Junio 2015

¿POR QUÉ EL PERÚ DICE NO AL GRUPO MÉXICO CON SUS GARRAS EN TÍA MARIA?

TRASNACIONALES MINERAS: IGNORANCIA Y ECOCIDIO COLONIAL EN EL PERÚ

JORGE LORA CAM

(INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES-BUAP)

“El hecho es que las comunidades somos inseparables de los territorios que habitamos, de los sitios donde trabajamos, de las calles y plazas donde celebramos, de los lugares en los que votamos o nos abstenemos, de los espacios públicos donde protestamos contra los malos gobiernos, de los ámbitos entrañables que guardan nuestro ombligo y cobijan a nuestros ancestros.

Las colectividades no ocupamos espacios preexistentes somos el entorno que hemos construido, el territorio que hemos inventado. Y tenemos derecho a este territorio. A que se nos reconozca como usufructuarios y preservadores de un específico ecosistema, como dueños de la parcela que cultivamos y el lote que habitamos, como usuarios de las calles que caminamos, como ciudadanos de la localidad en que vivimos, como portadores de la cultura que nos identifica. Las comunidades tenemos derechos territoriales y en la centuria pasada su reivindicación dio lugar a revoluciones campesinas y reformas agrarias”.

Armando Bartra, “Se hace terruño al andar. ¿Dónde termina la mano y empieza la piedra?”,

La Jornada del Campo, 18 de abril de 2015

La globalización no es un mero fenómeno geográfico que derriba los obstáculos al capital. La globalización está derribando también los límites éticos y ecológicos al comercio. A medida que todo entra en el mercado, todo está en venta: los genes, las células, las plantas, las semillas, el conocimiento, el agua y hasta la contaminación. La vida ha perdido su carácter sagrado a medida que los sistemas vivos se transforman en la nueva materia prima, los nuevos lugares de inversión, las nuevas instalaciones de producción. La contaminación y los residuos también han pasado a ser la base de un comercio de muchos millones de dólares. En vez de eliminar la contaminación, se están desarrollando sistemas que permiten que los ricos la vendan a los pobres. Así se les niega a estos últimos su derecho a la vida por partida doble: primero, cuando se les arrebatan los recursos que les mantienen en un mundo de libre comercio, y luego cuando se acumulan sobre ellos, de forma desigual e injusta, la contaminación y los residuos de la economía global.

Vandana Shiva, El mundo en el límite. Tomado de: Giddens y Hutton, eds., El mundo en el límite: la vida en el capitalismo global.

Tusquets, Barcelona: 2001

INTRODUCCIÓN

Vivimos una guerra de clases a nivel global que se expresa en la globalización, y en Latinoamérica se plasma en despojo y reacomodo territorial –parte de una escalada planetaria- de todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio asociado a un genocidio. Gobiernos como los de la Alianza del Pacífico (Humala, Santos, Bachelet y Peña Nieto) desarrollan estrategias del terror correlativas al saqueo capitalista, asociadas a métodos de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación y contrainsurgencia bajo el auspicio imperialista.

Ocurre, como sostiene Orlando Caputo, que este comportamiento obedece a que la crisis actual es una crisis de la globalización y de su base teórica (y yo diría programática), del neoliberalismo; en ella las ganancias globales de las empresas estadounidenses en el exterior son mayores que las ganancias de las empresas estadounidenses dentro de ese país, en el sector manufacturero. Evitando que la crisis de la globalización no avance, lo que además ocurre porque se da en condiciones de una elevada masa y tasa de ganancia de las empresas productoras de bienes y servicios no financieros, que refleja el acrecentado dominio de las grandes trasnacionales –del capital– a nivel mundial sobre la sociedad, sobre la naturaleza y sobre los Estados.

Explica también los niveles menores de profundidad y prolongación de la crisis, como se preveía a su inicio por el fuerte debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores y de los movimientos sociales a nivel de los países, regiones y a nivel mundial. Los mayores impactos de la crisis han sido soportados por ellos. El neoliberalismo fue instalado con fuerza en la conciencia social, promoviendo el individualismo y últimamente de nuevo, se ha fortalecido a través de los medios de comunicación. Esta crisis puede presentarse nuevamente dado que las políticas económicas se han orientado hacia sus manifestaciones, mientras se profundizan las causas que la originaron.¹

Perú, por ser es un país privilegiado en biodiversidad y riquezas naturales, será objetivo de los imperios y sus trasnacionales. Allí se encuentran 84 zonas de vida de las 104 que existen en el planeta; 28 tipos de clima de 32 en la tierra; 50 especies vegetales, 12 mil lagos y lagunas, más de 800 mil kilómetros cuadrados de bosques y para mal, enormes reservas de minerales cuya explotación está acabando con toda esa biodiversidad. Incluso con la agricultura, la pesca, los recursos forestales, el turismo se ven dramáticamente afectados por la minería. En efecto, es un país extraordinariamente rico en yacimientos mineros, y paradójicamente siendo emporio de riqueza, por su condición colonial, no ha dejado de ser extractivista. El crecimiento de estos años se debió a la inversión minera que sólo enriqueció a trasnacionales, grandes potencias y políticos a su servicio. La Nueva Ley General de Minería promulgada por Fujimori en 1992, se propuso promover e incentivar el crecimiento de la gran minería en Perú y lo consiguió a tal grado que, en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones, convirtiendo al Perú en el principal productor de oro de América Latina. Sin embargo, la minería está siendo también la principal fuente de conflictos socioambientales y principalmente hídricos del país.

Al mismo ritmo en que se busca la inversión trasnacional en este sector, ese factor se ha convertido en la principal fuente de destrucción de ecosistemas. Ninguna región a los dos lados de los Andes –la costa y la Amazonía- está exenta a la destrucción. En todos los casos importantes, la efectúan las trasnacionales, otros grandes mineros y la minería informal, afectando cuencas completas al envenenar las aguas y desertificar los pequeños y ricos 52 valles a lo largo de la costa que cobijan a las ciudades. Las irrigaciones, para ganar nuevas tierras, cuyo financiamiento alimenta la deuda externa, es un contrasentido cuando las trasnacionales debían hacerlo al provocar la desaparición de valles íntegros. Veamos sólo algunas ilustraciones para después pasar a ver con más detenimiento algunos aspectos de la continuidad de la agresión ambiental y la destrucción de la biodiversidad por parte del Grupo México.

La mayoría de los yacimientos mineros se encuentran en las cordilleras de los Andes, pre cordillera y estribaciones; esta geografía es una fábrica natural del agua, el hábitat de los ecosistemas que permiten la actividad y la vida aguas abajo. Cerca a ellas las destructivas mineras realizan sus trabajos de explotación. El Perú posee el 16% de las reservas de minerales conocidas, incluyéndole 15% de las de cobre y el 7% de las de zinc. Se estima que el Perú únicamente ha extraído el 12% de sus recursos minerales y que con tecnología adecuada puede triplicar su actual producción, especialmente en metales básicos. Los principales demandantes del oro peruano son Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. Así, desde 1990 las extracciones en el Perú se han incrementado en un 500%.

La privatización de la gran minería nacional, emprendida por el gobierno peruano en 1991, el sátrapa Fujimori, trajo más de cien empresas extranjeras. El 40% de estas inversiones procede de Canadá, y el resto, de Australia, Estados Unidos, México, Sudáfrica, China, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo e Italia. Las empresas estatales como Centromín y Minero Perú, fueron prácticamente desactivadas y sus activos liquidados. En la última década, más de 50 inversionistas extranjeros se han establecido en Perú, algunos con gran liderazgo en la minería mundial, procedentes de:

USA : Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco.

Canadá : Teck, Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, Cominco.

Australia : BHP, Pasminco.

Inglaterra : Billiton.

Reino Unido : Río Tinto.

México: Grupo México.

SudÁfrica: Anglo American.

Parte del enriquecimiento del clan Fujimori fue gracias a las privatizaciones y concesiones.

Estos datos nos dicen de los poderes interesados en este país y el porqué sólo hasta 2008, tuvo un Ministerio del Medio Ambiente que poco después fue eliminado, para después reinstalarlo a cargo de un defensor de las mineras. En la actualidad, el Ministerio de Minas es la entidad encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental, que son elaborados y presentados por contratistas de las mineras. El presupuesto del organismo de evaluación y fiscalización ambiental fue 19 millones de dólares para 2013 y, carece de un laboratorio independiente en una país que tiene abiertas más de 300 grandes minas. El organismo de control ambiental heredó el manejo de más de 7.500 lugares con desechos mineros cuya limpieza curiosamente correría a cargo del Estado.

Los principales yacimientos mineros se encuentran en los Andes, en la costa. Además existen depósitos de gas natural y petróleo en el área amazónica y en el zócalo continental. El Oro está en acelerada explotación y exportación. El mayor yacimiento es Yanacocha (la Quinua) y la Granja (Cajamarca) propiedad de New Mont y asociada a la empresa nacional Buenaventura, Pierina (Ancash) de propiedad de Barrick Gold, y las reservas auríferas de Chicama y Carabaya. Selene, en Apurímac y Tambo Grande, en Piura. En Cajamarca, los conflictos socioambientales tuvieron difusión a nivel global por los niveles de grandeza de los pueblos en lucha y por la dura represión.

Los principales yacimientos de cobre son Toquepala, en Tacna; Quellaveco y Cuajone, en Moquegua; Cerro Verde, en Arequipa; Toromocho, en Junín; Michiquillay y la Granja, en Cajamarca; Tintaya, en el Cusco; y Antamina, en Áncash, entre otros. Entre los yacimientos de hierro está Tambo Grande, en Piura; y Marcona, en Ica.

Los yacimientos de plata que más destacan son Caylloma y Orcopampa, en Arequipa; San Juan de Lucanas, en Ayacucho así como los ubicados en el área de Cerro de Pasco. Las mayores concentraciones de zinc y plomo se encuentran en los departamentos de Pasco, alrededor de la ciudad de Cerro de Pasco; las partes altas de Lima y alrededor del centro minero de La Oroya en Junín, en vetas diseminadas. Petróleo, en la Selva (Omagua) ocupa su mayor porcentaje: Trompeteros, Pavayacu, San Juan, Capirona, Nueva Esperanza, Yanayacu, Capahuari (Loreto). También se extrae crudo en el Zócalo de Piura y en los tablazos: El Alto, Lobitos, Brea y Pariñas (Piura). Además existe Gas Natural en la costa noreste, zócalo y selva norte uso industrial doméstico (gas licuado) y el área de mayor reserva de encuentra en Camisea (Cusco – Ucayali). Y fosfatos, en Bayovar (Piura); que se le considera uno de los mayores yacimientos del mundo.

El inconcluso inventario nacional de pasivos ambientales ha identificado más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas del Pacífico y del Atlántico, lo que en muchos casos está siendo fuente de innumerables conflictos socioambientales de los pueblos contra las grandes empresas mineras tales como Southern Perú Copper, Yanacocha, Barrick, Volcán entre otras.

Las nuevas inversiones 2015 en adelante, representan miles de millones de dólares. China es otra potencia cuya presencia es cada vez mayor, llegando al 30% de la nueva inversión.  Toromocho, del conglomerado chino Chinalco, es un plan de cobre que produciría 275 mil toneladas finas del metal rojo al año tras una inversión de US$ 4.800 millones. Para explotar la mina ubicada en la región Junín, Chinalco debió trasladar al pueblo Morococha habitado por más de 5000 personas. Las Bambas, de Glencore, es un emprendimiento de US$ 5.200, ubicado la región Apurímac, que produciría 325.000 toneladas de cobre. La firma prevé vender el proyecto, por el que varias empresas chinas como Chinalco han mostrado interés. Luego están Constancia, de la minera canadiense HudBay, está ubicado en la región Cusco, y se estima una producción anual de 80.000 toneladas de cobre. Este proyecto tiene una inversión de US$ 1.800 millones. Y la ampliación de Cerro Verde, de la minera Freeport McMoran, está ubicado en la región Arequipa, tiene una inversión de US$4.400 millones y una producción estimada de unas 272.000 toneladas.

Y los más discutibles y con enorme resistencia de los pueblos son los proyectos pendientes como el polémico proyecto Conga, un yacimiento de oro y cobre de US$ 4.800 millones, que es desarrollado por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, pero se encuentra temporalmente suspendido por el fuerte rechazo de pobladores de Cajamarca. Esta mina producirá comercialmente unas 680.000 onzas de oro anuales y 54.000 toneladas de cobre al año, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

La chileno americana Quellaveco es uno de los planes estratégicos de Anglo American en Perú, con una inversión de US$ 3.300 millones que le permitirá producir unas 225.000 toneladas de cobre anuales. El proyecto, ubicado en la Moquegua, se encuentra en evaluación por Anglo American. La firma también tiene en carpeta en Perú, el proyecto Michiquillay, en Cajamarca, que ha sufrido retrasos por el rechazo de las comunidades aledañas y podría producir unas 187.000 toneladas de metal rojo al año.

