La CONAIE frente a la Asamblea Constituyente

LA CONAIE FRENTE A LA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Propuesta de nueva constitución- desde la CONAIE- Para la construcción de un ESTADO PLURINACIONAL, UNITARIO, SOBERANO, INCLUYENTE, EQUITATIVO Y LAICO

(Documento de principios y lineamientos)

(Versión del 18 de septiembre de 2007)

0.- FUNDAMENTACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

Las propuestas constitucionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), tienen cuatro ejes fundamentales que se enmarcan dentro de la propuesta de estado unitario, equitativo, solidario, incluyente, soberano y laico:

1) La construcción de un estado plurinacional, que deseche para siempre las sombras coloniales y monoculturales que lo han acompañado desde hace casi 200 años.

2) La nacionalización y no privatización de la biodiversidad y los recursos naturales. El Estado debe recuperar su papel indelegable en el manejo de las áreas estratégicas y su soberanía imprescriptible sobre la economía y los recursos naturales y debe propiciar y garantizar el control de la sociedad sobre el sector y empresas públicas.

3) El reconocimiento de distintas formas de democracia y participación política en la definición de las políticas públicas, en la conformación de los órganos del poder público y en el control social de las autoridades públicas.

4) Los principales servicios sociales públicos no pueden ser tratados como mercancías sino como responsabilidad pública y el acceso a ellos un derecho humano, su cobertura será universal y obligatoria, que deben orientarse a la plena liberación de los seres humanos de toda forma de discriminación cultural y opresión social.

5) La construcción de un modelo económico social, solidario, ecológico, equitativo, soberano, planificado e incluyente.

El estado plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos. Es reconocer no solamente el aporte de los pueblos y nacionalidades indígenas al patrimonio de la diversidad cultural, política y civilizatoria del Ecuador, sino que buscar superar el empobrecimiento y la discriminación de siglos de las civilizaciones indígenas. Los pueblos y nacionalidades por sus peculiaridades socioculturales, políticas e históricas reclaman derechos específicos y que son aportes como valores simbólicos, formas de ejercicio de la autoridad y sistemas de administración social de enorme mérito y valor político.\\

Por todo ello, la plurinacionalidad no implica solamente una declaratoria formal en el artículo primero de la constitución, sino un cambio en la estructura del Estado y del modelo económico, en el marco del reconocimiento de niveles importantes de autogobierno territoriales y del manejo y protección de los recursos naturales, en el ejercicio de la autoridad sobre las instituciones que manejan asuntos de vital importancia como la educación y la salud, en el reconocimiento de la pluralidad jurídica, en la oficialización de los idiomas indígenas y la construcción de una verdadera interculturalidad sin imposiciones.

Recuperar la soberanía popular en el manejo de la economía parte de reconocer que hemos vivido 25 años de un modelo económico mucho más concentrador de la riqueza, promotor del despojo, de la desigualdad y de la delegación de la soberanía a los grandes monopolios del exterior. El objetivo y los principios de la economía no debe ser la rentabilidad, sino el bienestar humano, el vivir bien el sumak kawsay, La economía es solo una herramienta al servicio de la comunidad.

El Estado debe recuperar su papel en el manejo indelegable de la economía y de las áreas estratégicas, en la soberanía imprescriptible sobre los principales recursos naturales en acuerdo con las comunidades rurales, y en su papel redistribuidor de la riqueza. Para lograrlo, es imprescindible poner límites precisos a la concentración de la propiedad, a los monopolios económicos privados y subordinarla estrictamente a su función social. Pero también sabemos que el Estado obligado por el modelo neoliberal ha abandonado su papel como garante del bien común y ha sido privatizado por los grupos de poder que lo han usado en su beneficio; por ello su reforzado papel en la economía debe complementarse con un reforzado control de la sociedad sobre las empresas públicas, sobre su modo de funcionamiento y sobre la aplicación de las políticas que proclama.

La prioridad a la economía social, solidaria y colectiva debe expresarse en facilidades prácticas para acceder al crédito, los subsidios y las exenciones a la tributación, entre otras herramientas.

La nueva Constitución del Estado Plurinacional se contrapone al modelo de democracia liberal y escasamente representativa que se nos ha impuesto, que fracasó en responder a los anhelos de soberanía popular verdadera. No es aceptable seguir suponiendo que solo existe un modelo de representación y participación legítima. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador tienen alternativas prácticas que ofrecer para el control social del Estado y la economía, la participación directa y la actividad colectiva y organizada.

La soberanía popular debe ejercerse por una pluralidad de mecanismos democráticos: participativamente mediante asambleas y cabildos, consenso informado previo y referéndum, iniciativa ciudadana, rendición de cuentas y revocatoria del mandato; debe ejercerse representativamente mediante la elección de representantes mediante el voto universal y secreto y la paridad entre varones y mujeres; debe ejercerse comunitariamente mediante la designación de sistemas propios. Las elecciones mediante voto universal y secreto deben garantizar la representación de las minorías y favorecer los agrupamientos ideológicos en lugar de favorecer, como hasta ahora, la dispersión y la fragmentación individual de los movimientos. Hay que eliminar el privilegio del financiamiento estatal a los partidos políticos; pero también es necesario garantizar la igualdad de acceso a los medios de comunicación, principal herramienta de promoción durante las campañas electorales. Allí es donde el estado debe facilitar el acceso igualitario a franjas publicitarias.

No se trata solamente de tener servicios públicos de calidad, manejados eficientemente, sino de cambiar el modelo, la orientación y el sentido de su existencia. Educación para la liberación humana, Salud para la armonía entre el cuerpo, el espíritu y el ambiente, Seguridad para la tranquilidad y la paz pública y personal. Ninguno de esos bienes públicos puede ser considerado una mercancía y su provisión debe asegurarse por el Estado, por las comunidades organizadas y por asociaciones cuyo objetivo no es el lucro.

1.- EL ESTADO PLURINACIONAL

Objetivo 1: Lograr la declaratoria del Estado Plurinacional

El Estado colonial, con su carácter excluyente, injusto y oligárquico, se prolongó durante la República. Por eso, para los pueblos y nacionalidades, inspirados en su resistencia de siglos a la imposición colonial, el Estado Plurinacional es, en primer lugar, un modelo de organización política para la descolonización de nuestras nacionalidades y pueblos y para hacer realidad el principio de un país con unidad en la diversidad. En el marco de la actual coyuntura política y económica de América Latina, es una propuesta destinada a recuperar y fortalecer el Estado y a la sociedad para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía popular y superar el modelo económico neoliberal que lo ha privatizado, debilitado y utilizado para el beneficio de ínfimas minorías. Es una manera también de democratizar el Estado y recuperar el control social y comunitario sobre sus instituciones y políticas. Es un Estado que reconoce y posibilita el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales que promueva la organización, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y no solamente de ciertas regiones o sectores; permitiendo de esta manera superar la actitud colonial que margina, impone y somete a pueblos y nacionalidades. Es reconocer no solamente el aporte de los pueblos y nacionalidades indígenas al patrimonio de la diversidad cultural, política y civilizatoria del Ecuador, sino a buscar compensar el olvido, el empobrecimiento y la discriminación de siglos de las civilizaciones indígenas.

Las peculiaridades socioculturales y políticas de los pueblos y nacionalidades determinan su existencia como civilizaciones ancestrales, culturas milenarias y sociedades que aportan valores simbólicos, saberes, categorías de conocimiento, formas de ejercicio de la autoridad y sistemas de administración social de enorme mérito y valor político.

Por todo ello, el Estado Plurinacional no implica solamente una declaratoria formal en el artículo primero de la Constitución. La plurinacionalidad fortalecerá al nuevo Estado, mediante la consolidación de la unidad en la diversidad, destruyendo de este modo el racismo y el regionalismo. La plurinacionalidad promueve la equidad social y política, la justicia económica, la interculturalidad de toda la sociedad, y el derecho de las nacionalidades y pueblos al control territorial y a su gobierno comunitario dentro del Estado unitario, en igualdad de condiciones con los demás sectores de la sociedad. Implica ante todo una construcción desde abajo, desde las comunidades y pueblos del Ecuador, en cuya edificación trabajamos y seguiremos trabajando todos los días, con cambios legales, sin ellos o contra ellos.

