andrés

Amado Philip de Andrés es representante regional adjunto para África Occidental y Central de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

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