Southern Copper, controlada por Grupo México, tiene previsto expandir su mina Toquepala en la región Tacna con una inversión de US$ 800 millones. El plan es duplicar su capacidad de procesamiento a 120.000 toneladas diarias, aunque es rechazado por las comunidades aledañas que temen quedarse sin sus recursos hídricos, pese a que la empresa ha dicho que no usará ni una gota más de agua de la que actualmente utiliza. Southern Copper también tiene previsto en Perú explotar Tía María, de US$ 1.000 millones, ubicado en Arequipa. El plan ha sufrido un retraso por un permiso del Gobierno, tras enfrentar la resistencia de los agricultores, pobladores y ambientalistas.

Todo el Perú se encuentra en emergencia socioambiental, veamos el panorama: Desde el norte, las cuencas de Cajamarca y La Libertad. Los pueblos vecinos de Cajamarca sufren la contaminación de sus ríos; en Yanacocha,² numerosos estudios muestran la expropiación coactiva de tierras a campesinos y la contaminación del río Porcón, de los canales Collatán y Quishuar con metales pesados. Un monitoreo y estudio de la calidad del agua en la cuenca de Jequetepeque (región Cajamarca) se encontraron indicios de una preocupante contaminación. 

En La Libertad, el río Moche recibe los relaves de las minas Quiruvilca y Shorey. La vida en el río ha desaparecido y la tierra ya no produce; los agricultores migran tras la ruta de las descargas, llegando hasta las playas. La contaminación por operaciones de la minera Barrick en el valle Alto Chicama que abarca las provincias de Santiago de Chuco, Otuzco y Sánchez Carrión.

http://www.aguapureza.pe/21-rios-contaminados-peru/

En Caballo Moro, la situación no varía: en el 2005, el PH era de 6.7 pero en el 2009 ha descendido a 3.56 considerado y se ha comprobado la presencia de hierro y aluminio. El monitoreo de puntos ubicados en el área de operaciones de la minera Barrick como el río Chuyuhual y Quebrada Negra El Chuyuhual, en la provincia de Sánchez Carrión, se ha encontrado sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio en elevadas concentraciones que superan los LMPs previstos por la legislación ambiental vigente. En todos los puntos evaluados, el agua no es apta para el consumo humano, agrícola, ganadería y conservación de la vida acuática por la altísima concentración de cadmio, hierro, níquel, aluminio, sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio, siendo un peligro para la vida de todo ser viviente.³

En este mismo departamento las cuencas hídricas más importantes: El Perejil en Otuzco; Chuyugual en Sánchez Carrión; y Caballo Moro en Santiago de Chuco están contaminadas por vertimentos mineros. En la cuenca del río El Perejil y el río Negro, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, existen abundantes yacimientos de carbón mineral, el pH presenta una tendencia de franca descendencia propiciando que las aguas del río Perejil se vuelvan cada vez más ácidas, además se ha encontrado metales como Cadmio, Hierro y Níquel, mientras el PH sea menor, mayor será el nivel de acidez de agua.

El río Rímac que abastece el 60% del agua a la capital del país, es literalmente un río de relaves que recorre 145 kilómetros. Muy cerca a Lima, en las zonas altas de Chosica y del distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, a una hora de viaje desde el centro de la capital, se respira el aire contaminado por el uso inadecuado de productos químicos, como cianuro y mercurio, por parte de mineros ilegales que amenaza convertirse en un gran problema y llegar hasta las costas con las consecuencias sanitarias que generaría a 9 millones de habitantes.

En esta capital, la contaminación del Río Rímac se da con metales pesados tales como hierro, arsénico, zinc, plomo y antimonio. Los propios voceros técnicos de SEDAPAL y de la Autoridad Nacional del Agua han informado que la minería es la principal fuente de contaminación con unos 11 relaves mineros identificados, lo que representa el 60%, seguida por los residuos domésticos (25%) provenientes de unos 450 botaderos y la existencia de 38 desechos industriales (15%). Entre las mineras que causan esa contaminación están empresas canadienses formales como Minera Coricancha (propiedad de Glencore) y San Juan (propiedad de la junior canadiense Gold Hawk Resources) las cuales incluso, se niegan a cumplir las medidas propuestas por OSINERGMIN e INDECI. Recién en junio de 2012, autoridades de la ANA anunciaron la creación de una comisión multisectorial que vele por la calidad de los recursos hídricos del río Rímac, cuenca a ojos vista de interés nacional.

En la sierra central: Está el caso de Cerro de Pasco que es víctima de la contaminación, y es fuente directa de enfermedades en la población, a lo que hay que sumar la contaminación producida por las canchas de relaves, botaderos de basura, desmonte al aire libre, lluvia ácida y las fuentes de aguas contaminadas móviles y fijas. También tenemos en el “Plan L” plan de traslado, un claro ejemplo del accionar de las Empresas mineras en complicidad con el gobierno, el cual aprobó una expansión de la actividad de la empresa Volcan S.A. en 11,4 hectáreas, sumando las 140 que ya ocupa. El pueblo de Chaupimarca, corazón de Cerro de Pasco, tiene que desaparecer para que Volcán, la minera, pueda extraer más zinc, plomo y cobre que yacen en el subsuelo. En Cerro de Pasco, con alrededor de 70,000 habitantes, ya es imposible vivir porque la contaminación ambiental es general.

Las zonas de Yanacancha, Paragsha, Ayapoto y Champamarca están contaminadas por la presencia de desmontes mineros y plomo (niños del departamento de Pasco presentan de 18 a 20 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre, índices elevados de contaminación); Quiulacocha, las cuencas de los ríos San Juan y Huallaga están afectados por relaves, mientras que la micro cuenca del río Tingo es un cadáver. Sus aguas totalmente contaminadas no albergan ningún tipo de vida. Desaparecerá un pueblo entero y con él su historia, que genera la extracción minera y los métodos que para ello se usan. Además, queda claro que las empresas son las que controlan el poder político de este país, y que por sobre los intereses del pueblo de Pasco, están los intereses económicos de Minera Volcán, para ellos –como en todos los casos- es más importante la productividad y ganancias que la vida humana. Por más de un siglo Cerro de Pasco, Junín y la cuenca del Mantaro, a través de los ríos, soportan los tóxicos productos residuales de la minería. El 75% del lago Junín -reserva ecológica y uno de los más altos del mundo- es materia inerte; los relaves tóxicos y aguas ácidas que arrastran los ríos San José y San Juan lo han convertido en lodo de cianuro y sulfato de cobre. Hay denuncias que las empresas mineras formales en Cerro de Pasco, han ocasionado la contaminación del lago Chinchaycocha, el segundo más grande del Perú que se encuentra en la Reserva Nacional de Junín. En la zona a más de 4100 msnm vivían 150 especies de aves y la extinta rana Goliat, rana gigante que desapareció hace 20 años. De 157 variedades de aves, quedan solo 40 especies. Un verdadero ecocidio.

En Ancash: En la enciclopedia Wikipedia se puede leer: La Compañía Minera Antamina S.A. es un complejo minero polimetálico que contiene uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, en la Región Ancash, aproximadamente a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Produce concentrados de cobre, zinc, bismuto y molibdeno y, de manera secundaria, plata y plomo a tajo abierto. En la actualidad, es uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción. Surge como producto de una alianza estratégica entre cuatro empresas líderes en el sector minero mundial: BHP Billiton(33.75%), Glencore (33.75%) Teck (22.5%) y Mitsubishi Corporation (10%). Hasta el año 2013, la compañía constituía una importante inversión cuantificada en aproximadamente 3.600 millones de dólares.

En 2007 se produjo una manifestación de vecinos que cortaron los accesos a la mina durante varias horas. Acusaban a la empresa de contaminar y dañar el medioambiente, reivindicando por ello la reubicación de sus viviendas. En septiembre de 2009 se reprodujeron las manifestaciones, alcanzando una situación de violencia y la intervención de la policía con el resultado de siete campesinos heridos gravemente. Los manifestantes acusaban a la empresa de incumplir sus promesas y seguir contaminando. En 2012, una tubería de la minera provocó la fuga de un peligroso concentrado de minerales. El fluido gaseoso provocó la intoxicación de aproximadamente 90 personas y un muerto. Entre las personas más graves intoxicadas se encontraban varios niños y algunas mujeres embarazadas. Muchas personas fueron evacuadas de sus viviendas. La zona del desastre se encuentra  en la región de Ancash, provincia de Bolognesi, distrito de Cajacay, y las personas afectadas pertenecen a la comunidad de Santa Rosa.

En Junín el río Mantaro se halla en situación ambientalmente crítica debido a que diariamente recibe descargas de 32 vertimientos mineros pertenecientes a nueve empresas mineras, así como aguas residuales de la población de 43 distritos. A ello se suma el hecho que en su zona de influencia hay 272 pasivos mineros y botaderos pertenecientes a 34 centros poblados. El lago Chinchaycocha o Junín, ha sido fuertemente contaminado por los relaves mineros y se estima que serían necesarios más de US$ 200 millones para descontaminarlo.

También está el reciente proyecto Toromocho, en el departamento de Junín: la empresa estatal china Chinalco tiene previsto financiar el traslado de unos 5,000 residentes de la localidad de Morococha antes que inicie, en el 2012, las operaciones en su mina cuprífera de US$ 2.5 millardos, una de las más grandes del país. Está en Ancash la canadiense Antamina, específicamente en San Marcos, que no cesa de contaminar el río Carash, Juprog y Mosna, además crea disociación social al provocar un enfrentamiento con las comunidades de su entorno. La Oroya, en donde hay una fundición polimetálica, la Doe Rum Perú, es responsable por peligrosas prácticas ambientales. Diversos estudios han revelado que 99% de los niños en la parte antigua de La Oroya tienen niveles de plomo en la sangre que superan los límites de la OMS, que producen problemas de aprendizaje y daño neurológico. Los niños enfrentan un riesgo especial porque sus cuerpos absorben el plomo más rápido que los adultos. Minera Raura, Majaz, Tintaya, Santa Elisa, Barrick y un largo etc. Todas estas empresas tienen el mismo accionar: extraer todo de la tierra sin interesarles las condiciones medio ambientales, dejando contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, contaminando el suelo, el aire, la flora y fauna con residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, lluvia ácida, destrucción de ambientes nativos y destrucción irreversible del paisaje.

En Ayacucho, la empresa minera formal Catalina Huanca contamina las aguas de la quebrada Sacllani y del río Mishka en el distrito de Canaria, con la descarga de aguas ácidas provenientes de su sistema de drenaje subterráneo de uno de sus depósitos de relaves, encontrándose valores de 57 miligramos por litro para el parámetro sólidos totales suspendidos, lo cual excedía el límite máximo permisible que es de 50 miligramos por litro, por lo cual la empresa fue multada en noviembre de 2012.

En el sur, que ahora nos ocupa, las cuencas del Osmore, Tambo y Locumba agonizan cargados de relaves, acompañados de gases residuales y escorias. Poco más al norte, el río Quilca, se ha convertido en un río salado por los relaves. A todo ello se añade la contaminación de las aguas marinas de las bahías de Ilo e Ite en Moquegua y Tacna por relaves de la Minera Southern, y el agotamiento de las aguas subterráneas por sobrexplotación, lo que llevó al gobierno regional de Tacna a dictar por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero.

En Madre de Dios lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. Es la propia intergubernamental Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que ha informado que en los últimos 50 años, se ha vertido 1.300 toneladas de mercurio en el río Amazonas y sus afluentes.

En Puno las minas informales de La Rinconada contaminan la cuenca del Río Ramis, que es afluente del lago Titicaca, que es una cuenca endorreica afectando a las provincias de Melgar, Azángaro, Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya, llegando hasta Bolivia. Lo mismo ocurre con el río Suches contaminados con nitratos, sulfatos, hierro, zinc, arsénico, cadmio, níquel, manganeso y mercurio. A toda esta contaminación se añade la contaminación del lago por residuos sólidos urbanos que se estiman en 70 TM por día.