Esto implica tres grandes dimensiones de la organización del Estado:

Primero, la construcción de una verdadera interculturalidad que implica la construcción de un proyecto de país entre todas y todos que propugne el respeto y valoración de toda forma de expresión cultural, de conocimiento y espiritualidad que exige la unidad de los pueblos y nacionalidades y de la sociedad entera como condición básica para una democracia plurinacional y una economía justa y equitativa.

Segundo, una transformación sustancial del Estado y de los poderes económicos, políticos y socioculturales hegemónicos Una democratización, un reconocimiento del control que la sociedad debe ejercer sobre los bienes y las políticas públicas. Esto significa la transformación de las principales instituciones del Estado central para reconocer allí la diversidad política y cultural de la nación ecuatoriana. Se trata de modificar la estructura de los tres poderes tradicionales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que ellos expresen verdaderamente la diversidad del país y acaten los mandatos de sus mandantes. En todos los poderes públicos debe ejercerse control social, la revocatoria del mandato y la rendición de cuentas; pero deben también modificarse las formas de la representación política y del ejercicio del poder público.

Tercero, el reconocimiento del autogobierno, expresado como gobierno comunitario, que no significa aislarse o encerrarse, sino reconocer el derecho de los pueblos a sus propias formas de autoridad, a un control desde las bases, desde las comunidades locales que forman parte de la organización de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, no indígenas y montubios. Implica reconocer un territorio no solo para reproducirse físicamente sino para practicar una forma de vida, un modo de vivir en el mundo, una civilización. El Estado plurinacional garantiza la existencia de gobiernos comunitarios para el manejo y protección de la biodiversidad y sus recursos naturales, y de las instituciones locales que manejan asuntos de vital importancia como la educación y la salud. El gobierno comunitario es un poder social, una expresión de la soberanía de la sociedad que puede y debe controlar a la administración del Estado.

El gobierno comunitario no implica crear un Estado dentro de otro Estado ni es un mecanismo para garantizar privilegios indebidos. El gobierno comunitario como parte de un Estado unitario, reconoce la autoridad del Estado ecuatoriano que se reserva la autoridad sobre varios de los principales ejes de la política del país (económica, militar, policial, de relaciones internacionales, entre otras). La presente propuesta de gobierno comunitario de la CONAIE se enmarca en el diseño de un Estado unitario.

En la siguiente sección presentamos la justificación del autogobierno indígena (aunque los gobiernos comunitarios pueden ser también formados por el resto de ecuatorianos), En las siguientes secciones la propuesta busca cumplir los otros objetivos: asegurar una auténtica política de interculturalidad y modificar radicalmente la estructura de poder del Estado.

Objetivo 2: Precisar derechos, atribuciones y garantías de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas dentro del territorio nacional y de su autogobierno.

Las innovaciones de la actual propuesta son las siguientes: se establece un procedimiento y requisitos para la delimitación de los territorios de pueblos y nacionalidades; se eliminan juntas parroquiales, tenencias y jefaturas políticas en los territorios de pueblos y nacionalidades; las atribuciones de estos autogobiernos basados en el control territorial efectivo incluyen la capacidad de decidir sobre el uso, manejo y conservación de todo su patrimonio natural y cultural. Esa decisión será vinculante y obligatoria en aplicación de los principios del consentimiento informado previo y de precaución frente a toda intervención que pudiera poner en riesgo dicho patrimonio.

El autogobierno territorial de los pueblos y nacionalidades fue ya reconocido en la Constitución de 1998. La presente propuesta se inscribe en el marco de tres problemas políticos que deben abordarse para hacerla realmente viable y transformadora.

Uno: la relación con el resto de gobiernos locales

La relación del gobierno comunitario con el resto de autonomías territoriales se puede resolver mediante el tratamiento de las competencias y atribuciones que ellas tienen.

En la Constitución actual existe plena libertad para solicitar competencias de manera desordenada: la descentralización es estrictamente voluntaria. La nueva Constitución deberá mantener en parte este voluntarismo pero, en aras de darle mayor coherencia a la gestión pública, esas competencias deberían estar más claramente definidas en tres o cuatro canastas de competencias que los gobiernos seccionales podrían asumir de acuerdo a sus capacidades. El gobierno comunitario podría asumir esas competencias de manera parecida al resto de gobiernos locales autónomos. Sin embargo, existen ciertas atribuciones específicas que derivan de las particularidades culturales de los pueblos indígenas: a diferencia de otras autonomías territoriales, los autogobiernos deberían empezar con atribuciones de cultura, educación, salud, planificación del manejo de los espacios de vida (biodiversidad y patrimonio natural), resolución de conflictos internos, representación externa y justicia comunitaria. Luego, pueden definirse canastas de competencias que los gobiernos seccionales asumirían de acuerdo a sus posibilidades entre los cuales figuran los gobiernos comunitarios indígenas (competencias en obras de infraestructura; cobro de impuestos o regalías, control y fiscalización ambiental; desarrollo económico; etc.).

El otro aspecto complejo se refiere a la delimitación territorial de los gobiernos comunitarios. Es un aspecto delicado porque Municipios y Consejos Provinciales opondrán mucha resistencia al cercenamiento de sus territorios. En este sentido, los gobiernos regionales como los que propone el gobierno nacional parece adaptarse mejor a los gobiernos comunitarios. Debido a lo complejo de este reordenamiento territorial, es imprescindible que el mecanismo para definir el territorio indígena sea lo más transparente, democrático y legítimo ante el resto de actores sociales y políticos. La propuesta indígena plantea la realización de un plebiscito local que exprese la voluntad territorial de constituirse como gobierno comunitario y no la aprobación por parte de un órgano de poder nacional.

Dos: la diferencia con las autonomías enarboladas por la derecha política

Lo esencial es el respeto al principio básico de la equidad territorial. Las propuestas indígenas buscan ser incluyentes y no excluyentes. Se asientan en poblaciones y territorios empobrecidos y discriminados por el modelo económico y cultural dominante y busca por lo tanto fortalecer las posibilidades de manejo propio de esos territorios para evitar la sangría de sus recursos y la descapitalización de sus tierras. La propuesta de la derecha quiere asentarse en grupos de elites de territorios enriquecidos que quieren reservarse el dominio exclusivo sobre las riquezas a costa de las regiones empobrecidas.

Las autonomías territoriales tal como las demandan los pueblos y nacionalidades deben respetar la equidad en la distribución de los recursos económicos (con fondos de compensación, por ejemplo) para evitar la profundización de las desigualdades regionales y sociales.

Tres: el modo de elección de las autoridades

Frente a la radical crisis de la democracia y de la representación, los pueblos y nacionalidades indígenas tienen una alternativa para lograr una efectiva soberanía social de los pueblos sobre el Estado. Como toda construcción humana, tiene sus fallas y dificultades. Pero es una alternativa con grandes virtudes y no puede ser descalificada porque no se ajusta a los mecanismos electorales convencionales que ahora se quieren imponer en todo el mundo. Los pueblos y nacionalidades tienen usos y costumbres para elegir a sus autoridades y esas autoridades deben ser consideradas legítimas representantes de esos pueblos y nacionalidades. De todas formas, los pueblos y nacionalidades no rechazan el sistema de elecciones universales y secretas, sino que pueden usarlo en combinación con sus propios mecanismos de nominación y remoción de sus autoridades.

2.- RÉGIMEN POLÍTICO

Objetivo 1: Reconocer y valorar las diversas formas de democracia existentes en el país, que no se restringen a la democracia liberal y que son parte de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas y sus prácticas ancestrales.

El Estado Colonial ha configurado un solo tipo de democracia posible, la democracia liberal, cuando el Ecuador es una sociedad pluricultural, en la que conviven distintos pueblos y nacionalidades que han desarrollado distintas formas de entender la democracia y de ejercitarla. Los pueblos indígenas cuentan con una antigua tradición en el ejercicio de formas de democracia que no solo no han sido reconocidas por el Estado ecuatoriano, sino que incluso han tratado por siglos de ser exterminadas. El reconocimiento de un Estado Plurinacional implica también el reconocimiento de las diversas maneras de ejercer la democracia. Este reconocimiento abrirá enormes posibilidades de aprendizaje intercultural y de enriquecimiento del sistema democrático ecuatoriano, de modo que los ecuatorianos podamos contar con una verdadera democracia, más participativa y profundamente arraigada en nuestra historia y en nuestras raíces culturales. Algunos ejemplos de estas prácticas ancestrales de ejercicio democrático son: el consenso comunal andino, la revocatoria del mandato, la construcción comunitaria de un mandato para las autoridades y el principio de mandar obedeciendo.