En la Amazonía la degradación destruye la cuenca del río Inambari, en Madre de Dios. Cientos de cargadores frontales remueven diariamente sus márgenes destruyendo el suelo agrícola. Paralelamente el mercurio, utilizado para separar el oro, se arroja a los ríos y destruye todo ser vivo. En otras zonas los hidrocarburos y metales pesados amenazan todos los ecosistemas amazónicos. En el proyecto Camisea, explotación e instalaciones de depósitos de gas, el gasoducto en su recorrido destruye importantes poblaciones y ecosistemas. No obstante la resistencia popular y de defensores del medio ambiente, organismos financieros internacionales como el BID y la CAF continúan financiando las obras.

Están también los pasivos ambientales mineros que son instalaciones que contienen efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por las operaciones mineras, que en la actualidad están abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y el ecosistema. En el Perú, los pasivos ambientales generados por la minería tradicional e inventariada por el Ministerio de Energía y Minas son 850. Comprenden según el informe, 133 pasivos que se encuentran en Ancash, 79 en Puno, 69 en Ayacucho, 67 en Huancavelica, 60 en Lima, 53 en Moquegua, 51 en Junín, 44 en Cusco, 43 en Apurímac, 42 en Arequipa, 40 en Pasco, 32 en Tacna, 31 en Ica, 23 en Huánuco, 22 en Madre de Dios, 20 en Cajamarca, 18 en Piura, 14 en La Libertad, 08 en Lambayeque y 01 en San Martín.

La Gran Minería está consolidando una presencia más activa y más depredadora del territorio. Las típicas compañías del siglo XXI extractoras, despilfarradoras, abusivas, envenenadoras, que toman de las tierras su materia prima creando residuos y enviando sus productos a la biosfera y así amontonando basura, nos dejan una herencia terrible de veneno y destrucción. Será imposible restituir todo lo que se despilfarró y anular la letalidad de los mortales elementos químicos que allí descansan, arrojados por los yacimientos mineros, siempre activos por cientos y cientos de años. Así acabará la vida.

Éste es el Perú: país agrario difícil y complejo, donde la globalización y el neoliberalismo han provocado un enorme retroceso civilizatorio, ha convertido la vida en un problema de sobrevivencia, miles se rebelan sucesivamente y millones han preferido migrar.

ROMPER CON LA IGNORANCIA SOBRE EL GRUPO MÉXICO Y LA CONTAMINACIÓN DEL SUR PERUANO

Es este hermoso territorio conocido milimétricamente por las culturas de los pueblos originarios el que hoy se nos hace desconocido. Durante décadas y hasta hoy, el conocimiento geográfico y las disciplinas afines han sido y son un monopolio de los poderosos y sólo las manejan unos pocos; sin embargo, hace algunos años, los pueblos han asumido el combate por sus territorios y se vienen apoderando de saberes parciales desde su experiencia. Además, el tema del ecocidio y la justicia ambiental tiene complejas aristas políticas, económicas, jurídicas, sociológicas, culturales, etc. que deben subsanarse para el desarrollo de una conciencia ambiental y ello se va paulatinamente desde la propia lucha.

En este ensayo examinaremos lo ocurrido desde hace 60 años en una de las zonas más desérticas del mundo (parte norte del desierto de Atacama) existente en los departamentos de Moquegua, Tacna y Arequipa, respecto a la sobreexplotación irresponsable de los escasos recursos hídricos, que provienen de humedales, manantiales, aguas subterráneas, filtraciones de cuencas hídricas y glaciares nacientes en las cabeceras, a consecuencia de las captaciones por la empresa minera SOUTHERN PERU (SPCC). Incluso las aguas depositadas en la represa de Pasto Grande, que fue la esperanza para solución de consumo de la población de Moquegua e Ilo, para el mejoramiento del valle viejo, para la ampliación de la frontera agrícola en 10,000 hectáreas, hoy están totalmente contaminadas. La población consume esta agua envenenada. La micro cuenca del río Torata y el río de Asana-Tumilaca y sus afluentes, que son la única cuenca hídrica que les queda para el consumo de la población de Moquegua e Ilo, para la agricultura alimentaria de Pocata, Coscore, Tala, Tumilaca y parte de Samegua y Charsagua, siguen siendo destruidas y contaminadas por la empresa minera SPCC, que ahora se va sobre los ríos de Arequipa.

La minera SPCC en Cuajone, Toquepala está utilizando a diario de 5 a 10 toneladas de dinamita y reactivos químicos en forma indiscriminada contaminando el aire, el mar, los ríos, suelos, causando graves e irreversibles daños ambientales. Los impactos ambientales son estrictamente impactos negativos: demanda de gran cantidad de agua, explosión y molienda de toneladas de roca –generación de drenajes ácidos y movilización de metales pesados– uso de toneladas de productos químicos: cianuro, arsénico, ácido clorhídrico, soda caústica, etc.

Lo mismo se espera de la empresa minera chilena ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. –de un país que hace más de un siglo se apoderó de los yacimientos bolivianos y lo hizo el primer productor mundial de cobre- que explota en Moquegua el yacimiento minero del mismo nombre. Esta mina se encuentra ubicada en la cabecera de la cuenca hídrica del río Asana-Tumilaca y en el mismo cause y eje del río. Con la mundialmente condenada explotación a tajo abierto usan el mismo cause del río como botadero de los minerales de baja ley, un crimen de lesa humanidad y ecológico. Frente a la usurpación y violación de los derechos del pueblo en territorios comunales alto andinos por las actividades extractivas, estas empresas expropian, desalojan, contaminan, reprimen a las comunidades. Los combates contra la minería han incidido en la visibilización de las comunidades y familias afectadas por las empresas extractivas en actividad y puesto sobre aviso de una inminente crisis alimentaria en el sur del Perú.

En todo este país existe un despojo sistemático de la población andina-amazónica de sus tierras y recursos naturales que llega al genocidio, a la voracidad de nuevos señores feudales, de la oligarquía de las empresas mineras, petroleras, gasíferas, y las poderosas empresas transnacionales sólidamente implantadas en territorios y tierras indígenas. No es admisible que las corporaciones financieras internacionales, en complicidad con los gobernantes, a sangre y fuego fomenten la explotación de recursos minerales, hidrocarburíferos, recursos hidro-energéticos y biológicos; en condiciones lesivas al interés nacional, y perniciosas al medio ambiente que es patrimonio de los pueblos y de toda la humanidad.

Las comunidades y los pueblos del Perú, no están luchando por un canon, o por más regalías; están defendiendo la soberanía nacional, el territorio de los pueblos originarios de la costa y andino-amazónico, defendiendo la vida, el agua, el aire, el sol, la tierra, el respeto al ser humano. La situación del territorio y los derechos de las comunidades corren un peligro permanente y propicia el riesgo de una migración desproporcionada a las ciudades, en busca de mejores oportunidades. En estos conflictos ambientales, los agricultores y especialmente los más pobres se alínean al lado de la preservación de los recursos naturales, no por ideología ecologista, sino en virtud de su experiencia y sus propias necesidades de supervivencia, de preservar los medios de vida, a veces expresadas desde la diversidad cultural, como la idea de la Madre Tierra o expresada en justicia ambiental o los derechos de la naturaleza, hoy abanderadas por los pueblos indígenas.

El informe de la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María, no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe, señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población; también se mencionan las sumas y restas en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc. En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados.

Vandana Shiva advertía al iniciar el nuevo milenio que una renovada estrategia de globalización y libre comercio se cernía sobre el mundo como un huracán, anulando todos los avances ambientales, aumentando las presiones sobre el medio ambiente y engendrando nuevos riesgos ecológicos como la producción de organismos modificados genéticamente.⁴

De hecho, frente a los progresos en los debates en organismos internacionales, las discusiones promovidos por las ONG y las propuestas de políticas publicas, como las educativas, existe desde que se inicia este saqueo una producción deliberada de ignorancia sobre los peligros ecológicos como la desregulación de la protección ambiental y la destrucción de los modos de vida ecológicamente sostenibles de agricultores, comunidades agrícolas, indígenas, pastorales y artesanas de la periferia. Los más pobres de la humanidad, sufren una devastación, desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer recursos naturales o arrojar residuos, contaminando y destruyendo sus fuentes de vida y sostén. En un mundo en el que todo se vende y las potencias económicas controlan el mundo y son el único factor determinante del poder y el control, los recursos se pierden y nos queda la contaminación.

Es frustrante el relativamente escaso impacto de las acciones educativas, de la baja calidad de las propuestas en la educación formal, de la poca preparación del profesorado, de las preocupaciones ante la irreductible permanencia de la monodisciplinariedad en las universidades, y de la cerrada oposición a abrirse a un verdadero cambio de paradigmas. Es preocupante la superficial expresión de muchos programas denominados de educación ambiental, pero dedicados a campañas concretas poco eficaces, o a la simple elaboración de folletos o de cursos esquemáticos sobre aspectos puntuales concernientes a la conservación o a la contaminación.

Perú, con su débil propuesta de educación formal, y con las dispersas experiencias de educación ambiental comunitaria, participativa e intercultural, no pudo conseguir el desarrollo de la conciencia ambiental. La conciencia se desarrolló en la resistencia. No obstante las enormes resistencias a la inversión minera (CONACAMI y los pueblos en lucha) y la destacada presencia de propuestas de participación comunitaria, los defensores del crecimiento: el Estado, empresarios y los medios abandonaron los temas relativos a la justicia ambiental, la biodiversidad y a la diversidad cultural a favor de trasnacionales. Mientras unos buscaban acabar con la contaminación y descubrir rutas creativas para la recuperación, la revalorización y la aplicación de los ancestrales saberes ambientales comunitarios, otros hablaban del “perro del hortelano” y subastaban regiones integras de estos países.

En este ensayo nos vamos a referir a la contaminación ambiental y el significado de la ignorancia de una negra historia, la protagonizada por la Southern Perú Copper Corporation, ya en manos del Grupo México desde 1999.⁵ Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo, en 1960, ambas en el departamento de Moquegua. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue el mayor contribuyente del Perú y el mayor contaminante de tres departamentos: Moquegua, Arequipa y Tacna.

En los años 90 ya no encuentran desprevenidos a los pueblos, la experiencia de los combates han desarrollado conciencia. Los agricultores y pobladores conocen lo suficiente como para no dejarse engañar. Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María en Arequipa comenzaron en 1994 y en 2007, la Southern anunció su plan de inversiones de mil cuatrocientos millones de dólares para extraer unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre, mediante dos tajos abiertos, en alrededor de dos décadas. Así mismo, utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarían en el Valle del río Tambo. Aunque luego de ser observado el proyecto, la empresa y el Estado aseguran que se purificará agua extraída del mar mediante una planta de tratamiento. Después veremos que lo mismo se dijo para la su fundición en Ilo y siguieron usaron ríos, aguas subterráneas en la mina.

Es por aquella experiencia de los humos, de la que también fueron víctimas que en el 2009, los pueblos de todos estos valles rechazan el proyecto minero y denuncian que afectaría la disponibilidad de agua, limitando la producción de arroz, caña de azúcar, ajos, cebollas, páprika y otros productos en este rico valle. La población rechazó desde la primera fase, pues también fueron testigos del estancamiento de todos los pueblos vecinos donde están los yacimientos y del puerto de Ilo.⁶ Presumen que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura y provocarán un ecocidio similar al anterior. Desde 2010, la oposición se fue convirtiendo en resistencia permanente. Y es que, para la actividad agrícola no solamente es fundamental el uso del agua, sino los ciclos hidrológicos que se dan a nivel de toda la cuenca, los cuales afectan directamente al suelo. La actividad minera a tajo abierto afecta directamente al suelo y al subsuelo, así como a la vegetación, fundamental como soporte, ya que el ciclo hidrológico incluye al agua subterránea y a los procesos de infiltración, percolación, así como la capilaridad del agua.

Es después, el 16 de marzo de 2011, que el Frente de Defensa del Valle de Tambo difundió públicamente un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. Las masivas manifestaciones de rechazo fueron recibidas con balas, dejando tres muertos y cincuenta heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado.⁷ Pero en agosto del 2014, se fueron imponiendo los intereses de la SPCC y el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanados las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización popular que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo, que participan activamente en la protesta. La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. El informe de la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María, no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población, el escaso impacto en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc.

En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por infraccionar a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica. En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.⁸

El gobierno central y los medios, conforme a su mayor sometimiento al capital, decidieron actuar asumiendo la representación de la empresa mexicana marcando así una ruptura profunda con la sociedad civil de la región Arequipa. Divorcio que se recrea a cada momento y se puede rastrear en la memoria desde la creación violenta del Estado peruano sobre una nación inexistente, donde los ciudadanos tampoco existen pues las personas tienen derechos diferenciados de acuerdo a sus ingresos y el color de la piel. El desprecio a los pueblos deriva en actitudes como la del Primer Ministro y el Ministro del Interior que al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, decidieron enviar dos mil policías al Valle de Tambo, que volvieron a asesinar a dos e hirió a decenas de luchadores. Y más tarde, recurrieron al mismo ejercito. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer “trabajo de campo con los agricultores” (trabajo sucio), al no poder corromperlos dijo que los opositores son “terroristas antimineros”. Un ex congresista declaró que Marco Arana, que dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán, que no por casualidad nació en el Valle de Tambo. Como se ha venido tratando a la oposición en los últimos 20 años, todo luchador social es “terrorista senderista”.

Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen la falacia de que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa a favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. Sin embargo, hace unos meses los defensores del medio ambiente ganaron las elecciones y el paro es total, al que se ha sumado el pueblo de Mollendo y la ciudad de Arequipa, capital del departamento. El otro argumento se centra en el crecimiento. Según Joan Martínez Alier, ecologista y profesor de la Universidad de Barcelona, el PBI es bruto o en el mejor de los casos ciego. El PBI suma algunos factores y se olvida de restar otros: por ejemplo, nunca se toma en cuenta la pérdida de biodiversidad  o los servicios que brinda la naturaleza y que no cuestan; son gratis. Así por ejemplo, el PBI no considera la desaparición irreversible de los glaciares andinos, producidos por el ecosistema hace miles de años y que hoy los extraen las empresas. El PBI creció en un 8% y al mismo tiempo decreció en biodiversidad 4%: no contamos con un inventario general y riguroso de biodiversidad”.

La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México, Chile y Colombia, el país que concentra más conflictos mineros según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indígenas, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente. Son los países que conforman la Alianza del Pacífico y, como en todo el mundo, sus aliados más corruptos y autoritarios.

Y así como durante décadas fuimos iletrados en estos temas, en el 2013, en una visita al puerto de Ilo pudimos observar que estudiantes de los últimos años de ingeniería ambiental (creada el 2010 en la Universidad Pública) no conocían a la empresa SPCC, ni que decir de su historia, sus instalaciones, el problema del ecocidio o la complejidad de la construcción del saber ambiental. Ni una noción sobre la conservación o en el buen uso de los recursos naturales con mirada intercultural. Tampoco se examinaba la relación entre los procesos de educación formal y no formal o la difusión hacia la sensibilización y la concienciación ambiental enmarcada en una ética ambiental, en el reconocimiento y la recuperación de los saberes, y la comprensión de las cosmovisiones andina y amazónica. Por tanto no existía la menor la preocupación por ahondar en la investigación, en los debates conceptuales ni la búsqueda de experiencias a ser criticadas y sistematizadas para ampliar los procesos educativos ambientales y para lograr mayores resultados a nivel local y regional. Menos aún, el encuentro entre los procesos de educación intercultural y la educación ambiental; o referencias a las cosmovisiones y el pensamiento ambiental; o la creciente importancia de la ética en la reflexión y en la acción ambiental. Tampoco se daba un diálogo de saberes y su aporte a la complejidad ambiental. En síntesis, no de discutía ni se discute la megadiversidad biológica, su conservación y potencialidades. Tampoco alternativas de vida en la gran diversidad cultural y en los valores y potencialidades derivados, reconociendo la existencia de un amplio patrimonio natural, histórico y cultural, base de un pensamiento crítico y constructivo.

En las políticas públicas, mientras la municipalidad y el Gobierno Regional “concertan” con las trasnacionales, no existen agendas para municipios autosustentables; en las escuelas no existen centros educativos que enseñen problemas ambientales o que desarrollen acciones en las aulas o en las calles con la comunidad. No hay una política que esté dirigida hacia la gestión ambiental y hacia la sostenibilidad en los ámbitos rural y urbano. No existe una orientación a la participación, a la acción ciudadana y a la gestión.

El debate sobre la falacia de la “oportunidad” que generan los recursos naturales para el crecimiento económico, tiene ya varias décadas. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 1968-1973, propuso que los ingresos de Cuajone y Toquepala, así como los provenientes del petróleo de la selva proveerían las bases para la industrialización. Así, los Recursos Naturales serían el medio para conseguir el crecimiento con industrialización y valor agregado. Ello es de particular relevancia política en el caso del sistema minero-energético en países en el que predomina el modelo neo-extractivista tipo enclave vigente en la actualidad.

Con su sucesor, el General Morales Bermúdez, van cambiando las políticas y con el tiempo aparece el fenómeno denominado “puerta giratoria”, cuando altos funcionarios de empresas privadas dejan su cargo para asumir responsabilidades públicas en instituciones oficiales del ámbito minero-energético y ambiental, sin dejar de lado el de la Hacienda Pública, y que incluso luego dejan su cargo público para retornar al sector privado relacionado con el sistema, etc., lo que puede generar/reproducir serios conflictos de intereses público-privados, en particular cuando se trata de ingentes sumas de dinero involucradas en algunas decisiones gubernamentales que afectan/benefician a empresas particulares. Tuvieron que transcurrir muchos años para que en esta tierra de nadie, se abra un amplio campo para la regulación estatal con miras a implantar con rigor un régimen de incompatibilidades que coadyuve a la renovación/preservación de la moral y ética en el desempeño de las funciones públicas, con énfasis en ámbitos de particular relevancia para los intereses del Estado y la sociedad como es, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales no renovables.

Instalada la idea de crecimiento igual a desarrollo, se naturaliza el otorgamiento de tratos preferenciales excesivos a favor de unos intereses particulares sin la debida justificación socio-económica ni con una adecuada corresponsabilidad social, que podrían llevar a cuestionar sobre una eventual influencia desmedida de los beneficiados sobre esferas decisorias en las instituciones públicas responsables. Por supuesto, ello conduce a la materialización de faltas u omisiones, individuales o de sistema, según el caso, en la gestión pública a la luz de los fines fundacionales de las entidades oficiales comprometidas.

Se tuvo que llegar al siglo XXI para que aparezca el debate jurisprudencial sustancial en la búsqueda por garantizar derechos fundamentales que es lo relacionado con la explotación de recursos naturales no renovables, que vindica el principio de precaución, sustentándose, en la aprobación de diversos instrumentos transnacionales para el reconocimiento de la protección del ambiente y el derecho a un ambiente sano en un lugar preferente en el ordenamiento jurídico y, para dar relevancia a la conexidad entre el ambiente sano y el derecho a la vida y la salud.

Empieza a discutirse el principio fundamental prevaleciente sobre la obligación estatal e individual de proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación, en el contexto de la relación entre el ser humano y el ecosistema. Y también la aplicabilidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río+20 incluyendo los principios generales, mediante los cuales los Estados deberán aplicar ampliamente el principio de precaución para, entre otros propósitos, impedir la degradación del medioambiente, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de la inmadurez científica, es decir a falta de certeza científica.

Ante los altos precios de los minerales los congresistas también fueron forzados a debatir los tratos preferenciales a favor de las empresas mineras en los regímenes tributario (y en decisiones sobre liquidación de impuestos de índole administrativa) y cambiario, que podrían reflejar en algún grado la influencia determinante de las mismas empresas sobre funcionarios públicos (incluidos congresistas) e instancias de la institucionalidad competente, quizás más allá de lo que se aceptaría bajo prácticas de lobby debidamente regladas.⁹

La impunidad ya está naturalizada y no sobra recalcar que, en general, en aquellos casos en que hubiera alguna evidencia de la posible ocurrencia de hechos de tipo delictivo o ilícito como conducentes o explicativos de faltas u omisiones de la gestión pública, individual o de sistema, ni siquiera se ponen en conocimiento de las instancias judiciales competentes para dictaminar sobre el carácter penal, más allá del moral/ético y fiscal/administrativo, de las faltas en cuestión.

Es así que el Grupo México, no obstante los cambios legislativos que limitan en algo su accionar, continúa con las mismas políticas de las trasnacionales norteamericanas de destrucción de la naturaleza y la sociedad, inventando pretextos y comprando funcionarios y políticos para no realizar las inversiones en una nueva fundición que no contamine con los humos ni con los venenos que llevan a ríos, aguas subterráneas y mar, los relaves y escorias. Años atrás el Ministro de Energía y Minas fue ex funcionario de la Southern Perú Limited. La contaminación es regional en el suroeste del Perú y afecta con los humos, en especial a uno de los puertos más importantes del Perú. La empresa ha evitado que haya registros de enfermedades pulmonares –las más evidentes y con mayor índice de causa de mortalidad- ordenando al Ministerio de Salud que no se cree la unidad de enfermedades broncopulmonares en ningún hospital ni envíe especialistas en neumología, cometiendo un doble homicidio intencional, por el cual –y por muchos motivos más- debería ser juzgado en una corte internacional.¹⁰

La destrucción de las economías nacional-regionales ha provocado un enorme desempleo que ahora sirve de pretexto para que los estados neocoloniales defiendan a estas empresas y que los pueblos a veces no sepan que hacer frente a una empresa que ofrece empleo aunque invierta poco, despida trabajadores y cada vez tenga más exoneraciones tributarias. Las autoridades políticas son fáciles de comprar, incluyendo a los alcaldes que se venden al Grupo México. Uno de ellos amnistió a la SPCC del pago acumulado del impuesto predial urbano por millones de dólares, pues esta empresa además se ha apropiado de gran parte de la ciudad, de sus inmediaciones y del departamento entero.

Es en Ilo, el lugar donde la empresa trasnacional mexicana Grupo México, heredera de la empresa norteamericana Southern Perú Limited (SPL), a fines de la década de los 50 cuando inicia la explotación de los yacimientos de Toquepala, instala una fundición. Y donde 20 años después, el Gobierno Militar les entrega otro inmenso yacimiento (Cuajone) y construye una refinería que más tarde será privatizada por el Gobierno de Fujimori en favor de la citada trasnacional, que recientemente ha construido, en medio de la ciudad, una planta de ácido sulfúrico con una capacidad de 150 mil TM anuales, cerca de fábricas de harina de pescado, concentrando contaminación en un pueblo de 80 mil habitantes.

La producción de cobre blister alcanza las 300 mil Tm/año y se refinan 180 mil con una pureza del 99.99%. Para conseguirlo emiten 1912 TM/día de gases sulfurosos (mayor que en todo el lado Pacífico norteamericano); arroja al mar 2,100TM/día de escorias restando un metro de playa al mes; consume 1800 lt./seg. de agua de alta calidad; deposita 47,000 m3/día de relaves. La cuenca del Moquegua sigue siendo destruida, la extracción de agua subterránea ha secado bofedales y pastizales, la fauna ha muerto o migrado. Al disminuir el caudal de los ríos afectó la agricultura, ganadería y el uso doméstico.

Esta expansión de la SPL corresponde a una etapa del proceso de mundialización de la economía de rapiña capitalista que se inicia a fines del siglo XIX y se le conoce como Imperialismo. Se crean las bases para un incesante saqueo del mundo natural.

La responsabilidad de los gobiernos y políticos, de las empresas subcontratistas y profesionistas peruanos subordinados a la trasnacional es enorme. En 1996, ante las demandas por contaminación y daños a la agricultura y a la salud contra la SPL, de pobladores de Ilo, Tacna y Mollendo, el Presidente Fujimori promulga el DL Nº 26631, cuya finalidad es proteger a la SPL de cualquier acción legal de la sociedad ante la contaminación. En su artículo 2 la ley señala que quién cuenta con programas de adecuación ambiental no se le puede iniciar acción penal y que quién decide la procedencia es el ejecutivo. Mientras tanto, quiénes luchaban contra esa empresa (ONGs, Municipalidad) callan y olvidan y prefieren hablar de concertación y triunfos, cuando el ecocidio continúa con mayor intensidad.

Hace medio siglo, Ilo era una pequeña caleta de pescadores donde todos, los menos de 3,000 habitantes, nos conocíamos. Nuestro mundo estaba entre hijos de pescadores, comerciantes, trabajadores urbanos y agricultores. Estábamos orgullosos de nuestro mundo, de los peces extraídos de un mar limpio y bravío, aceitunas de olivos coloniales irrigados por un río que tenía agua casi todo el año y que traía hermosos camarones y lisas. Del mar consumíamos los mariscos, corvinas y lenguados como en pocos lugares del país. Intercambiábamos con Moquegua y los valles cercanos de Tacna, los nutritivos complementos alimenticios agropecuarios que allí se producían como las paltas de Moquegua, las papas de Carumas, los panes de Omate y las uvas de los valles de Omate, Locumba, Cinto. Presenciábamos el pastoreo de ganado en las lomas de Ilo y en las vecindades de lo que hoy es la fundición. Pescábamos debajo del muelle y en pequeñas lanchas; y, en verano disfrutábamos de nuestras cercanas, limpias, hermosas y libres playas. En fin vivíamos una complementariedad y equilibrio ecológicos a nivel regional que fueron rotos por la SPCC, desde el 12 de octubre de 1960, hace 55 años.