Objetivo 2: Garantizar la representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas en todas las instancias públicas, en la Asamblea Plurinacional (poder legislativo), en los cargos de libre remoción y como funcionarios públicos. Las autoridades de las instituciones indígenas en el Estado deben ser elegidas por los pueblos y nacionalidades.

Objetivo 3: Lograr el reconocimiento práctico del pluralismo jurídico, es decir, el reconocimiento de los sistemas legales indígenas con sus autoridades propias, su jurisdicción y sus competencias. La Corte Suprema de Justicia creará una sala de Justicia Indígena que trate casos civiles y penales.

Los pueblos y nacionalidades indígenas durante siglos han desarrollado sistemas propios de aplicación de justicia, pese a los innumerables intentos de exterminio de estas prácticas ancestrales. Se trata de sistemas que están guiados por la necesidad de reparar el daño y de reinsertar al contraventor en la vida comunitaria. El ejercicio de justicia es parte del proceso de gobierno comunitario de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador y componente sustancial del Estado Plurinacional.

Objetivo 4: Democratizar la democracia, radicalizarla, cualificarla y desmercantilizarla; generar mecanismos para asegurar la participación de la sociedad en la vida pública y fortalecer los vínculos entre los representantes y los representados

La democracia ecuatoriana atraviesa una profunda crisis de representación. Existe una distancia muy grande entre representantes y representados. Por otra parte, la sociedad de mercado ha transformado en mercancía incluso a la política. Ya no se discuten tesis o propuestas, sino que la participación electoral se ha convertido en un ejercicio de mercadeo en el que tienen mayores posibilidades de acceder a cargos de representación popular quienes mayores recursos económicos poseen.

Los partidos y movimientos políticos lejos de ser los representantes de intereses sociales en disputa en la esfera pública, se han convertido en grupos de amigos liderados por caudillos, que imponen sus ideas a sus seguidores. El debate político se ha debilitado enormemente. De ahí la necesidad de impulsar cambios profundos al sistema electoral y al sistema de partidos, cambios que apunten a recuperar el rol de la sociedad en la vida pública y a construir una democracia verdadera, más incluyente y más participativa.

Democratizar los partidos y movimientos políticos a su interior.
Garantizar la representación de las minorías.
Distritos electorales plurinominales en todas las provincias.
La Asamblea Plurinacional (poder legislativo) tendrá una sola cámara con >diputados provinciales y nacionales, la cual tendrá la facultad exclusiva de legislar.
Permitir la revocatoria del mandato para todas las autoridades públicas de elección popular, incluyendo el Presidente / Vicepresidente de la República;

Garantizar la realización de consultas populares convocadas por la sociedad, o por el Presidente de la República, incluso para la realización de una Asamblea Plurinacional Constituyente, o para realizar cambios constitucionales.

Prohibir la propaganda electoral privada en medios de comunicación. Garantizar la participación electoral a través de propaganda equitativa para todos los partidos y movimientos políticos.

Prohibir que gente corrupta de los partidos políticos tradicionales puedan ser candidatos, confiscar sus bienes y quitarles los derechos políticos.

Garantizar la organización popular y promover la formación de líderes y liderezas.

Garantizar la participación social en todos los espacios de decisión y control de la gestión pública: Presupuesto participativo obligatorio, Rendición de cuentas, Comités locales. Las autoridades deben presentar un plan participativo con metas claras y ser sancionados si no las cumplen.

Crear un cuarto poder del Estado, nombrado mediante elección popular, cuya función exclusiva será la de fiscalizar a toda institución estatal y a toda autoridad pública, que debe responder administrativa y políticamente. Se crearán además Asambleas provinciales y cantonales como instrumento de control social.

Se suspenderán los fueros y las inmunidades para todos los estamentos del Estado

Las nacionalidades indígenas y afroecuatorianas tendrán representación directa en todas las instancias, sin discriminación alguna.

Toda autoridad debe responder administrativa y políticamente.

Objetivo 5: Despartidizar los organismos de control. Los delegados de estos organismos deben ser elegidos por concurso de merecimientos y oposición y poseer probidad notoria. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción debe salir de los Órganos de Control y se llamará Comisión Anticorrupción y cumplirá las siguientes funciones:

Emitir políticas anticorrupción que tengan también carácter preventivo
Realizar auditorias ciudadanas con la participación ciudadana, de los pueblos y nacionalidades y afroecuatorianos
Realizar control social con las participación de las nacionalidades y pueblosindígenas y afroecuatorianos
Las resoluciones de la Comisión Anticorrupción tendrán poder coercitivo

Los miembros de la Comisión serán representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas, de los trabajadores, de los campesinos, de los afroecuatorianos, de los organismos de derechos humanos. Estas representaciones tendrán equidad de género.

Objetivo 6: El Tribunal Supremo Electoral debe estar formado por una Corte (organismo de control electoral) y un Instituto (a cargo de la organización de las elecciones). Los partidos y movimientos políticos deberán estar representados en el Instituto Electoral, no así en la Corte.

Los vocales de la Corte Electoral deberán ser designados por la Corte Suprema de Justicia en un concurso público de merecimientos y oposición en el que se asegure la participación de las organizaciones sociales (derecho a impugnar candidaturas). Los pueblos indígenas deben tener una cuota en el TSE y enviar ternas a la CSJ para que seleccione a los representantes de los pueblos indígenas en el TSE con base a méritos.

La partidización de los organismos de control debilita la democracia y la corrompe. Los tribunales son cortes en las que se ejerce justicia y los jueces no pueden ser a la vez parte de los conflictos que dirimen. Los pueblos indígenas son parte de la sociedad y es importante reconocerles un derecho que les ha sido negado por siglos.

Objetivo 7: Promover el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de las fuerza pública y afianzar su rol dentro del Estado y la sociedad ecuatoriana.

Para profundizar la democracia es importante construir una sociedad cuyos valores fundamentales sean la paz y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Las fuerzas del orden se deben a la sociedad y a la democracia.

Que las fuerzas armadas se sometan a la justicia ordinaria
Servicio militar voluntario
Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional deberán dejar de inmediato cualquier otro tipo de actividades que no estén dentro de su misión y funciones específicas y previa una auditoria de dichas actividades.
La Asamblea Plurinacional (poder legislativo) autorizará para la suscripción de cualquier convenio de cooperación militar y no gozarán de fuero
La fuerza pública estará sujeta al control de los organismos del Estado designados para esta función y al control de la sociedad
Eliminar toda forma de discriminación en las Fuerzas Armadas.

3.- MODELO ECONÓMICO

3.1. Principios generales

Objetivo 1: Desmontar el modelo económico neoliberal y reemplazarlo por un modelo de economía soberano, ecológico, planificado, equitativo, solidario, propiciador de la igualdad, recíproco, intercultural, participativo, comunitario y social, pensando en las generaciones futuras.

Durante las últimas décadas de aplicación del modelo neoliberal el campo, sectores económicos y sociales estratégicos han sido desmantelados y postergados, se debe colocar, entonces, atención prioritaria en el desarrollo del sector rural, la soberanía alimentaria, la educación y la salud de la población. Estos son pilares para un desarrollo equilibrado y armónico en reciprocidad campo y ciudad, y de todas las regiones, pueblos y nacionalidades del país.

El nuevo modelo económico debe regirse por principios de intercambio equitativo, reciprocidad y distribución solidaria como sus pilares fundamentales, es necesario hacer rupturas con los postulados del sistema capitalista que centra su accionar en la explotación de los seres humanos y de la naturaleza. Una propuesta en la que el derecho a la vida y la supervivencia esté por sobre el derecho del capital. Un modelo para todo el país que se preocupe y responda a las demandas y necesidades de todo el Ecuador y no solo de determinadas regiones, ciudades o grupos de poder. La economía debe estar basada en principios ancestrales como el sumak kawsay que propone el buen vivir, en el principio de reciprocidad fomentado por las comunidades en prácticas como la minga, el randy randy, el cambia mano o maki mañachi. Principios que cuestionan radicalmente la acumulación económica como fin de la economía.