Sin embargo, hay que decirlo, en aquellos primeros años todos compartíamos y asociábamos la idea de progreso a la llegada de la SPCC. Nuestra ignorancia de lo que es el capitalismo nos creó ilusiones. Ahora "teníamos" un hermoso espigón, otro pequeño pueblo: Ciudad Nueva con casas de concreto, un centro comercial, el club de obreros y un cine al aire libre; una fundición con dos impresionantes chimeneas. Nos asombrábamos de la zona exclusiva donde vivían los "gringos" con jardines y todas las comodidades. Crecieron los primeros negocios y se crearon nuevos: farmacias, heladerías, ferreterías, panaderías, cines, tiendas de prendas de vestir, talleres de servicios, bares y billares, estación de radio. Hasta que aparecieron los problemas.

Al llegar a Ilo en unas vacaciones, después de meses de ausencia estudiando en Arequipa, nos enteramos que a los agricultores del valle los estaban indemnizando por su mala cosecha de aceituna, con miles de dólares. Creíamos que era un hecho casual. En otra oportunidad nos encontramos sin agua de uso doméstico, por supuestos problemas con los pozos, y que la SPCC donaba agua a los habitantes del puerto en carros cisterna. La gente opinaba: “¡Que sería de Ilo sin esta empresa que generosamente nos obsequia agua!”, Cada vez teníamos menos playas para disfrutar en verano pues iban desapareciendo por las escorias y relaves, que se juntaban con la aguas servidas de una población en crecimiento e incluso una de las más bellas, fue ocupada por un nuevo cuartel, a la sazón construido para proteger a la empresa de los obreros en rebeldía. Para entonces ya comíamos aceituna quemada por los gases de la fundición, la vida encarecía, las lomas estaban en extinción, los peces y mariscos eran más escasos, contaminados, caros y menos sabrosos que antes. Ocurría el mismo fenómeno que con el abastecimiento de los antes exquisitos productos regionales. A fines de los años 60, la depredación marina por las numerosas empresas extractoras e industriales pesqueras, habían agotado algunas especies marinas.

Las huelgas y los conflictos sociales iban in crescendo (promediando 30 años -1960-1990- se calcula en 43 días/año de paralización laboral por huelgas de los trabajadores de la SPCC). Las montañas de mineral de Toquepala parecían agotarse –lo que decía la empresa-y se imponía comenzar con el yacimiento de Cuajone. Al comenzar los años 70, los mineros de Cuajone dirigidos por un sector de la izquierda emprendieron una lucha de varios meses y pocos años después se desatan los combates contra la contaminación ambiental encabezada por otro sector de izquierda, que después cogobernará con Alejandro Toledo, inclusive integrándose en el mismo partido: Perú Posible. Más tarde, apoyarán a Alan García y a Ollanta Humala.

En 1976-77, cuando entraron en valor Cuajone y el oleoducto, el Perú ya atravesaba una fuerte crisis de endeudamiento y de balanza de pagos. El gobierno militar había cambiado de signo y desmontaba las reformas para preparar su salida. Ese nuevo contexto tiro al tacho los planes iniciales.

En síntesis, no se puede cometer el error de los años 70, ni tampoco creer que los precios bajos son un bache de corto plazo y que el modelo “está bien”. O que basta con una “buena política macro” que reactive la economía. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. No es cierto que el crecimiento deba ser el único objetivo.

En esos años, con una tecnología inmensamente superior, con menos costos y trabajadores, acumulando reservas estratégicas pretendían acabar con el yacimiento en menos años. El naciente capitalismo era aislado, salvaje y autoritario: los derechos humanos siempre estuvieron ausentes y los reclamos eran enfrentados con violencia, los trabajadores morían con cirrosis y enfermedades afines. La democracia nunca logró realizarse, porque entre otros factores, la SPCC era superior a cualquier poder interno y distorsionaba toda la vida política.

Tuvieron que transcurrir muchos años para tener conciencia del mundo en que vivíamos. Fuimos explicándonos la realidad. Entendimos que la destrucción ecológica y la degradación del medio ambiente era uno de los productos del capitalismo en la minería; que la compulsión por la reproducción ampliada de capital al servicio de una acumulación cuyo centro es exterior a la región y al país, sólo empobrece y desangra. Dedujimos que al capitalismo era imperialista y no le interesa el agotamiento de inmensos recursos no renovables, ni el irreversible daño a los supuestamente renovables o afectar seriamente la fauna y la flora.

Comprendimos también que ciertos metales y minerales como el cobre, el zinc, el hierro, plata, el molibdeno y el renio (que se usa en naves espaciales) entre otros, provenían de estos yacimientos y que constituyeron el factor crítico en el impulso económico industrial de la postguerra; que algunos de ellos son estratégicos en la producción moderna industrial y particularmente en la industria bélica y también, que esas inversiones dieron inmensas ganancias a los inversionistas. A tal punto que entre 1960-1969 la principal socia ASARCO (asociada al Grupo Morgan) recibió de la SPCC el 50% de sus ganancias totales y otra de las socias, la Phelps Dodge (Dupon Chemical Bank), percibió el 22% de los beneficios globales.

Finalmente, es sumamente relevante la dimensión geopolítica de la inversión en materias primas, asociada a las relaciones internacionales de poder, a las alianzas y rivalidades entre las grandes potencias. Tal es el caso de Estados Unidos-Inglaterra en los albores del imperialismo. La guerra del Pacífico es un triste ejemplo para los pueblos peruano y particularmente boliviano, por no haber entendido la importancia geopolítica y estratégica de las materias primas. No así para el Estado, al que nunca le importó el interés nacional.

Revisamos la historia y nos encontramos con que no menos importante es la historia precolonial o prehispánica respecto al "equilibrio geopolítico"¹¹ interespacial, de posesión y disfrute territorial. La coherencia de territorio, recursos, población, cultura, lengua, y de las relaciones económico-sociales y políticas, autodeterminada e irrepetible, de crecimiento y prosperidad. La simétrica diferenciación étnica, movilidad y consolidación territorial entre oriente y occidente andinos, teniendo como eje el centro montañoso. La ancestral y milenaria elaboración colectiva de la explotación simultánea y combinada de pisos ecológicos, de ligazón y complementariedad ecológica y de la cooperación, como relación social básica, la reciprocidad en el intercambio, fueron rotas por la conquista y después por la colonización y más aún, por la independencia criolla. El sistema colonial cambió la ecología continental en contra del indio y a favor de los pocos blancos, de la costa y los recursos naturales.

La historia continúa y aparece en los años 80 una violencia política insurgente que solo se puede inteligir bajo el prisma de un feroz rechazo a la perpetuación de relaciones coloniales, de la colonialidad del saber y del poder, cuando no al capitalismo cuya historia en gran medida equivale a colonialismo y violencia. A fines de los 80 comienza la política neoliberal con Alan García y desde el 90 se generaliza con Fujimori que privatiza las mejores empresas del país.

La trasnacional norteamericana: la Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) con una concepción depredadora, expoliadora, racista y omnipotente ha deteriorado el medio ambiente del sur peruano, y ahora continua haciéndolo la empresa mexicana asociada a los mismos capitales de antes, sin mas restricción que la hoy débil lucha popular. Hace 20 años fue la izquierda a la que se agregó la presión de la ONG Labor y algunas instituciones como la Municipalidad del puerto de Ilo, que en los últimos años terminaron prosternads ante el neoliberalismo de Fujimori y Toledo.

Estos Gobiernos no solo no ha aplicado la legislación nacional existente: principalmente el Decreto Ley Nº 17752 "ley general de aguas" y el Código del medio ambiente y los recursos naturales promulgado el 7 de septiembre de 1990; menos aun acuerdos internacionales como el Protocolo para la Protección del Pacífico Sur contra la Contaminación, proveniente de Fuentes Terrestres, o la Resolución del Tribunal Internacional del Agua firmada en Amsterdam el 18 de febrero de 1992, que directamente acusa a la empresa de violentar las leyes para no regular las actividades de trasnacionales.

Y es que hay profundos motivos para no hacerlo. El Gobierno neoliberal de Toledo - heredero de la tradición fujimorista- cuyo proyecto político no tiene más de dos ideas: a) construir un país sin soberanía pero con cada vez mayor inversión extranjera y b) contar con un poderoso sistema contrainsurgente, autocrático y militarizado para defender esas inversiopnes e imponer una concepción del poder y del desarrollo que convierte al Estado en gendarme protector de los intereses del gran capital internacional, principalmente norteamericano, y a la libertad de mercado en el libre manejo del mismo por monopolios y oligopolios trasnacionales. Ideas compartidas por la intelectualidad otrora de izquierda hoy convertidos en políticos de derecha, consultores y dueños de ONGs.

Anulada su responsabilidad ante los requerimientos de lo social, y con mayor razón de la naturaleza, abdica de sus funciones reguladoras, y permite impulsar la idea de que las soluciones vienen de afuera. De los organismos financieros internacionales que autoricen el ingreso de créditos e inversión del exterior como motor fundamental de la economía.

El respeto a la SPCC deriva además de un poder interno construido por ella y entonces, no es una trasnacional cualquiera. 1. Explota en Perú dos de los mas grandes yacimientos de cobre del mundo: Toquepala y Cuajone, logrando respecto al país, alrededor del 35% de las exportaciones mineras ymas del 70% de las de cobre. 2. Es la principal empresa generadora de divisas, alcanzando en 1989 el 16.6% de las exportaciones totales¹² y el 36.2% de las exportaciones mineras. Entre 1980-1990 aportaba el 60.7% del total de divisas generadas en la economía nacional.

Ha logrado anular la noción de soberanía y más aún, si consideramos el poder e influencia internacional derivados de ser propiedad de poderosos e importantes empresarios mexicanos, que mantienen vínculos estrechos con la ASARCO y sus accionistas (la Phelps Dodge Overseas Capital Co., la Cerro de Pasco Co. y la Newmont Mining Co.), que controlan el 20% de la fundición y el 15% de la refinación del cobre en el mundo.¹³

No obstante el inmenso poder, la ASARCO fue obligada a cerrar una fundición de cobre en Tacoma Washington State en Estados Unidos, por las elevadas concentraciones de arsénico; e incluso en ese país las empresas productoras de cobre pagan entre 10 y 15 Ctvs. de dólar para recuperación ambiental ¹⁴. Mientras que en la periferia, por la fuerza de la colonialidad del poder, de las relaciones coloniales, no llega a comprometerse siquiera con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 o a la Declaración de Estocolmo sobre Derecho Ambiental del 11 de julio de 1972. Obviamente con el aval de Estados Unidos, único país hasta el momento soberano sobre América.

Desde que esta empresa se establece en 1952 y posteriormente, con la firma del contrato con el Gobierno del General Manuel Apolinario Odría para la explotación de Toquepala, el 11 de noviembre de 1954, se evidencia el interés saqueador y depredador de la SPCC. Veamos:

1. Se constituye como "enclave": Ocurre cuando ciertas actividades económicas de un país están principalmente ligadas e integradas a actividades económicas extranjeras. Esto que la SPCC es una consecuencia de la dominación imperialista en el Perú, es una extensión de la economía de los países capitalistas avanzados y se ha desarrollado para satisfacer sus necesidades económicas como corporación financiero militarista y mantener la posición estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo. La SPCC no ha estimulado la producción industrial, el desarrollo tecnológico, la inversión o el empleo (tiene el indispensable para extraer todo el mineral posible). Mas bien ha devastado una riqueza irrecuperable, desarticulado la economía del país, incidido en las actividades económicas de la región, afectado la estructura social regional, sobreexplotado a los trabajadores, contaminado el medio ambiente y deteriorado los ecosistemas.