La propuesta económica deberá fomentar la convivencia armónica de las personas y los pueblos entre sí y con la naturaleza. La biodiversidad y la naturaleza no son una mercancía más que se compra y se vende y a la que se explota irracionalmente, la naturaleza es la pachamama, somos parte de la misma, por tanto la relación con los componentes del entorno natural debe ser respetuosa.

Objetivo 2: Cambiar el orden de prioridades en la protección a las formasde propiedad privilegiando la propiedad comunitaria y pública. El Estado reconoce y garantiza la propiedad pública, privada, comunitaria y colectiva. La propiedad privada y pública están sujetas a regulaciones y al cumplimiento de la función social, y se acogen a normas participativas de respeto a la naturaleza.

Durante el período neoliberal la propiedad pública estatal fue reducida, es preciso recuperar la presencia estatal, esto implica que las privatizaciones y las vías utilizadas para este fin se descartarán totalmente. Se debe fortalecer, estimular y proteger la propiedad comunitaria y colectiva como mecanismo para propiciar la justicia sociocultural y económica y superar las desigualdades estructurales del país. Se prohíbe toda forma de monopolios, oligopolios y oligopsolios privados. Los monopolios, oligopsolios y oligopolios bajo el postulado de la libre competencia han aumentado arbitrariamente su lucro. Es preciso sancionar las uniones o agrupaciones de empresas que constituyan abuso de poder económico, para esto el Estado debe regular la participación equitativa de los pequeños, medianos y grandes productores en los mercados nacionales o de exportación, evitando todo intento de dominación por parte de un solo grupo.

Objetivo 3: Revertir la entrega del patrimonio ambiental y natural de los ecuatorianos. El Estado desconocerá toda concesión petrolera y minera que se haya hecho irrespetando el marco jurídico, las normas ambientales, socioculturales de los pueblos y nacionalidades, que no cumplan con la función social, que no hayan respetado el principio del consentimiento informado previo y que constituyan monopolios u oligopolio privados.

Las comunidades, nacionalidades y pueblos, exigen ser incorporadas en las decisiones que el Estado toma respecto a petróleo y minas. Los años de explotación petrolera lejos de impulsar políticas que beneficien a los territorios donde yacen los pozos, solo han traído contaminación y destrucción de la naturaleza y enfermedades a los habitantes de estas zonas. Este es un tiempo para transformar esta situación, las comunidades deberán ser consideradas actores en las políticas petroleras y mineras que tome el Estado

Objetivo 4: Reorientar el régimen tributario. Los que más tienen más pagan. El cobro de impuestos se hará sobre la base del principio de redistribución de la riqueza y de equidad territorial. El Servicio de Rentas Internas debe cobrar impuestos sobre la base de la riqueza acumulada para evitar la evasión de impuestos a los que más tienen asegurando su redistribución a los que menos tienen y a favor de las regiones y zonas económicamente desfavorecidas.

Durante estos años de saqueo hemos sido testigos de la evasión tributaria por parte de quienes más tienen y la ampliación de las desigualdades territoriales. Los grandes monopolios, las grandes empresas se han inventado una serie de subterfugios para no pagar los impuestos y el Estado bajo el modelo neoliberal ha sido cómplice y encubridor de tal situación. Es hora de que la riqueza se redistribuya, que exista claridad y transparencia sobre los lugares en los que se genera la riqueza, que el desarrollo se base en una planificación de la inversión pública que invierta más en las regiones que han sido histórica e injustamente empobrecidas. Un cobro adecuado de impuestos colabora para la brecha entre ricos y pobres disminuya. Serán exceptuadas del pago tributario las personas de la tercera edad y discapacitados.

Objetivo 5: El sistema financiero deberá cumplir una función social y solidaria, bajo el principio de que el dinero no pertenece a los dueños de las instituciones financieras, sino a los depositantes. El Estado estimulará y propiciará los sistemas financieros comunitarios de micro crédito orientados al desarrollo de los sectores más necesitados.

El sistema financiero ecuatoriano lejos de fortalecer el desarrollo equitativo del país refuerza las disparidades económicas ya que permite a pequeños grupos de poder la acumulación de ganancias desmedidas a costa de los pequeños ahorristas y de todo el país a través de medidas como el salvataje bancario. El Estado deberá ejercer mayor control sobre el sistema, privilegiar la redistribución de la riqueza, pero además fomentar la inversión en el propio país. Si fuere del caso, se tomarán medidas para castigar la salida del dinero al exterior, práctica usual del capital financiero.

El Estado actualmente no regula las prioridades para la inversión, la definición de líneas crediticias está determinada por los niveles de ganancia para el banco y no por una planificación de la producción y consumo nacionales, se debe pensar en un sistema que priorice la inversión para la producción interna. Los bancos y cooperativas deben abrir líneas especiales de crédito para la pequeña y mediana producción, con bajo interés y garantía accesible que no hipoteque la tierra. Los sectores populares organizados y los no organizados están alejados de las actividades financieras, es importante desarrollar entidades financieras comunitarias a través de las instituciones establecidas en la ley.

Para esto se propenderá a unificar esfuerzos con los pueblos afro - ecuatorianos y los montubios.

3.2. El papel del Estado

Es indispensable clarificar la noción que los pueblos y nacionalidades tienen sobre el papel del Estado en la protección, administración y control sobre los recursos naturales y sobre los sectores estratégicos de la economía. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador reconocen la propiedad pública sobre los recursos naturales y sobre las áreas estratégicas de la economía. Reconocen también que la administración estatal no siempre ha respondido a los intereses públicos de todos los y las ecuatorianas. Por ello, la propiedad pública y la imposibilidad de concesionar o privatizar ciertos recursos o áreas de la economía debe complementarse con renovados controles sociales sobre las empresas públicas y sobre las instituciones encargadas de velar por la correcta utilización del patrimonio común.

El derecho de los pueblos y nacionalidades a proteger y planificar el uso de sus territorios y sus espacios de vida debe ser entendido como una forma de asegurar ese control social y popular sobre la administración estatal

Objetivo 1: El Estado deberá organizar, planificar y evaluar los impactos de las políticas económicas. Para ello debe constituirse un poderoso Consejo Plurinacional de Planificación del Estado. Se debe fortalecer el control y la participación social sobre ese mismo estado para garantizar el respecto a las necesidades de la comunidad. En este marco debe definirse una propuesta de desarrollo con identidad.

El Estado debe construir un modelo de desarrollo con identidad que recupere y reconozca las prácticas comunitarias ancestrales de relación entre los seres humanos y la naturaleza. Un modelo diferente: padre y madre. La planificación, control y regulación permanente del desarrollo de la economía son criterios que rigen la vida del Estado ecuatoriano. La contraparte en la regulación de la economía es la sociedad, que debe organizarse a través de diversos mecanismos para ejercer control social sobre las políticas económicas.

Es necesario construir de manera participativa políticas de Estado a mediano y largo plazo que determinen la administración del mismo, superar prácticas clientelares y la improvisación. En este marco se debe elaborar el Presupuesto General del Estado de los períodos presidenciales. La participación de la sociedad, de los gobiernos locales, seccionales es fundamental en este proceso. El Estado debe garantizar partidas presupuestarias para todas las Instituciones propias de los pueblos y nacionalidades. El seguimiento y evaluación de la ejecución tanto de las políticas de Estado como del Presupuesto General la harán los gobiernos locales, los Autogobiernos y la sociedad civil.

Múltiples son los ámbitos en los que la población debe involucrarse para que la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas económicas sea una práctica efectivamente democrática, entre otras mencionamos las siguientes:

la administración y co-administración de los espacios de vida (recursos naturales) en las respectivas jurisdicciones;
el manejo, cuidado y administración de recursos económicos y naturales.

Objetivo 2: Nacionalización, recuperación y desprivatización de los recursos naturales. Es importante recuperar el principio de áreas estratégicas de la economía (petróleo, minas, agua, energía eléctrica, ondas electromagnéticas o radioeléctricas frecuencias), páramos y sistema nacional de áreas naturales protegidas, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, vías de comunicación) las que serán declaradas áreas y recursos estratégicos del Estado y de todas las ecuatorianas y ecuatorianos y: los cuales no podrán ser privatizados, ni concesionados.Se ejercerá sobre la propiedad pública un efectivo control social para garantizar que sea administrada en beneficio de la comunidad.

La provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias entre otros debe estar a cargo del Estado, se garantizará la dotación de los servicios básicos a toda la ciudadanía, privilegiando a los sectores más necesitados: Las experiencias de privatizaciones de estos servicios muestran que la empresa privada no es más eficiente y equitativa que el Estado. Es primordial que el Estado en su gestión responda a principios de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad y eficiencia; además debe cuidar que sus precios o tarifas sean equitativos.

Objetivo 3: Recuperar el control sobre el petróleo. La exploración, explotación, manejo, industrialización y comercialización del petróleo, incluyendo sus derivados, es decir toda la cadena productiva, estará en manos de Estado y con una progresiva y efectivo control social de las poblaciones asentadas en los territorios y en las zonas de afectación. Con tal fin:

Se establecerá el principio del consentimiento informado previo de las comunidades afectadas, previa cualquier licitación exploración y explotación. Este es un derecho inalienable de los pueblos y nacionalidades y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

Se debe revertir la privatización de los recursos petroleros y sus derivados.

Objetivo 4: Se prohíbe expresamente la participación de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, y otros con la misma característica de las Fuerzas Armadas, seguridad privada en convenios para prospección y explotación petrolera y minera con empresas transnacionales o nacionales.

Las Fuerzas Armadas deben cumplir con su rol de defensa de la soberanía nacional y de las y los ecuatorianos, por lo tanto no podrán prestar servicios a empresas transnacionales o nacionales, pues esto atenta contra los derechos humanos de los miembros de las comunidades.

Objetivo 5: El Estado estimulará y fomentará los modelos productivos (empresarial, agrícola, pecuarios, turísticos, artesanales) de pequeña y mediana producción, principalmente la comunitaria y colectiva.

La economía de mercado ha centrado su accionar en los grandes grupos económicos, de manera especial en los agro-exportadores. Bajo los supuestos neoliberales de eficiencia, eficacia y competitividad los medianos y pequeños productores han sido excluidos del mercado. Sin embargo, no se considera que la economía que permite la vida cotidiana en el país esté sobre los hombros de la pequeña y mediana producción.

La pequeña y mediana producción campesina sostiene la alimentación de las ciudades. Se propone, entonces, que el Estado cree condiciones que garanticen el adecuado y equilibrado funcionamiento del mercado nacional, con la activa participación de los medianos y pequeños productores.Los créditos históricamente han favorecido a los grupos vinculados con la banca, mientras que los sectores pequeños tuvieron menos posibilidad de acceder a estos servicios. Es importante establecer políticas que otorguen créditos con intereses bajos y preferenciales. Esta propuesta se complementa otorgando asistencia financiera y técnica, asistencia que debe dar cuenta de la realidad local y no de la implementación de modelos abstractos sin previo análisis.

Objetivo 6: El Estado promoverá políticas especiales para que las mujeres, las personas de tercera edad, discapacitados y los jóvenes tengan una inserción adecuada en la economía del país.

Pese a las leyes, decretos e intenciones que gobiernos, ONG´s y agencias de cooperación han hecho, la situación de las mujeres y de los jóvenes en el ámbito económico en general y laboral en particular, sigue siendo muy inequitativo y excluyente. Esto da cuenta de que muchas de las medidas tomadas son parches y no se ataca a la raíz del problema. Los esfuerzos están dispersos, tanto el Estado como las organizaciones no han hecho un trabajo profundo para responder a las necesidades de mujeres, jóvenes y discapacitados. Se propenderá a pensar en políticas integrales de atención a mujeres y jóvenes para lograr una inserción adecuada en la economía del país.

Objetivo 7: Las entidades financieras del Estado como el Banco Central y las superintendencias de Compañías y de Bancos, dejarán de ser autónomas; sus roles deben ser claros y definidos y cumplir todas las normas constitucionales.

La autonomía de estas entidades financieras ha servido para que la banca privada, el Fondo Monetarios Internacional, el Banco Mundial metan mano en la decisiones soberanas del Ecuador, privilegiando así a los grupos dominantes y de poder.

3.3. El régimen agrario

Objetivo 1: Priorizar en la política del Estado la soberanía alimentaria.

El Estado estimulará y fomentará la recuperación, la producción agropecuaria para el mercado interno, basada en la producción familiar, comunitaria, colectiva y solidaria. Por ello será prioridad del Estado el desarrollo productivo agropecuario, se pondrá énfasis en el desarrollo de las pequeñas economías agrarias, pesqueras, artesanales, acuacultura y pecuaria

Siguiendo la corriente de la globalización neoliberal, los agronegocios se convierten en una gran amenaza. A esto se suma el peligro de la siembra de productos para biocombustibles. La soberanía que un país debe desarrollar en torno a la alimentación de su pueblo dejó de ser prioridad nacional. A la par de estos cambios económicos en las economías campesinas se promulgó una ideología que coloca de lado, que resta valor al trabajo de los/as campesinos/as. Esto ha ahondado la desvinculación ya existente entre el campo y la ciudad, disminuyendo la posibilidad de encuentro entre productores y consumidores, lo que deja un espacio amplio para la especulación y enriquecimiento de unos pocos. Urge colocar otra propuesta para el agro, que centre en la visión andina de vida y que va más allá de la producción por la ganancia, sino que, además, implica un conjunto de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza de reciprocidad y respeto. Esto implica:

El acceso a la tierra, agua, crédito, asistencia técnica y recursos para producir alimentos propios.
La recuperación de semillas propias.
La recuperación, promoción e impulso de los modelos productivos indígenas y campesinos.
Impulsará una cultura que valore en su justa dimensión al campo y que preserve su cultura alimenticia con productos sanos, libres de productos transgénicos.
La prohibición de la siembra de productos (maíz, soya, caña, etc.) para producción de biocombustribles.
El fortalecimiento de la investigación y la socialización de los resultados a los campesinos
Políticas que regulen los precios asegurando la venta en condiciones en condiciones de equidad de la pequeña y mediana producción.

Objetivo 3: El Estado debe propiciar una Reforma Agraria Integral, entendida como la redistribución equitativa de la tierra, el agua y demás recursos productivos, que elimine la concentración privada de los medios de producción en manos de pocos y que impida la creación de monopolios, oligopolios y oligopsonios en el campo

Un tema central para fortalecer los niveles comunitarios en el campo es una reforma agraria ecologista que no se limite a la repartición de la tierra, sino que coloque a la agricultura y a la soberanía alimentaria como objeto central del Estado. El fomento de la agricultura familiar reforzará la democracia, el sentido comunitario y el cuidado de la biodiversidad agrícola y permitirá revalorizar el trabajo de las mujeres. El Estado dictará políticas que fortalezcan la pequeña economía campesina, colocará como objetivos facilitar el acceso a la propiedad de la tierra de quienes necesitan para trabajar en ella, el desarrollo económico, la elevación del nivel de vida, la redistribución de la riqueza y de los ingresos. Es necesario recolocar la tierra, el agua y los recursos productivos como derechos de los productores y no como mercancías. Fortalecer la visión indígena respecto a la propiedad de la tierra y demás recursos para evitar la compra-venta de los mismos.

Objetivo 4. El acceso al agua debe ser considerado un derecho humano y un bien público. Por lo tanto, la propiedad del agua es del Estado respetando los derechos colectivos, los usos y costumbres de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Su manejo será sustentable, colectivo y comunitario por parte de los usuarios.

Considerar el agua como un derecho humano implica reconocer sus funciones sociales:

a) para satisfacer las necesidades humanas,

b) para garantizar la soberanía alimentaria y

c) para contribuir al desarrollo nacional.

En coherencia con esas funciones, el orden de prelación en su uso será el siguiente: a) consumo humano, doméstico y riego destinado a asegurar la soberanía alimentaria, b) riego agroindustrial y empresarial, c) uso energético e industrial, d) otros usos.