El propio Banco Central de Reserva entiende a su modo la economía de enclave. "...Aunque la Southern produce el 15% de las divisas nacionales, generadas por la exportación de 280 mil T.M. anuales de cobre (70% del cobre nacional) aporta poco al desarrollo nacional. Paga reducidos impuestos por exoneraciones tributarias que además permite la manipulación del canon minero, exporta la totalidad de la producción e importa una gran parte de los insumos, emplea poco personal (6,000) prefiriendo subcontratar, particularmente en Cuajone. De otra parte, su presencia ha motivado una fuerte migración a Moquegua y Tacna en busca de trabajo, agudizando las deficiencias en los servicios urbanos y ha causado daños importantes a los productores de olivo en el valle de Ilo y a los pescadores del río Locumba por contaminación ambiental y marítima".¹⁵

2. Esta empresa, desarrollada para satisfacer las necesidades de multinacionales y potencias imperialistas, no ha detenido su expansión ante ninguna posible limitación. Los Gobiernos, sus funcionarios y los medios fueron convirtiéndose en obedientes tramitadores de la empresa. Más tarde, los propietarios de medios de comunicación y periodistas, investigadores, abogados y médicos; dirigentes sindicales y de los agricultores; fueron haciéndose cómplices de la multinacional; cambiando su silencio por coimas, prebendas y concesiones.

1. De este modo, ilegalmente se acogió al Art. 56 del Código de Minería, hecho a su medida si no es que por ellos, en 1950; cuando ya desde 1939 la mina era de Cerro de Pasco Co. -como si se tratase de una explotación riesgosa cuando en realidad se trata de un yacimiento privilegiado- con una ley de concentración promedio del 1.3. El impuesto a las utilidades que percibió el Estado fue entre el 10% y el 20% cuando en otro país periférico, Chile, pagaban entre el 50 y el 75% y en el propio Perú, los mineros nativos el 49%. Se le exoneró de impuestos por 25 años, incluyendo las sobreutilidades, liberación de derechos aduaneros a la importación de maquinaria y se aceptó - en el colmo del latrocinio- que la SPCC se reserve el 50% de utilidades por factor agotamiento en un yacimiento con 400 millones de TM de reservas probadas. Todo esto fue vendido al Grupo México.

Pero además se les dio garantías a los inversionistas, libre disponibilidad de moneda extranjera, libertad de comercialización, tratamiento cambiario no discriminatorio. El 19 de diciembre de 1969, se suscribió el contrato Cuajone entre el "Gobierno Revolucionario de las FFAA" y la SPCC; para sorpresa de muchos aplicándose el mismo Código de Minería de 1950. En él quedaba en el olvido todo delito anterior y además se le reconocía a la SPCC inversiones previas, estabilidad tributaria, tratamiento financiero preferencial, libre comercialización del cobre, otorgamiento de garantías (como libre disponibilidad de divisas), fuentes de agua y energía seguras y permiso para ampliar el complejo minero, afectando al país por la fuga de capital y a la región por diversos medios.

2. En menos de medio siglo de existencia los sobrebeneficios de la empresa han sido ilegales, continuos y cuantiosos. En 1965 fue investigada por una Comisión Parlamentaria Bicameral quien demostró que la empresa tenía hasta triple contabilidad, sobrevaluaciones, sub-valuaciones y sub-utilidades, aparente venta del mineral por debajo de los precios internacionales. Lo real es que en un sexenio recuperó lo invertido y se anticipó el pago de sus adeudos. Igualmente entre 1979 y 1981, remesó a su casa matriz 245 millones de dólares siendo su capital social de 139, recuperó su inversión total más un 76%.¹⁶. Entre marzo de 1981 y julio de 1983, el Gobierno de Fernando Belaunde redujo el impuesto a las exportaciones del 17.5% al 5%. (El 26 de noviembre de 1976 se inauguró Cuajone).

3. Los pueblos circunvecinos y los trabajadores de la empresa sufrieron la explotación y permanentes agresiones, cuando no, abandono (12 comunidades campesinas indígenas a corta distancia del complejo minero Cuajone, viven en condiciones infrahumanas)¹⁷. La empresa organizó la región de acuerdo a sus necesidades. Se apropió a su antojo de personas, tierras, aguas, mares y recursos económicos. Construyó una infraestructura de comunicaciones y transporte (puerto, carreteras, ferrocarril) y de servicios (energía, agua, vivienda, etc.) incluso con el Estado a sus ordenes: infraestructura y servicios económicos y las fuerzas represivas.

Los bajos salarios han ido reduciendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores y disminuyendo su participación en el costo de producción y respecto a los ingresos, provocando innumerables huelgas.

La SPCC llegó al colmo de utilizar ilegalmente la participación líquida y patrimonial de la comunidad minera y de la comunidad de compensación de la SPCC, para invertir en el Proyecto Cuajone. Dicha participación son utilidades destinadas a ser distribuidas a los trabajadores.

Incumplió las propias cláusulas del contrato Cuajone y acuerdos con el Estado sobre los damnificados por la contaminación. El Estado le viene reclamando la devolución de 96 millones de dólares remesados ilegalmente por la empresa. En respuesta, la SPCC sostuvo que no invertirá en la planta de ácido sulfúrico, como tenue alternativa de solución a la contaminación por humos, mientras no se resuelva -a su favor- el mencionado diferendo judicial.

Aprovechando las buenas relaciones con Fujimori y su Ministro de Energía y Minas -Jaime Yoshiyama- en los 90, retenía el 70% del monto indemnizatorio de las valorizaciones de cosechas perdidas (1990-1992), haciendo caso omiso a la Ley Nº 16583 de 1989, así como reglamentos y resoluciones al respecto.

Como poder omnipotente, la SPCC se coloca por encima y no reconoce al municipio como autoridad administrativa de la ciudad: construye sin licencia de construcción, no paga tributos y derechos, mantiene indefinidamente concesiones urbanas, desconoce la jurisdicción y competencia municipales, obstaculizando el desarrollo urbano de Ilo y Pacocha. El alcalde Jorge Mendoza -en el 2003- exoneró a la empresa del pago de impuestos municipales por varios millones de dólares.

En los 90, la situación cambió radicalmente más a favor de las trasnacionales. Los cambios en China, la caída de la URSS y el llamado campo socialista trajo a nuevos actores que también querían inversión extranjera en diversos rubros, entre ellos en RN. Atraer al capital extranjero fue la consigna y para ello “bajar los impuestos y los salarios para conseguir mayor competitividad”. En el sector minero se permitió el no pago del impuesto a la renta hasta en un 80% si  las utilidades eran reinvertidas. Ese beneficio (derogado en el 2000) fue utilizado hasta hace poco (en pleno boom de precios) por empresas como Antamina, Cerro Verde y Yanacocha, debido a sus contratos de estabilidad tributaria. No sólo eso. La estabilidad jurídica y tributaria se aplicó, no sólo en minería e hidrocarburos, sino en todos los sectores. Dicha estabilidad fue “blindada” por la Constitución de Fujimori de 1993: el Art. 62 dice que los contratos-ley sólo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes.

Con la llegada de los extraordinarios precios desde el 2003 por la industrialización del este asiático y de China, las cosas comenzaron a cambiar. El FMI afirmó que los países ricos en RN estaban recibiendo una parte pequeña de los ingresos totales, lo que perjudicaba su crecimiento. Agregaban que la estabilidad tributaria ya no tenía mucho sentido y que, además, era discriminatoria contra quiénes no la tenían. También propusieron distintos tipos de impuestos, adicionales y progresivos, para captar mejor la renta petrolera y minera.

Se puso oídos sordos a todo planteamiento que modificara la predominancia del mercado. El slogan fue: “Perú país minero” y “los privados saben manejar los mercados energéticos”. Donde algo se avanzó, fue en la legislación ambiental y de defensa de los derechos indígenas. Sólo en el 2004-2005 se promulgó la ley de regalía minera, en gran medida por el impulso de Javier Diez Canseco. En el 2005 y 2006 se debatió el Impuesto a las Sobreganancias mineras. Pero nada. El gobierno aprista 2005-2010, optó por “negociar” una contribución voluntaria –el “óbolo minero”– que apenas recaudó US$ 600 millones en 4 años, el 2.5% de sus utilidades declaradas.

En el 2011, con el gobierno de Humala, se volvió a perder la oportunidad, porque el nuevo régimen aprobado sólo aumentó marginalmente los ingresos. Y como ya llegó a su fin el “super ciclo” de los commodities, se perdieron miles de millones de dólares en ingresos que, hoy, serían de alta utilidad, como lo dice el propio FMI. Lo peor es que incluso los altos ingresos recaudados fueron mal distribuidos y sin los controles correspondientes.

El tema va más allá. Ahora se discute si de lo que se trata es de modificar el modelo actual para reducir la vulnerabilidad inherente a una dependencia excesiva en los RN. Esto significa promover la inversión en capital humano, diversificar la actividad productiva y las exportaciones no tradicionales (que se han comportado mucho mejor que las mineras). Esto lo dicen ahora todos los organismos internacionales, los académicos y algunos  sectores empresariales (generales después de la batalla). Eso es lo que llamamos la “otra década perdida”, pues ni se recaudó lo que se debería ni se inició ningún cambio estructural.

La cuestión es que esas políticas se centren en la diversificación productiva y no en leyes como la “ley pulpin”. No sólo eso, que se cumpla con las leyes de preservación del medio ambiente, sin saltarse la Ley de Consulta Previa. Y también respetando los derechos de las personas. 

LA MULTINACIONAL SPCC Y EL INFIERNO AMBIENTAL: EL PORQUÉ DEL RECHAZO A TÍA MARÍA

La contaminación del medio ambiente, entendida como el deterioro de las condiciones que permitan una vida material, social y económica saludable, digna y próspera para todos, hoy y después, al afectar la ecósfera sostenible.¹⁸ Un aspecto central es la introducción en el ambiente de sustancias o formas de energía que alteren negativamente las relaciones sociales ecosistémicas y los procesos ecológicos esenciales, la diversidad genética y el aprovechamiento sostenido de especies; que tengan efectos nocivos, que pongan en peligro la salud del hombre y el desarrollo integral de sectores y actividades humanas, dañe el patrimonio nacional y deterioren el equilibrio y conservación de ecosistemas y recursos naturales en general.

La SPCC durante 59 años ha contaminado el medio ambiente provocando descargas, emanaciones y vertimentos contaminantes (gases, escorias y relaves) en la atmósfera, suelo, subsuelo y aguas causando perjuicios y alteraciones graves en la vida humana, flora, fauna y en los recursos hidrobiológicos.¹⁹

En febrero de 1992, la Asociación Civil Labor, la Municipalidad Provincial de Ilo y la Comisión Multisectorial Permanente del Medio Ambiente acusaron a la SPCC ante el Tribunal Internacional del Agua de:

1.- Ser responsable de extraer aguas de alta calidad de las cuencas altoandinas con impactos negativos en las Cuencas de Locumba y Moquegua, afectando la disponibilidad de agua para uso doméstico y agrícola.

2.- De descargar relaves al mar destruyendo el cauce del río Locumba y la Bahía de Ite, ecosistema que ha perdido su diversidad biológica. Del desastroso impacto del área afectada por acumulación de sólidos, oxidación de metales en la playa, entre otros, con el consiguiente daño a la fauna y flora típica de la zona.

3.-De verter al mar, de la fundición, 2,100 TM/día de escorias que destruyen el habitat marino, deterioran el paisaje natural, provocando el crecimiento de la línea de playa -mar adentro- y desplazando peces y mariscos del área intermareal rocosa.

4.-De emitir gases que contaminan el medio marino adyacente por efecto de la precipitación de lluvia ácida y las partículas en suspensión en el medio “marino"; reduciendo la existencia de peces y mariscos y ocasionando problemas de salud en la población.

5.-La destrucción del ecosistema de lomas naturales costeras alrededor de la fundición; desertificando un área de mas de 20 Km. alrededor, y provocando la interrupción de las migraciones temporales estacionarias de ganado de la zona altoandina.²⁰

Como podemos apreciar, la destrucción del ecosistema es interrelacionada e integral. La responsabilidad principal está en la SPCC y en el Estado cómplice, desde los presidentes y los jefes de las fuerzas armadas (depositarios únicos y reales del poder), hasta los funcionarios involucrados. La contraloría General de la República ordenó investigar a no menos de 75 funcionarios involucrados en actos de corrupción, por no aplicar las leyes del país durante más de 30 años.²¹ Con estas acusaciones, el Juez debió haber ordenado hace mucho la clausura del establecimiento y prisión para los responsables. Pero el Perú es un país donde desde siempre -en especial con Fujimori-Toledo-García y Humala- no existen los derechos humanos básicos y menos los derechos de otros seres, y la mayoría de las generaciones actuales están excluidas, inutilizadas y olvidadas y por tanto, ni se piensa en las futuras; dónde, por último, desde la conquista, no hubo equidad y justicia entre naciones y países, privando las de dominio y de opresión. En este país, no sorprende que el derecho a sobrevivir esté en el origen de la propia naturaleza; no donde los conflictos políticos y la violencia política.

Ahora veamos con mas detalle las acusaciones a la SPCC.

Al comenzar los años sesenta la SPCC ya controlaba la totalidad de aguas de dos departamentos, Moquegua y Tacna, a través del uso efectivo, concesiones, reservas, denuncios. Su futuro estaba en el agua, pero a expensas del futuro regional. En un paisaje semidesértico, abandona 350 Has. en los valles de Cinto y Cambaya, aparte de otras 70 que quedaron sin agua en Cinto. Es un proceso que además determinó la salinización de tierras del valle Locumba, al perder las aguas del río Locumba las de su afluente del río Cinto. Otras más se perdieron en fundos adquiridos por la SPCC en Moquegua (valle con 13,000 Has. cultivadas). Las zonas de Higuerani, Mirave y Calumbraya, dejaron de cultivarse por falta de agua. En Ite Sur, se perdieron 20 Has. más, al ser adquiridas por la empresa.

Tan grave como esto es el bloqueo a proyectos como Pasto Grande y Maure. Que finalmente se inauguró permitiendo extender la frontera agrícola en 8,000 Has. y mejorado el riego en 3,500 además de generar 280 MW con varias centrales hidroeléctricas, que hubieran evitado el uso por la SPCC de 15 millones de galones de petróleo residual para cubrir 75 MW de energía.

La empresa que durante casi dos décadas (1950-1970) logró tener posesión de tres ríos: Moquegua, Locumba y Alto Tambo, hoy usa en exclusividad 53.6 millones de metros cúbicos año de agua de alta calidad afectando a medio millón de personas. Era suficiente hacer un "denuncio", para obtener la concesión, sin importarles las necesidades agrícolas de los agricultores y los potenciales proyectos estatales. Exactamente, como si se tratase de una colonia.

Recién en 1970, con la ley 17752, el agua pasa a ser pública y podríamos pensar que acabó el colonialismo. Pero no fue así: el Estado acepta que las actividades de la SPCC son de "utilidad pública" y les otorga la reserva de derecho de las aguas de Pasto Grande, usar el agua de los ríos Torata y Asana para la mina de Cuajone y le autoriza explorar el acuífero Capillune, y poco más tarde, el uso de sus aguas subterráneas.

Los conflictos entre los propietarios de fundos del valle de Ilo con la empresa, comienzan en 1962. Luego de 28 años, después de lamentables confrontaciones entre agentes económicos, pueblos y departamentos por el agua, 3 mil campesinos de Candarave exigieron el cierre de pozos en un codo del río Callazas.

Al consumir 1,700 litros de agua por segundo en sus operaciones mineras (principalmente el tratamiento de concentrados, que cada vez es mayor en la medida en que disminuye la ley del mineral) acapara entre el 20 y el 40% del consumo regional. Reduce la cantidad y calidad de las aguas del río Locumba, destruye 21 Km de cuenca del mismo río y del área agrícola adyacente del valle de Ite bajo, y causa la pérdida de 130 Has. de tierras cultivables (ex fundo Sopladera) al verter relaves al cauce del río Locumba, luego de derivar el río por un canal. Destruyó el hermoso y productivo Valle de Cinto (70 Has.) al comprar gran parte del valle para disponer de los ríos Tacalaya y Quebrada Honda y derivar las aguas que irrigan dicho valle y continúa concentrando sales en la laguna de Aricota.

También es culpable del descenso o nulo drenaje de los flujos subsuperficiales que alimentan la cuenca baja del río Moquegua, provocando el decaimiento agropecuario en los valles de Moquegua e Ilo. En 1976, la SPCC comenzó a explotar cuatro pozos de agua en la Pampa de Titijones -500Lts./seg.- donde nacen los ríos Tumilaca y Torata, decayendo el caudal en 986 Lts./seg. Igual hizo en las nacientes del río Callazas en la provincia de Candarave (Tacna) disminuyendo el caudal en 250 Lts./seg. De esta manera, provocó también la disminución del caudal del río Moquegua, Callazas, Torata y Tumilaca.

Y es que esta sabia empresa tiene como eje articulador de captación, a la Laguna de Suches (vaso colector natural, equidistante de ríos lagunas y aguas subterráneas de las cuencas) usada indiscriminadamente desde 1960. En la cuenca del río Locumba, la SPCC cuenta con cuatro pozos de agua subterránea que alimentan al río Callazas y la propia laguna de Suches, los ríos Tacalaya y Quebrada Honda y en la cuenca del río Moquegua, pozos del acuífero Capillune, en la pampa de Titijones. Al ocupar las fuentes primarias de agua confunde a los usuarios y evita conflictos directos con la población afectada. Desde allí comienza la tragedia regional. Seca bofedales y pastizales, interrumpe el drenaje natural del agua en la cuenca, provoca la muerte o migración de la fauna y comienza una contaminación sobre todas las aguas con boro, metales pesados como el arsénico. La laguna de Aricota, fuente actual del agua de uso doméstico de 100 mil pobladores del puerto de Ilo, contiene 3 veces más arsénico y boro que los permitidos por la ONU, no obstante los altos costos de su potabilización (30 mil dólares al mes, pagados por el pueblo de Ilo). La agricultura y la población en Sama y Locumba se abastecen de agua con contaminación natural, mientras la mina, las de más alta pureza.

El Estado, respetando la soberanía de la SPCC, realiza proyectos de derivación de aguas de Pasto Grande y afianzamiento de Aricota, como consecuencia de la apropiación de la laguna de Suche, invirtiendo millones de dólares.

Los Relaves: son descargados en el mar desde 1960 y hasta 1990, ya habían sido descargados 2'936,000 toneladas métricas de metros cúbicos de relaves al Océano Pacífico, afectando suelos, aguas y 40 Km² de mar, desapareciendo todo signo de vida y balnearios. Actualmente se depositan 47,000 m³ sólidos/día, esparciéndose en el mar y formando depósitos en la orilla y fondo marino. El área circundante está totalmente deteriorada, formándose meandros de oxido de cobre en la playa; las partículas sólidas han ocupado 11 Km. y la línea de playa desaparece 50 metros al año. A 19 Km. se encontró moluscos con 48 veces más cobre que el soportable al consumo humano.

Y es que las plantas concentradoras de mineral de la SPCC procesan los metales bajo el sistema de flotación, vertiendo inmensos volúmenes de desechos conteniendo grandes cantidades de partículas de sílice y minerales en suspensión: cobre, plomo, zinc, cadmio, mercurio y aluminio. Pero además reactivos químicos tóxicos del proceso de flotación como el cianuro, arsénico y aceite de pino. Todos ellos viajan 139 Km. en cuantiosas cantidades de agua formando en lo que fue cauce del río Locumba, meandros de sales de cobre y de hierro; llegando al mar los metales pesados se dispersan, disminuyen la fotosíntesis, impiden el establecimiento de organismos de fondo y penetran en la cadena alimenticia del ecosistema, pasando por los invertebrados superiores y vertebrados, llegan al hombre.

De este modo la SPCC provoca una pequeña gran catástrofe ecológica, al acabar toda la zona de afloramiento y de productividad en ríos y mar; destruyendo la cuenca baja del río Locumba (los relaves sedimentados han terminado con tierras de cultivo y la fauna del río). En las Pampas de Ite Bajo, los ganaderos pastan sus animales de carne y leche vendiendo su producción contaminada con metales pesados en Arequipa, Ilo y Tacna. Devastaron la Caleta de Ite, y después decretan la progresiva desaparición de la caleta de Meca Grande.

Las escorias, provenientes de los hornos reverberos de la fundición de cobre de Ilo, durante 22 años fueron arrojadas en las playas del pueblo de Ilo. Seis Km. al norte de la fundición, la línea de playa creció 40 metros desapareciendo como lugar recreativo, junto al habitat de peces y mariscos. La actividad ictiológica está siendo desplazada cada vez más lejos.

Esta misma fundición, desde hace más de 40 años descarga al medio ambiente gases sulfurosos y partículas finas de metales pesados por cuatro chimeneas, contaminando la atmósfera del valle de Ilo y provocando lluvia ácida sobre suelos y mares, afectando a la población de Ilo, a peces y mariscos y a la agricultura de los valle de Ilo y Tambo. En el verano de 1962, los agricultores del valle de Ilo hacen su primera denuncia; y cuatro años después los propietarios de las haciendas Chucarapi y Pampa Blanca del valle de Tambo, a 80 Km. de la fundición, constatan bajos rendimientos en la caña de azúcar.

El anhídrido sulfuroso o bióxido de azufre en emisiones calculadas en 1912 TM/día volando a una altura de 50 mts. a más de 400 mts. provocando la llamada "lluvia ácida" que se deposita sobre la tierra y el mar circundante a la fundición, afectando tóxicamente a todos los cultivos de las lomas y valle de Ilo, calculados en 50 especies vegetales cultivadas y silvestres. La "bruma fotoquímica" se extiende como niebla a decenas de km. a la redonda, disminuyendo la radiación solar y concentrándose acumulativamente el anhídrido sulfuroso en las plantas.

Los efectos fitotóxicos del SO2 (anhídrido sulfuroso), de la lluvia ácida que surge de la síntesis del SO2 en SO4H4 (ácido sulfúrico y sulfatos), va desde la necrosis foliar, reducción de la fotosíntesis, retardo en el crecimiento y reducción de la vitalidad de los cultivos, hasta la acidificación y modificación de la composición de los suelos, el abrasamiento de las plantas, repercutiendo en los rendimientos y los precios. La expansión por los vientos llegan a 300 km. a la redonda, incluyendo alejados valles de Arequipa: Majes y Chala, pasando por la propia ciudad de Arequipa.

Los daños más agudos se presentan en el valle de Ilo, las quemaduras y necrosis foliar fueron avanzando desde las hojas del olivo hasta la caída de la aceituna. Ataca los árboles más cargados de frutos, las ramas que brotan el primer año y los estacones de propagación, afectando la productividad. Si en la campaña 1966-1967, fueron 400 quintales de aceitunas perdidas, en la de 1984-1985 aumentaron a 8,998. En las nueve primeras campañas desde 1967 hasta 1976, los gases ingresaron al valle 8.3 veces por campaña. En 1976 se amplió la fundición para procesar el cobre de Cuajone, ahora eran 4 chimeneas, y el promedio de ingresos fue de 44.4 veces. Mientras, la SPCC indemnizó a los agricultores con 230,000 dólares en 25 años.²²

La SPCC está destruyendo el valle de Ilo y a la población del puerto. Esta empresa construyó un pozo de agua en el corazón del valle que terminó con parte del mismo y con el agua potable. De otro lado, por el propio sistema de trabajo en la fundición -para no hablar de los mineros que respiran reactivos químicos y polvo tóxico- los trabajadores están expuestos al SO2 y a partículas de metales pesados.

La población del puerto de Ilo viene sufriendo altas concentraciones de SO2 en la atmósfera e incluso metales pesados. Faltan estudios exhaustivos y cuidadosos de la incidencia de los humos en la salud de la población. No obstante hay evidencias dramáticas como la suspensión de actividades físicas en centros escolares, cuando los accesos de tos en los niños es generalizado. Algunos indicadores como el análisis del número de consultas, asociadas a ya conocidos efectos nocivos del SO2, en hospitales públicos y privados, y en consultorios privados, muestran una alta tasa de problemas respiratorios. Igualmente las principales causas de mortalidad en los 10 años, están asociadas a tumores, a la circulación sanguínea, al aparato respiratorio y a los órganos hematopoyéicos.

En un pueblo desnutrido, con un alto porcentaje de enfermedades respiratorias (rinitis, faringitis, traqueitis, fibrosis pulmonar, bronquitis crónica y asmatiforme, crisis asmática) las consecuencias son fatales, principalmente para la población con enfermedades crónicas y para los niños y ancianos. Le siguen en porcentaje de consultas, las enfermedades digestivas, a la piel, tuberculosis y cáncer. La SPCC-SPL nunca pagó un dólar por daños a la salud.

Haciendo un resumen global de los efectos de la actividad de la SPCC, tenemos:

AGUA: Interrupción de nacientes de ríos, desaparición de ojos de agua, descenso del nivel de aguas subterráneas y depresión del nivel freático de acuíferos, disminución de la calidad de agua, envenenamiento de aguas de consumo humano y conflictos entre poblaciones por la distribución del agua.

RELAVES: utilización de cauces de ríos, cambios geomorfológicos y contaminación con metales pesados tóxicos del medio ambiente marino, crecimiento de playas de relaves y acumulación de relaves en el fondo marino.

ESCORIAS: modificación geomorfológica del litoral, crecimiento de línea de playa y desplazamiento del habitat natural de peces y mariscos y disolución de escorias por efectos de lluvia ácida.