El Estado deberá garantizar su disponibilidad en calidad, cantidad y continuidad necesaria. El agua potable, el riego y el saneamiento son servicios públicos cuya provisión y prestación son de responsabilidad exclusiva del Estado. Esta disposición no es aplicable en el caso de las juntas de agua potable comunitarias y las asociaciones de usuarios de riego.

Para garantizar la disponibilidad de agua, la preservación de las fuentes de agua es esencial y ellas no pueden, por tanto, ser sujetas a posesión o apropiación. Aquellas fuentes de agua que se encuentran dentro de los territorios indígenas deben ser controladas y manejadas por las propias comunidades indígenas, a través de planes de manejo elaborado por las propias comunidades, mismos que deben ser financiados con presupuesto del Estado. El Estado declarará a los páramos como fuente principal del agua y su biodiversidad será considerada como un bien social.

Es necesaria una institucionalidad pública nueva para la administración del agua que supere la dispersión, incoherencia y fragmentación actual. Esa instancia de manejo del agua con participación social debe planificar y dictar políticas sobre uso y manejo del agua, debe controlar la efectiva aplicación de esas políticas y debe administrar, gestionar y ejecutar allí donse sea necesaria. Su funcionamiento debe cumplir con los siguientes criterios:

Garantizar la participación de las comunidades indígenas y campesinas en la planificación, control y uso del agua.

Reconocer el papel de los campesinos e indígenas en el mantenimiento y preservación del agua y sus fuentes (páramos)
Fomentar la planificación agrícola regional con la participación de las comunidades. Dentro de esta planificación se establecerán mecanismos para la protección del páramo y para la existencia de una vida digna de sus habitantes.

Impedir la concesión, privatización y cualquier forma de apropiación del agua y sus fuentes.

Objetivo 5: Se restablecerán los modelos productivos que respeten la naturaleza como la agricultura agroecológica y los saberes ancestrales de producción, ubicando a la producción de pequeña y mediana escala, y la soberanía alimentaria como estrategias viables.

El modelo preponderante se basa en la sobreexplotación de la naturaleza. Por eso, la propuesta cuestiona la revolución verde y el monocultivo que por un lado invisibiliza el saber ancestral, y por otro lado atenta contra la diversidad, no solo de los procesos productivos sino de la diversidad de los mismos.

La producción rural y urbana será planificada y sustentable, reestructurando la producción de acuerdo a las prioridades nacionales de consumo interno y beneficiando a los pequeños y medianos productores. Esto implica que el Estado retome un rol fuerte de regulación, ejecución e intervención del agro, el sector artesanal y pesquero. En este marco, se afianzarán políticas de financiamiento y crédito a bajo costo que estén acompañadas de capacitación financiera y técnica; y la promoción de la inversión pública en investigación como línea prioritaria para el desarrollo del sector agropecuario.

Objetivo 6: El Estado debe crear y mantener un seguro agropecuario, pesquero y artesanal para la pequeña producción destinada al consumo y mercado interno que garantice la producción del país, para tal efecto el estado emitirá políticas de regulación de precios.

Para visibilizar a la economía familiar campesina e indígena como sujeto de las políticas públicas y las acciones del Estado para el desarrollo de la agricultura y soberanía alimentaria nacional.

Objetivo 7: Se crearán centros de investigación y producción de ecosistemas naturales y se prohibirá la sustitución de especies nativas por exóticas. El Estado prohíbe la introducción de organismos manipulados genéticamente y de especies exóticas de los cuales el Ecuador sea centro de origen o diversificación

Debido a la visión de desarrollo extractivista, economicista y con tintes coloniales presente en el Estado y en la sociedad nacional, la naturaleza ha sido vista como una fuente de recursos económicos y no como un todo que debe respetarse y cuidarse para la propia existencia de los seres humanos. Esta visión ha tenido como correlato la destrucción de los ecosistemas de todas las regiones del país y la sustitución de las especies nativas por las exóticas. En los últimos años se intenta ampliar la rentabilidad de los cultivos introduciendo organismos manipulados genéticamente que son un peligro para la salud humana, la naturaleza y la soberanía alimentaria.

Objetivo 8: El Estado tomará medidas preventivas para frenar el proceso de degradación y desertificación de los suelos, provocados por los monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos. Se incentivará y apoyará integralmente la rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados, y se fomentará la diversificación de la producción y el desarrollo de tecnologías adecuadas con el medio ambiente.

El Estado debe cuidar y garantizar el buen uso de los suelos, evitar la contaminación, la conservación, control y manejo de los recursos naturales no renovables, será realizada considerando como prioridad nacional, el equilibrio ambiental, la soberanía alimentaria, el derecho de las futuras generaciones de beneficiarse de ellos.

4.- DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES

En el proceso de lucha histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en el levantamiento de 1990, se propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de la República, la Asamblea se cristaliza en 1998, donde los distintos movimientos sociales, entre ellos el movimiento indígena mediante presión social y movilización logran conquistar la inclusión de derechos colectivos específicos para los pueblos y nacionalidades indígenas. Estos derechos deben ser defendidos y profundizados.

Es pertinente presentar, para la nueva constitución, nuevas propuestas de derechos que atañen a las especificidades de los pueblos y nacionalidades amparadas en los convenios, pactos, tratados y otros instrumentos internacionales.

Objetivo 1: Profundizar y defender los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Ratificamos todos los derechos colectivos conquistados por los pueblos y nacionalidades indígenas en la Constitución de 1998 (Art. 83, 84 y 85 del cap. V sección 1ª. Adicionalmente se incluirán,

En el Ecuador históricamente han coexistido diversas culturas, diversas maneras de conocer, de interpretar el mundo, de relacionarse con el entorno y con la sociedad, otras formas de desarrollo, de vivir el presente y de imaginar el futuro. Aquellas culturas han sido históricamente reprimidas, y subordinadas. Los esfuerzos de interculturalidad no son posibles cuando las culturas están subordinadas a una cultura dominante. Por eso, es necesario repensar al Ecuador desde una perspectiva incluyente, no de subordinación, donde todos y todas tengamos el derecho a vivir según nuestros usos y costumbres y el derecho a abrir espacios de diálogo y de generación de nuevos saberes a partir de esos diálogos entre las culturas.

La interculturalidad implica un cambio total de actitud y ello se consigue con movilización social. El planteamiento de la sociedad intercultural, comprende un proceso de vivencia humana entre culturas diferentes en una relación recíproca de valores en donde cada ser cultural va fortaleciéndose en su propia identidad. Por tanto concomitantemente al concepto de interculturalidad está la concepción de identidad.(MOSEIB)

El reconocimiento y garantía del sistema de los conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas y de la existencia de otras formas de entender el mundo, el país y de otras epistemologías, conocimientos
La interculturalidad es un derecho y una política para todas y todos los ecuatorianos
Las tierras comunitarias estarán exentas de pago de impuesto predial y el estado no tendrá la facultad para declarar de utilidad pública (Art. 84 inciso 2do)
El Estado garantizará la constitución de gobiernos comunitarios en los territorios de las nacionalidades y pueblos, la promoción y aplicación de los derechos colectivos.
El Estado garantizará la autonomía de las instituciones indígenas así como la conservación y desarrollo de las formas propias de organización de los pueblos y nacionalidades y la libre autodeterminación en sus decisiones
La administración pública y la administración de justicia, en particular, atenderán a los pueblos y nacionalidades indígenas en sus propias lenguas y culturas en sus lugares de uso, así como garantizarán la empatía con la administración de justicia indígena como un derecho legítimo e inalienable.

Se reconocen los sistemas legales indígenas con sus autoridades propias, su jurisdicción y competencias y gratuidad del acceso a la administración de justicia, para garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos.

El Estado garantizará y respetará el derecho de autodeterminación de los pueblos libres de contacto a permanecer en aislamiento voluntario como un derecho humano fundamental e inalienable, por lo tanto garantizará la soberanía y no intervención del Estado, ONGs, empresas nacionales, internacionales, mixtas o de individuos extraños en el territorio donde ellos habitan, y, se prohíbe el desplazamiento o traslado de estos pueblos de sus territorios de origen en el que milenariamente se encuentran asentados. Es obligación del Estado de respetar el derecho a la vida y a la supervivencia de los Pueblos libres de contacto.
En los territorios de los pueblos indígenas debe regir el principio del consentimiento informado previo sobre planes y programas de prospección y explotación de los recursos renovables y no renovables que se hallen en sus tierras y territorios, y tendrán la capacidad de vetarlos cuando los afecten ambiental y culturalmente. De ser aprobados estos planes y programas los pueblos involucrados deberán participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causaren
Los conocimientos tradicionales y la tecnología indígena son colectivos. Estos conocimientos y tecnologías deben ser declarados como derechos fundamentales y patrimonio cultural de las y los ecuatorianos. Se debe garantizar, a través de una ley secundaria, que las transnacionales no patenten los conocimientos ancestrales.
Se garantiza además el derecho de los pueblos y nacionalidades a la restitución de los elementos naturales, culturales, intelectuales, sagrados y espirituales de los que tradicionalmente fueron propietarios en sus territorios y la soberanía para administración de los mismos en los territorios habitados milenariamente.

Objetivo 2: Los medios de comunicación son de carácter social. El Estado garantizará el derecho a fundar medios de comunicación y al acceso a frecuencias de radio y Televisión en igualdad de condiciones ycon equidad, sin discriminación de ningún tipo. El Estado debe garantizar la democratización del CONARTEL, integrando dentro de sus miembros a delegados de los distintos sectores sociales del país.

Los medios de comunicación deben democratizarse, los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos así como los sectores sociales y comunitarios tienen derecho a establecer sus propios medios de información y comunicación intercultural, en su propio idioma que priorice la participación. Durante estos años hemos sido testigos de cómo los grupos de poder se han apoderado de los medios de comunicación y han manipulado la opinión pública a su antojo favoreciendo sus intereses y fortaleciendo un sistema de exclusión basado en una matriz colonial, expresada en el racismo y el sexismo. El acceso a los medios de comunicación es fundamental para una sociedad más democrática, incluyente, participativa, equitativa e intercultural donde se promueva el diálogo de saberes y el respeto por todos los seres humanos.

Al ser los medios de comunicación de carácter social, no pueden ser la herramienta de quienes detentan el poder económico para imponer sus agendas y defender sus intereses como si fueran los intereses de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Se debe apoyar las propuestas de comunicación de carácter popular que entre otros sectores, los pueblos, las nacionalidades indígenas y los afroecuatorianos promuevan, dándoles preferencia en la consecución de frecuencias y al mismo tiempo se debe impulsar, mediante políticas especiales, los programas de carácter educativo y formativo en todo el país. Las comunidades indígenas han solicitado frecuencias de radio y televisión por años, sin embargo, este pedido no ha sido atendido por parte del CONARTEL, limitando a los pueblos indígenas a difundir su cultura, valores, educación y a que participen activamente en la vida local y nacional.

Por el función social de la comunicación, los que tengan medios de comunicación no pueden dedicarse a otra actividad económica, como financiera, entre otros.

Objetivo 3: Profundizar el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales marcándolos por la noción de interculturalidad

Es necesario replantear el sentido de la educación, de una educación vista solo para la reproducción del sistema hacia una educación liberadora, que promueva la autonomía de las personas. Uno de los ejes para el desarrollo de las culturas y para el ejercicio de la interculturalidad es la incorporación al sistema educativo de las lenguas de los pueblos y nacionalidades. Es imposible promover esas lenguas (y por lo tanto esas culturas, esas otras maneras de entender el mundo) si no hay un esfuerzo nacional y colectivo. Es imposible un país intercultural si ese es un trabajo solo de los pueblos y nacionalidades indígenas. La interculturalidad es un asunto de todos los ecuatorianos.

La garantía de una educación con calidad implica un sistema de formación a los maestros y maestros, tanto en el dominio de las lenguas, como en su formación pedagógica, científica, cultural. Educación que promueva la investigación tanto de los etno-conocimientos como de procesos pedagógicos. Una educación para toda la vida significa que las personas adultas estén en permanente formación, formación para mejorar su calidad de vida, para comprender mejor lo que sucede en su espacio local, en el país, en el mundo, formación de líderes, formación política.

Las lenguas que no se utilizan se pierden. Cuando una lengua se pierde desaparece una visión del mundo, una manera de entender el universo, se pierde la cosmovisión, se pierde un eje fundamental de una cultura. Las lenguas y las culturas de los pueblos y nacionalidades deben impulsarse, no perderse, es por eso que ese impulso necesita de la garantía del Estado, a través de la promoción cultural y de las lenguas.

La concepción de cultura debe hacer honor a un país plurinacional. La cultura debe ser entendida de manera más amplia y no solo desde una perspectiva occidental. No se puede hablar de país plurinacional e intercultural si las instituciones que trabajan con la cultura no se reorganizan, no trabajan desde esta perspectiva.

Durante siglos se ha desconocido la existencia de culturas que han resistido. La historia oficial solo ha relevado la de quienes han detentado el poder. Mujeres, indígenas, negros, pobres que han resistido han quedado por fuera de la historia. La refundación de un país pluricultural pondrá énfasis en esta historia de lucha y resistencia. La cultura indígena debe trascender el tratamiento de folklore.

Los pueblos y nacionalidades indígenas durante siglos han acumulado conocimientos astronómicos, agrícolas, medicinales etc. Estos conocimientos son un aporte al país y al mundo por lo tanto deben ser valorados tanto como los conocimientos provenientes de la academia occidental. En un país para todos y todas no pueden existir conocimientos que valgan menos. Dadas las condiciones de desigualdad e inequidad que han reinado en el Ecuador, el acceso a la tecnología ha sido reducido al grupo que ha gozado de los privilegios, es necesario que la tecnología sirva para todos y para alcanzar la igualdad en su acceso se deberá privilegiar a quienes históricamente han sido despojados y marginados.

La salud tradicionalmente se ha tratado como la ausencia de enfermedad, como un servicio o como una mercancía al alcance solamente de quienes pueden pagarla. Desde la perspectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas, la salud es el buen vivir. La salud no es solo un problema del cuerpo sino del espíritu, por lo tanto no se compra, no es solo un servicio sino que es un derecho y el rol del Estado es garantizarlo. En este país intercultural donde la cultura dominante ha desconocido maneras de vivir y formas tradicionales de enfrentar la enfermedad, es necesario reconocer esas otras formas, pero además es importante ponerlas en diálogo con la medicina occidental, medicina intercultural no solo para pueblos y nacionalidades indígenas sino para el conjunto de los y las ecuatorianas.

Las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas y las mujeres afroecuatorianas a pesar de cumplir roles preponderantes en la sociedad nacional, de ser las productoras de alimentos del campo para el país, de ser las reproductoras de la cultura, de aportar con conocimientos para la conservación de la biodiversidad, de la etno-botánica, y aunque la ley dice que existe igualdad entre hombres y mujeres, han sido las más excluidas de políticas diferenciadas y específicas; y han sido las más discriminadas dentro de la sociedad nacional en todos sus niveles.

Si bien, las mujeres con su lucha han conquistado derechos, estos no responden a las realidades de vida de todas las mujeres, prueba de ello las Comisarías de la Mujer y la Familia que no tienen facultad para administrar justicia, mucho peor se ha considerado la administración de justicia desde las particularidades socioculturales de las mujeres de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas.

Del trabajo. Garantizar el empleo digno a los pueblos y nacionalidades del Ecuador con igualdad de oportunidades, con equidad en las remunera-ciones, seguro social y de género. No será obligatorio pertenecer a las Cámaras para ser parte de cualquier gremio

La familia. El Estado reconocerá y protegerá a la familia como parte fundamental de la comunidad o territorio y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, en tal virtud garanti-zará el patrimonio familiar a favor de las hijas e hijos, para asegurar su derecho a la supervivencia
La identidad. El Estado garantizara el Derecho a la identidad de los/as niños/as en las inscripciones de acuerdo a los usos y costumbres de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y de acuerdo a lo estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia y Convenios Internacionales.
Educación. La educación es laica, universal, gratuita y de calidad. Promueve el respeto a los derechos humanos, la creatividad, la reflexión, la resolución de problemas, el conocimiento de la realidad, la libertad y la autonomía de las personas. La educación es un derecho universal, para toda la vida, el pénsum de estudio debe estar en concordancia con la realidad ecuatoriana y se debe garantizar su aplicación con calidad.