El imperialismo es un sistema mundial de explotación y opresión, controla la vida y destino económicos de los países sometidos por diversos medios. Lo esencial para él son las ganancias y el control, a través de Estados neocoloniales.

La economía peruana es controlada por fuerzas externas, ha sido orientada al exterior para satisfacer las necesidades del imperialismo y por lo tanto va en contra de un desarrollo independiente y balanceado.

La SPCC no obstante contar con los estudios más completos y minuciosos sobre la contaminación que provocan, reconoce que el impacto ecológico de sus actividades es ínfimo e irremediable. Se dice que éste es el costo del desarrollo. Debido a la lucha popular y a la creciente presión nacional e internacional, la empresa en cuestión suscribe en 1992, un Acuerdo de Bases con el Gobierno de Fujimori, cuyo punto central es la inversión de 300 millones de dólares en el período 1992-1997. Aparte de que los dos primeros años son de estudio, no solucionan el problema del ecocidio y sólo favorecen sus posibilidades de mayores ganancias.

La inversión se distribuiría así:

• 78 millones en una planta de ácido sulfúrico que reduciría en 15% los humos sulfurosos a partir de 1995 -limitando las emisiones de 1912 T.M. a 1652 T.M.

• 32 millones para un proyecto de relaves que consiste en ya no arrojarlos a la playa de Ite, si no en depositarlos en el fondo marino.

• 600 mil dólares de enrocado marginal de escorias.

• 180 millones en planta de lixivación de cobre -que enriquecería el cobre consiguiendo una ley del 68%- y recambio de equipos y modernización, que únicamente le sirve para acabar más pronto con los yacimientos.

La oposición ha venido proponiendo disposición de relaves en tierra, uso industrial de escorias, reordenamiento de cuencas priorizando a la población y el uso agropecuario, y la formulación de un plan de ordenamiento y recuperación ambiental de las zonas afectadas. Como se puede apreciar ninguna de estas medidas ha sido tomada en consideración por la SPCC.

La consecuencia más visible de las medidas de la SPCC es mas bien, la aceleración en la explotación de los recursos naturales con una inversión que en una ínfima proporción servirá para pagar la deuda externa, sacrificándose una vez más, reservas de las que dependen el desarrollo futuro del país y la región.

La política de la empresa articulada a la de los organismos financieros trasnacionales y del Gobierno militar de Fujimori y al de Toledo, ha debilitado al máximo la capacidad estatal para defender los intereses generales de la nación. La hegemonía ideológica -informativa y cultural- del neoliberalismo, descalifica toda otra propuesta alternativa que pueda amenazar los márgenes de ganancia y poder de las trasnacionales.

Los países latinoamericanos concentran más del 54% de las inversiones trasnacionales en el Tercer Mundo. Las liberaciones que se ofrecen al capital extranjero, renunciando al aprovechamiento nacional de los propios recursos, se traducen en políticas que excluyen a los sectores sociales mayoritarios de participar en decisiones políticas que atañen a la vida de la sociedad.

Reivindicando el ecologismo popular, que coloca en el centro del análisis el poder, para entender las causas y consecuencias de la destrucción del medio ambiente, sostiene Petras:

La nueva era de la "diplomacia medioambiental" del Instituto Worldwatch (representante del ecologismo elitista) ofrece mucha retórica pero pocos resultados: Lo que sucede, como demostró la Conferencia sobre exportaciones de productos tóxicos y residuos peligrosos, es que se aprueban resoluciones que expresan las preocupaciones acerca del medio ambiente y que reciben mucha atención por parte de los medios. Sin embargo, las medidas prácticas, que realmente pueden reducir los peligros que entrañan los residuos tóxicos, se vacían de contenido por orden de las multinacionales.²³

El pueblo sólo puede confiar en sí mismo para resolver con la lucha contra la muerte. Los luchadores saben que deben educarse en los límites y alcances reales de las luchas parciales. Entienden la necesidad de construir en procesos que son largos, con retrocesos y ello, no implica ser derrotados. Cuando los campesinos y campesinas luchan contra el agronegocio, cuando los pueblos indígenas luchan contra la apropiación de los bosques como pozos de carbono o como fuente de biomasa, cuando las comunidades luchan contra los proyectos extractivistas que destruyen su espacio de vida y sus recursos, van comprendiendo que estos combates, siendo reivindicaciones inmediatas a favor de condiciones de vida de los grupos afectados, coinciden directamente con el interés general, salvar el ambiente y el clima.

Hemos evidenciado las consecuencias del extractivismo y de la crisis hídrica, antes de que sea irrecuperable; caricaturizadas mediáticamente, asediadas judicialmente, encarceladas sin cargos y en fin, criminalizadas de diversas formas para ocultar a los verdaderos culpables de la precariedad impresentable en la que viven. Estas prácticas, la vigencia de la ley antiterrorista y la discrecionalidad con la que operan las autoridades a favor de las empresas, debe pararse ahora.

Empujar y sostener perspectivas críticas al interior de los conflictos socioambientales que contemplen la necesidad de romper con la ignorancia desde las calles, aumentar el interés por develar las causas de fondo de la ‘cuestión ambiental’ y oponerse a ellas crítica y propositivamente. Sin embargo, esta labor debe saber convivir con otros planteamientos y otros movimientos, discutir para esclarecer, para volver más efectiva la práctica. Entender que esta actividad es eminentemente política, en su sentido más amplio y profundo. Años de dictadura buscaron despolitizar, homologar lo político a lo electoral y hoy, los pueblos del sur peruano reivindican la actividad política, entendida como resistencia colectiva y potencialmente emancipatoria.

NOTAS

1 Caputo Leyva, Orlando, El dominio del capital sobre el trabajo y la naturaleza: Nueva interpretación de la crisis actual, Pagina 12, 21 de diciembre 2010, Bs.As. Agrega que esta no es una crisis financiera, alimentaria, o civilizatoria.

2 En el diario La Primera aparece esta denuncia: “La ONG “Reflexión Democrática”, de Roque Benavides, dueño de la minera Yanacocha, financia la campaña electoral de 22 aspirantes al Congreso, de las filas de Perú Posible, el Partido Aprista, Solidaridad Nacional, Fuerza 2011 y la Alianza por el Gran Cambio. En la lista, entre las agrupaciones ubicadas entre los cinco primeros en las preferencias del electorado, solo está al margen Gana Perú.
La ONG de Benavides, amigo de Alan García, reclutó a aspirantes al Congreso, entre los que destacan la Fujimorista Cecilia Chacón, abierta defensora de las mineras y con cuentas pendientes con la justicia por corrupción, además de sus correligionarios Luz Salgado, Lucelia Palomino, Wilder Ruiz, Rodrigo Lucioni, Gonzalo Romero, Alejandro Aguinaga, el médico del exdictador Alberto Fujimori, y Juan José Días.

(Son decenas los candidatos al Congreso financiados por los narcos y grandes empresarios. NdeR) http://mariategui.blogspot.com/2011/02/peru-minera-yanacocha-compra-22.html

3 Los datos fueron extraídos de estas páginas. https://periodicohumanidad.wordpress.com/2009/11/26/contaminacion-minera-en-el-peru/, http://www.aguapureza.pe/21-rios-contaminados-peru/

4 Vandana Shiva, El mundo en el límite Tomado de: Giddens y Hutton, eds., El mundo en el límite: la vida en el capitalismo global. Tusquets, Barcelona: 2001, p 1.

5 La compañía opera las minas Cuajone y Toquepala en Perú, así como la fundición Ilo. También es dueña de la operación aurífera Tantahuatay en la Región Cajamarca con Buenaventura, productor local de metales preciosos. Sus proyectos incluyen el proyecto de cobre y molibdeno Los Chancas y el proyecto de cobre de Tía María en la Región Arequipa. SPCC es una filial indirecta y de completa propiedad del conglomerado Grupo México.

6 Ilo, fue convertido en un puerto rehen de la SPCC, se apodero de todo el territorio: el agua del valle que fue casi exterminado por la falta de agua y humos, el area portuaria, zona del ferrocarril, caminos, depositos de conchas, acabo con la pesca, los mariscos, la vida cotidiana asociada al mar, las playas casi desaparecieron, etc.

7 Algunas organizaciones son el Frente Amplio Macro Sur, Frente Amplio del Valle de Tambo Arequipa, Coordinadora regional de Comunidades Quechua Aymara Afectadas por la Minería y Petróleo CORECOQA Puno, Filial CONACAMI Perú, Federación de Campesinos del Cusco – FDCC, Federación Universitaria del Cusco – FUC, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar-FUDIE, Federación Agraria Revolucionaria Tupas Amaru FARTAC Cusco, CONACAMI Cusco, COORDINADORA REGIONAL AGRARIA-MOQUEGUA “CORAMO”

8 Zibechi, Raúl, Resistencia en los Andes a la minería, http://www.cipamericas.org/es/archives/9143.http://

Perú en decisiva batalla contra el extractivismo www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/01/peru-en-decisiva-batalla-contra-el-extractivismo-8441.html

9 El Congresista Juan Carlos Eguren del PPC asocia la oposición del campesinado del valle del Tambo al proyecto de la Southern con que Abimael Guzmán nació en la zona es el tipo de disparates Eguren es uno de los líderes más destacados del PPC y su visión de las cosas es hoy hegemónica en el partido de Lourdes Flores. Se ha distinguido como uno de los más importantes defensores de los intereses de la Southern. Ha aparecido asimismo apadrinando al Colectivo por el Desarrollo de Islay, un grupo que apoya al proyecto minero y niega tener vínculos con la Southern, pero que tiene un integrante, Néstor Flores, que recibió 100 millones de soles de la empresa para financiar obras, según la investigación del portal arequipeño ElBuho.pe. Gracias a los buenos oficios de su padrino al colectivo se le abrieron las puertas de importantes medios de comunicación en Lima y de varias oficinas del Estado.

10 El grupo México es producto de las políticas neoliberales privatizadoras con las que se convirtió en el primer consorcio minero mexicano y uno de los más importantes en ferrocarriles. Salinas de Gortari y su equipo vendió las más importantes empresasmineras: Mexcobre fue adquirida en 1988 y opera en La Caridad (Mexcobre), Cananea –uno de los depósitos de cobre más grande del mundo- en 1990 (MexCananea). Además posee, entre otras empresas, tres fundiciones, una refinería electrolítica de zinc en San Luis de Potosí, una planta de alambrón, refinería de metales preciosos en Monterrey y el Grupo Ferroviario Mexicano que opera las líneas Pacífico-Norte y Chihuahua-Pacífico. Actualmente 54.2 de la SPCC serían activos de la trasnacional norteamericana ASARCO.

11 Mario Arrieta Abdalla, política y ecología en las formaciones económico-sociales americanas, en Rev. Nueva Sociedad Nº 87, Caracas, 1987.

12 Doris Balvín y equipo, el manejo de los recursos hídricos de Tacna y Moquegua y los efectos de la mienría de cobre en el sur del Perú, base para el documento del caso SPCC presentado al Tribunal Internacional del Agua, p.1..

13 Fernando Sánchez Albabera, minería, capital trasnacional y poder en el Perú, CEPRODE, Lima, 1981. p.111.

14 Op.Cit. Doris Balvín, p.1.

15 Banco Central de Reserva, El país y sus regiones, Lima, 1981.

16 Dicatamen de la Comisión Bicameral Investigadora del Contrato de Toquepala, Lima 1977. Informe CEDAL, Lima, 1982.

17 Hugo Ordoñez Salazar, un caso de explotación imperialista. Rev. Nueva Tacna 1982.

18 C.R. Nixon, el desarrollo sostenible. un espejismo y una trampa peligrosa, en Rev. El socialismo del futuro, Nº8, Madrid, 1993.

19 Decreto Legislativo nº 611, código del medio ambiente y los recursos naturales, Ed. Dirección subregional de educación de Tacna, Tacna, marzo de 1991.

20 Op. cit. p.1.

21 Contraloría General de la República, exámen especial sobre la contaminación ambiental producida por la actividad minero-metalúrgica en la zona sur del pais (valles de Ilo y Tambo, Ciudad de Ilo y Bahía de Ite), Ed. Contraloría General de la República, Lima, 1990.

22 Julio Díaz Palacios El Perú y su medio ambiente, SPCC: una compleja agresión ambiental en el sur del país, Lima, 1988, p. 298.

23 James Petras, "Género, raza, clase y Ecología", en El Viejo Topo, Barcelona, septiembre 1994, p. 71.

BIBLIOGRAFÍA 

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Documentos

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