La educación es intercultural para todas y todos los ecuatorianos. Se garantiza el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe que es de administración autónoma y tiene rango descentralizado en función de las culturas, es de carácter fiscal y gratuito desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, este último se ejecutará a través de una Universidad Indígena. El castellano y el kichwa se utilizarán como lenguas oficiales de relación intercultural para el país. El shuar y los demás idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas; el idioma inglés, el francés y otras lenguas extranjeras son opcionales como tercera lengua. La bandera, el escudo, el himno y los símbolos de las nacionalidades son símbolos de la patria. La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB y de sus dependencias deberán contar con una partida presupuestaria específica

Culturas. Se reconocerá la coexistencia de varias culturas en el Ecuador, se impulsará su legítimo desarrollo, incluyendo el lingüístico, se promoverá el uso de las lenguas de los pueblos y nacionalidades, se impulsara la reformulación de la casa de la cultura por la casa de las culturas con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Se impulsará la reconstrucción de la historia nacional incorporando las luchas de resistencia de los pueblos y nacionalidades, de los sectores populares, de las mujeres.
Ciencia y tecnología. El Estado reconoce la existencia de otras matrices de investigación científica provenientes de las culturas ancestrales y de los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado garantiza su fomento, y difusión. Se crea el Instituto de Ciencia y Tecnología de los pueblos y nacionalidades, que promueva, investigue y sistematice saberes y prácticas ancestrales. El Estado garantizará el acceso a la ciencia y a la tecnología a toda la población, poniendo énfasis en las mujeres, niños, niñas y adolescentes y pueblos y nacionalidades indígenas
Deportes. El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas, sin discriminación por sexo, edad, opción sexual, étnica o cualquier otra naturaleza. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades
Migración. El Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores debe garantizar la regularización, exigir salarios justos y buen trato a los migrantes en sus países de destino. El Estado debe garantizar y proteger los recursos financieros de los migrantes como el segundo rubro del ingreso del país. El Estado debe impulsar políticas de codesarrollo vía convenios entre estados, que beneficie a los migrantes en sus países de destino como a sus familias en el país de origen orientados a mitigar los impactos negativos

Salud. La salud es de acceso universal, integral, de calidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales de la salud. El Estado garantiza y reconoce la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, como parte del sistema nacional de salud pública, el Sumak Kawsay (buen vivir) es la finalidad de la salud. El Estado garantiza y promociona la salud preventiva, la protección de plantas medicinales y de los sitios sagrados. El órgano rector de la sabiduría ancestral será la Secretaria Nacional de Salud de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, cuya representación será designado por pueblos y nacionalidades.. Los Pueblos y nacionalidades indígenas participan del sistema de salud, en la capacitación y prestación de servicios. Visión intercultural de la salud para el país
Derechos de las mujeres. El Estado garantizará y promoverá el respeto de los derechos de las mujeres y su acceso gratuito, ágil y eficiente a espacios democráticos y equitativos en la vida política, económica y sociocultural del país con justicia social y equidad. Promoverá que las mujeres accedan a cargos y puestos de dirección en las entidades del sector público y castigará toda discriminación contra las mujeres. Se crea un juzgado de la mujer y la familia que conocerá casos de delitos sicológicos, físicos y sexuales de violencia contra las mujeres. El Estado debe garantizar mecanismos para hacer compatible la administración de justicia ordinaria con la administración de justicia indígena.

Derechos de las mujeres. Garantizar la aplicación del código de trabajo que obliga al patrono a que las mujeres embarazadas se acojan al derecho de maternidad y lactancia pagada por sus patronos y no se les obligue a renunciar de su trabajo. El Estado entregará un bono de maternidad por el lapso de tres meses a todas las amas de casa que no son empleadas. El Estado debe ofertar servicios de cuidado y formación de la niñez en el marco de los derechos de la niñez, que posibilite a las madres el acceso al trabajo
Derechos de las mujeres. Garantizar la promoción y el cumplimiento de la Ley de maternidad gratuita. Los centros de salud, los hospitales, deberán respetar e integrar a sus prácticas los conocimientos y prácticas indígenas. La atención de maternidad a las mujeres será igual tanto para quienes viene en el campo como para quines viven en la ciudad. Las mujeres tendrán derecho a hacer control social de los servicios de maternidad
Niños, niñas, personas de la tercera edad y discapacitados. El Estado garantiza la igualdad y la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores pero los suyos son prioritarios, y desde esta perspectiva de derechos se garantizarán las particularidades culturales. El Estado garantiza y promueve los derechos de los niños/as indígenas, cualquier violación e irrespeto a estos en las comunidades indígenas será sancionado por el sistema de justicia propio, tomando en cuenta el código de la niñez y adolescencia y a los propios sistemas de justicia indígena
Derechos ambientales. Incluir fundamentalmente los principios de precaución, de reparación, de responsabilidad y de prevalencia. La biodiversidad no debe ser considerada con una concepción economicista y mercantil, por lo tanto no puede ser privatizada. Los recursos naturales, espacios de vida, son elementos para la supervivencia de los pueblos y nacionalidades, y la garantía de las futuras generaciones. Por tanto, serán considerados parte de los derechos humanos.
Se reconocerá y protegerá el conocimiento colectivo ancestral prohibiéndose su apropiación y explotación privada.

Objetivo 4: Mejorar y profundizar las herramientas para la garantía del cumplimiento de los derechos

Es importante que los sectores sociales organizados tengan la posibilidad de presentar ternas para la Defensoría del Pueblo a fin de democratizar, despolitizar y despartidizar esta instancia. Además se debe mantener la defensoría indígena adjunta como un espacio conquistado por los pueblos y nacionalidades indígenas.

Es necesario contar con un sistema único de seguridad social solidaria que garantice su acceso universal y de calidad y que propenda a generar igualdad entre ecuatorianos y ecuatorianas. El seguro campesino es fundamental para lograr que poblaciones y territorios históricamente postergados, accedan a todos los beneficios que brinda la seguridad social para así impulsar un país más igualitario y para propiciar una adecuada redistribución de la riqueza.

Defensoría del pueblo. El Defensor del Pueblo será elegido por la Asamblea Plurinacional en pleno, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, de una terna enviada por los sectores sociales organizados, desempeñará por un período igual al del Presidente de la República. Y mantener la defensoría indígena adjunta como un espacio conquistado por los pueblos y nacionalidades indígenas

Seguridad social universal. Garantizar la existencia de un sistema único, solidario, obligatorio de seguridad social estatal. Su acceso será universal y de calidad. Dará atención integral de salud para todas las personas en igualdad de condiciones. Se garantiza la existencia del Seguro Social Campesino y Comunitario y para los discapacitados este cubre a/ l /la afiliado/a y a los miembros de toda la familia. El derecho de las/os trabajadores es irrenunciable.

El seguro social debe ser manejado por las y los afiliados y jubilados. El Estado debe pagar la deuda al seguro social, a quien no cumpla con esta disposición se aplicará la revocatoria de mandato. Se creará el Banco de las y los Afiliados.

5. Las relaciones internacionales

Los principios de la política internacional del país serán la soberanía, la independencia y la solidaridad.
No involucramiento en acciones y planes bélicos internacionales, como el Plan Colombia, intervención el Haití, maniobras de entrenamiento UNITAS, etc.
Rescisión total de todos los convenios militar internacionales que implique cesión de territorio nacional a potencia extranjera, como el convenio de la Base de Manta y otros.
Rescisión de todo convenio internacional económico y comercial que implique esión de soberanía jurídico-política y desventajas para los ecuatorianos y el Estado.
Promover la unidad política, económica, cultural, en un marco de democracia y equidad de los países y de los pueblos de la región latinoamericano y caribeña.
Promover la moneda regional, como un mecanismo de recuperar la soberanía monetaria.
Se implementará políticas de protección al migrante en el país de residencia o trabajo, a través de la cancillería.
Promover la unidad de los países extremadamente endeudados para propiciar la declaratoria de la deuda externa como ilegitima e impagable.